Las acusaciones populares añadirán al tráfico de influencias y la prevaricación un delito de malversación en su escrito de acusación contra el hermano de Pedro Sánchez. Según ha podido saber LA RAZÓN, la acción popular ultima ya ese escrito solicitando la apertura de juicio oral por esos tres delitos contra David Sánchez por su contratación supuestamente irregular en 2017 como cargo de alta dirección.

En ese escrito, según las fuentes consultadas, las acusaciones –PP, Manos Limpias, Hazte Oír, Asociación Liberum y el partido Iustitia Europa, entre otras– reclamarán que David Azagra, nombre artístico de David Sánchez, devuelva los importes que percibió de la Diputación de Badajoz, primero como coordinador de conservatorios y, después, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, un puesto que según la instructora, la magistrada Beatriz Biedma, se fue adaptando a sus preferencias personales. Incluso rodeándole de gente de su confianza como el exasesor de Moncloa Luis Carrero, cuya contratación también fue irregular según la instructora.

Ahora, la acción popular imputará ese delito de malversación tanto al presidente de la Diputación, y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, como al propio hermano del presidente del Gobierno.

Pero las acusaciones populares irán mucho más allá y solicitarán además que se condene a David Sánchez a devolver el dinero supuestamente malversado. Asimismo, reclamarán en su escrito de acusación que la Seguridad Social retire las cotizaciones efectuadas por David Sánchez a cuenta de sus ingresos como alto cargo de la Diputación entre octubre de 2017, cuando fue contratado, y el pasado febrero, cuando presentó su renuncia en plena tormenta mediática por la investigación judicial contra él.

La magistrada Beatriz Biedma, sin embargo, no ha procesado al hermano del jefe del Ejecutivo por malversación, sino por delitos de tráfico de influencias y de prevaricación, descartando expresamente indicios de fraude fiscal y de enriquecimiento ilícito.

No obstante, en esa resolución –en la que la instructora dio diez días a Fiscalía y acción popular para pedir la apertura de juicio oral, presentado sus escritos de acusación, o reclamar el archivo del procedimiento–, Biedma dejó claro, como suele ser habitual, que esa calificación jurídica «no vincula a las acusaciones, debiendo ser en los respectos escritos de acusación donde se precise la misma». Algo que ahora harán tanto las acusaciones populares como la Fiscalía, que llegó a recurrir sin éxito en apelación la citación como imputación de David Sánchez.

En cuanto al delito de prevaricación, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz expuso en esa resolución que diversas sentencias del Tribunal Supremo «determinan que crear una plaza pensando en un candidato en concreto constituye» un delito de esta naturaleza, «al no respetarse los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad como condicionamientos constitucionales de la contratación administrativa y de los principios de objetividad» que proscriben cualquier arbitrariedad en este sentido.

Y es que, argumentó la instructora, pese a que las resoluciones por las que se contrató a David Sánchez y se cambió la denominación de su puesto al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas sí estaban fundamentadas, habían sido dictadas por el órgano competente y no se habían omitido trámites esenciales, «se dictaron de forma injusta y arbitraria porque mediante ellas se facilitó el acceso a un puesto de trabajo en una entidad pública sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad», pilares constitucionales de la contratación administrativa.

Y respecto al tráfico de influencias, Biedma sostuvo que existen indicios de que David Sánchez «habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio».

En primer lugar, al conseguir «que se adaptaran las condiciones de su puesto» a sus preferencias personales, «como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera». Y, en segundo lugar, al lograr que «la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente» en el proyecto Ópera Joven, el asesor de Moncloa Luis Carrero (que se refería al hermano de Pedro Sánchez como «hermanito») «fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho». Gracias a esa influencia, Luis Carrero «consiguió acceder a un puesto», el de responsable de las actividades transfronterizas, «creado con la finalidad de serle adjudicado de forma directa mediante la forma de provisión de comisión de servicios».

Según puso de manifiesto entonces la magistrada a cargo de la investigación, el hermano de Sánchez «teniendo conocimiento previo» de que el puesto de coordinador de conservatorios «se había creado para él, se presentó a la convocatoria, e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento». Su trabajo, dejó claro la magistrada, «ni se ha prestado de forma habitual en Badajoz» ni consistió «en las funciones que se hicieron constar en la memoria de la creación de su puesto para justificar el mismo y, posteriormente, en el contrato», sino «en las que, según sus propias preferencias y aspiraciones profesionales, él mismo fue eligiendo en relación al Proyecto Ópera Joven».

De hecho, hizo hincapié, tras su excedencia de octubre de 2020 a octubre de 2021, «durante la cual nadie le sustituyó», "dejó de utilizar el despacho que tenía en el conservatorio superior, pues cuando llegó se lo encontró ocupado", sin tener despacho fijo hasta mayo de 2024, cuando se puso en marcha la investigación judicial.