El decreto anticrisis, último pulso en Moncloa de Díaz con Calviño

PSOE y Sumar se enfrentan a su primera gran negociación de calado, cuando se cumple un mes desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, superara su investidura. Y el resultado de la negociación se sabrá de inmediato, hoy mismo, que será cuando el Consejo de Ministros apruebe el nuevo decreto anticrisis para proteger a las familias de los efectos económicos derivados de la guerra de Ucrania. Éste vence a finales de año y todos los esfuerzos están puestos en el Ejecutivo en sacar adelante el nuevo decreto «ómnibus».

Con el decreto, surge un nuevo pulso en Moncloa, uno entre vicepresidentas. Concretamente entre los ministerios económicos del Gobierno, el Ministerio de Economía, que dirige Nadia Calviño, y el de Trabajo, que lidera Yolanda Díaz. La negociación del decreto «ómnibus» será, casi con toda seguridad, el último pulso entre la ministra socialista y la líder de Sumar, debido a la marcha de la vicepresidenta primera al Banco Europeo de Inversiones.

Sumar busca mantener en la nueva revisión del decreto todas las medidas sociales pactadas durante la pasada legislatura. La batalla más importante entre PSOE y Sumar se encuentra en la reforma de la ayuda asistencial por desempleo, más conocido como subsidio. El equipo de Díaz y de Calviño se encuentran ultimando los últimos flecos de la reforma del subsidio, de la cual, la vicepresidenta segunda ha hecho «causa belis» para sacar adelante la reforma sin ningún recorte en las cuantías. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, la reforma podría llegar hoy al Consejo de Ministros. El equipo de Díaz quiere que el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses. Este planteamiento choca con el defendido por el Ministerio de Economía, que no sólo propone rebajar la duración del subsidio de 30 a 12 meses, sino también rebajar su cuantía progresivamente, hasta una media de 442 euros a lo largo del único año en el que se percibiría.

Esta sería la principal batalla entre Díaz y Calviño, que, en Trabajo dan casi por ganada, a la espera de cerrar los últimos flecos. Sería, entonces, una negociación ganada por la vicepresidenta primera frente a la líder económica del Ejecutivo, a las puertas de volar a Europa.

No son los únicos detalles que se encuentran cerrando el PSOE y Sumar. Los de Díaz plantearon ayer al PSOE recuperar la prórroga automática de los contratos de alquiler para evitar incrementos para los inquilinos, fijar un límite de subida del 3% de la renta, como ya se pauta en la Ley de Vivienda, establecer la concesión de determinadas ayudas sociales de forma automática y mantener los impuestos extraordinarios a la banca y las eléctricas. Sumar también pide que se mantenga la rebaja del IVA del 5% a la luz y a determinados «alimentos», aumentar las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital un 7% y recuperar el impuesto especial a la electricidad del 5% a las empresas, manteniendo el tipo del 0,5% para las familias. Sumar busca fijar ya la obligatoria portabilidad de las hipotecas, de cara a tratar de favorecer una reducción de tipos de interés.

«Queremos que los rentistas arrimen el hombro. Pretendemos seguir protegiendo los desahucios, la prórroga de los contratos de alquiler y fijar un tope a la subida de los alquileres del 3% que es lo que subirán los salarios», dijo el portavoz económico de Sumar, Carlos Martin, en rueda de prensa desde la sede del partido.

En cuanto al impuesto a la banca y a las empresas energéticas, Sumar da por hecho que se mantendrá el impuesto, dado que la ley que los contempla hasta 2024 no cuenta por ahora con los apoyos necesarios para enmendarse el próximo año. Según fuentes del ministerio de Trabajo, esta batalla está prácticamente ganada por este motivo, debido a las alianzas parlamentarias. Según argumentan, el PSOE no cuenta con la mayoría necesaria para reformar la ley, a menos que cuente con el apoyo del Partido Popular, dado que Junts, PNV, ERC y Bildu podrían bloquearla de llevar al Congreso una modificación para tocar los gravámenes.