El juicio al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley y a sus 7 hijos por presunto enriquecimiento ilícito ha continuado este martes en la Audiencia Nacional con el turno de cuestiones previas de la defensa de Marta, Mireia, Oleguer y Pere Pujol Ferrusola, que ejerce el abogado Pau Ferrer. Este ha negado el delito de blanqueo de capitales del que están acusados, además del de asociación ilícita.

El letrado ha señalado que se ha vulnerado su derecho a la defensa por la falta de concreción de la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, que no individualiza movimientos de fondos hacia cuentas andorranas posteriores a 2004, no aclara cuál es el antecedente delictivo ni la procedencia del dinero, cuyo "origen es desconocido", por lo que ha pedido su absolución.

El letrado ha aportado como prueba una investigación periodística de 1985 que señala al abuelo, Florenci Pujol, como poseedor de una fortuna vinculada a actividades empresariales y que figura en un listado de personas "sancionadas o investigadas por tenencias de activos en el extranjero" para argumentar que los fondos proceden de la herencia.

También ha aportado las declaraciones tributarias anteriores a la revalorización fiscal en 2014 para acreditar "la inexistencia de conocimientos financieros" por parte de los hermanos a los que representa, que se enfrentan a 8 años de prisión.

Prescripción de los delitos

A continuación, ha sido el turno de las defensas de los diez empresarios a los que la Fiscalía acusa de falsedad documental y blanqueo de capitales por su presunta colaboración con la familia Pujol, delitos por los que pide 5 años de cárcel para cada uno de ellos.

El abogado Fermín Morales, que representa a Francesc Robert, exdirector de la Televisión de Andorra y acusado de blanquear dinero de Jordi Pujol Ferrusola, ha hecho alusión a cambios legales y ha señalado que "el acto de prescripción habría sido alcanzado el 1 de noviembre de 2016". Además, ha recordado que su cliente es de nacionalidad andorrana y que no existía "el principio de doble incriminación en el momento de los hechos".

El abogado Luis Jordana, que ejerce la defensa del empresario mexicano Bernardo Domínguez Cerecedes, acusado de blanqueo y falsedad documental por préstamos a Jordi Pujol Jr, ha dicho que las acusaciones no han sido capaces de señalar un sólo documento que haya sido falsificado por su defendido.

"Ninguno está ni firmado ni emitido por el señor Domínguez Cerecedes. El 95% de ellos están emitidos por Bernardo Domínguez Moreno, que era el padre", ha señalado Jordana, que ha subrayado que no se ha aclarado cuál es el delito antecedente al blanqueo y que ha pedido que su defendido sea expulsado del procedimiento judicial.

La defensa de Jorge Barrigón, dueño de una empresa adjudicataria de contratos de la Generalitat, ha señalado una "falta de indicios suficientes" contra su cliente y ha dicho que el auto de procedimiento abreviado se basa fundamentalmente en la declaración de un testigo cuya animadversión hacia su defendido es conocida y reconocida, en sus palabras textuales.

Entiende que se ha vulnerado su derecho a la defensa y que el delito continuado de falsedad de documento mercantil que se le atribuye "estaría a todas luces prescrito".

El letrado Carles Monguilod, que representa al empresario Gustavo Buesa, que codirigía Gestión y Recuperación de Terrenos junto a Josep Mayola, ha señalado una indefinición en cuanto a los delitos de los que se le acusa y ha dicho que "nunca la defensa será bastante suficiente y eficaz si no sabe de qué defenderse". Monguilod, que ha tildado el relato fáctico de la Fiscalía de "laberíntico, críptico y oscuro", ha señalado que el delito fuente o precendente al de blanqueo es contra la Hacienda Pública.

Sobre el relato de la Fiscalía, que alega que el expresidente de la Generalitat tejió una "red de clientelismo, hasta el punto de constituir un entramado" en el que él mismo y empresarios afines a CDC se repartían los beneficios de concursos públicos, ha dicho que las dos operaciones que se asignan a su defendido no son concesiones obtenidas mediante concursos públicos y que, en todo caso, los supuestos delitos habrían prescrito en 2014.

José María Fuster Fabra, abogado de Josep Mayola, empresario acusado de blanqueo y falsedad por los mismos negocios que el anterior, ha explicado que el relato de hechos está lleno de actos propios del mundo de los negocios que quedan "extramuros del derecho penal".

Blanqueo, "el comodín del público"

El letrado ha dicho que Blanqueo, "el comodín del público": cuando no se sabe qué poner, se pone blanqueo de capitales y, además, se le añade organización criminal" y ha subrayado que los delitos prescribieron en 2010 y 2012, y que se le llamó a declarar en 2014.

Además, ha argumentado que Buesa y Mayola no tenían por qué saber en 2000, cuando hicieron negocios con Jordi Pujol hijo, que estaba cometiendo el "delito fuente" (del que emanaría los demás delitos imputados).

La abogada Ana Bernaola, que ejerce la defensa del empresario Alejandro Guerrero, ha manifestado que su defendido no pudo declarar en instrucción porque se le imputó con posterioridad y que algunas de las preguntas que se le hicieron cuando declaró son "claramente incriminatorias", por lo que ha pedido su expulsión de la causa.

Los abogados de Luis Delso Heras, responsable del Grupo Isolux Corsan, han esgrimido, como el resto de colegas, una "indeterminación de los escritos de acusación como una situación que vulnera derechos fundamentales" y han pedido la nulidad, aunque sea parcial, del auto de apertura del juicio oral para excluir la acusación de blanqueo.

Sostienen que su defendido pagó a Jordi Pujol Ferrusola por servicios reales prestados, que "pagar no es un delito" y que las pruebas en su contra proceden de un pendrive de un excomisario de policía que fueron recopiladas sin orden judicial.

El abogado Diego Artacho, defensor del empresario y Consejero Delegado de un grupo adjudicatario de contratos de la Generalitat, Carlos Sumarroca Claverol, ha pedido que se declare nula la investigación a la familia Sumarroca al entender que tuvo un "evidente carácter prospectivo" por ser amigos de los Pujol y ha alegado la prescripción de la falsedad documental.

Jorge Ayo, defensa de Josep Cornadó, expresidente del Grupo Copisa, sobre el que la Fiscalía sospecha que pagó por servicios no prestados a empresas de Jordi Pujol hijo, ha dicho que hay hechos "novedosamente imputados" que no le fueron atribuidos durante la instrucción, aunque estén ya prescritos.