
Defensa
Industria da el primer paso para financiar 25 nuevos programas de Defensa por 2.515 millones
El ministerio lanza una consulta pública previa al proyecto de real decreto que fijará las normas para la concesión directa de préstamos a empresas

El Gobierno parece decidido a impulsar la inversión en defensa y, cuando apenas se ha cumplido un mes desde que lanzara su plan para alcanzar el 2% del PIB, ha ido dando pasos para sacar adelante los distintos proyectos. Destacan los 31 Programas Especiales de Modernización (PEM) incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 22 de abril y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó en el Congreso de los Diputados el 7 de mayo.
Este plan tiene un presupuesto de 10.471 millones de euros de los que para los PEM se movilizarán unos 3.807 millones en el primer año, con una duración aproximada de, al menos, cinco años, hasta 2030. Estos programas se unirán a los más de 50 en curso.
En este proceso administrativo, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, ha procedido a realizar la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de real decreto que fijará las normas reguladoras que han de guiar la concesión directa de préstamos a distintas empresas que el Ministerio de Defensa prevé designar para llevar a cabo a partir del presente año 2025 el desarrollo industrial de los mencionados Programas Especiales de Modernización.
Hay que recordar que el mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba el Plan Industrial para la Seguridad y la Defensa también daba luz verde a una transferencia de 2.819 millones de euros del Ministerio de Industria para financiar desarrollos tecnológicos en programas de defensa. Dicha transferencia de crédito iba dirigida a "financiar aportaciones reembolsables a empresas para el desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con programas de defensa".
De este modo, el ministerio que dirige Jordi Hereu adelanta parte de los fondos de los proyectos a las empresas contratistas para poner en marcha la producción y estás devuelven ese dinero directamente al Tesoro conforme el Ministerio de Defensa les paga para la compra del material adquirido.
En este caso, las seis consultas públicas previas que ha lanzado Industria son para compañías concretas, como Indra, Navantia o Airbus asociadas a PEM concretos, o para Planes Especiales de Modernización específicos de los que todavía no se ha informado qué empresas estarán al frente.
Airbus
Las empresas Airbus Defence and Space SAU y Airbus Helicopters España, ambas del grupo Airbus, recibirán subvenciones para el desarrollo industrial de distintos programas especiales de modernización en el ámbito aeronáutico. Este proyecto de real decreto pretende establecer las normas reguladoras de los préstamos que serán otorgados a las mencionadas empresas pertenecientes a la compañía Airbus, como entidades.
Concretamente, se trata de los programas Sistema de Enseñanza Integrado en Vuelo Avanzado, para la adquisición de entre 28 y 30 aviones de entrenamiento para los pilotos de caza del Ejército del Aire, con una inversión (según el mencionado plan del Gobierno) de 275 millones de euros; Movilidad Aérea de última generación (comprende el programa de Helicópteros NH-90 Fase III), con una partida de cinco millones; el programa H-135 Fase II- Helicóptero de Enseñanza y Apoyo, para sustituir en dos fases todos los helicópteros ligeros que hasta ahora están operando las Fuerzas Armadas por el helicóptero H135, con un presupuesto de 42 millones; el Helicóptero Ligero Multipropósito para Acciones Formativas , que comprende el programa Helipo, la plataforma principal para la formación, instrucción, y entrenamiento de los futuros pilotos de helicóptero del Ejército de Tierra y que tiene presupuestados 350 millones; el programa Helicóptero Multipropósito para el reemplazo de las aeronaves HT.21A y HT.27 y de este modo garantizar la capacidad de transporte aéreo del Rey y el Gobierno, (seis helicópteros), con 50 millones presupuestados; y, por último, el denominado programa de Tecnologías de Enseñanza en Movilidad Aérea Propulsión Eficiente, para sustituir por obsolescencia las aeronaves CASA C-212 Aviocar de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada y del Ala 37 y para lo que hay una inversión prevista de 50 millones de euros.
Tal y como reseña el documento que aprobó el Gobierno, las seis partidas suman un total de 777 millones de euros.
Navantia
Respecto a Navantia, se trata de los programas del Buque de Aprovisionamiento, como reemplazo del BAC Patiño con un nuevo barco según el modelo del BAC Cantabria, con un presupuesto de 100 millones; Buque EW, para la construcción de una plataforma naval que sustituya al buque Alerta, con 105 millones presupuestados; Buque Hidrográfico Oceánico, para contar un barco multidisciplinar para desarrollar la capacidad hidrográfica, con 60 millones; el programa Nuevas Tecnologías Aplicadas en Plataformas Marítimas cuyo objetivo es la modernización de media vida de las fragatas clase Álvaro de Bazán, con 225 millones este año, y Nuevas tecnologías Aplicadas en Plataformas Marítimas Anfibias, para la modernización de capacidades y medios de los buques anfibios LPD (L-51 Galicia y L-52 Castilla) para cumplimentar sus cometidos con garantías de seguridad y eficacia, con 100 millones.
En total, cinco programas con un total de 590 millones de euros presupuestados.
Indra
En el caso de Indra, se trata de programas especiales de modernización en varios dominios, dado que la compañía trabaja en distintos ámbitos del sector de la defensa. Estos son los programas: Conectividad Multidisciplinar en Seguridad Aérea, para modernizar los 18 sistemas actuales del Ejército de Tierra a un único sistema, permitiendo el control de la batalla aérea en tiempo real, con una partida presupuestaria de 338 millones; Tecnologías de Onda Electromagnética Aplicadas a la Seguridad Terrestre para la adquisición de cuatro radares de localización de orígenes de fuego indirecto, con una dotación de 28 millones; y Sistemas contra UAS, cuya finalidad es, con una partida de 27 millones, la adquisición de 14 sistemas contra-UAS (C-UAS) y tres simuladores para poder garantizar la seguridad de las Fuerzas Armadas desplegados en Zona de Operaciones (ZO). Estos programas implican desarrollos tecnológicos e industriales en áreas como radares, sistemas de control, sistemas de conectividad para el control de la batalla aérea y sistemas anti UAS (C-UAS) y sus simuladores.
En total, tres programas especiales de modernización presupuestados con 393 millones.
Dominios terrestres, aéreo, ciber y naval
En este caso, el futuro real decreto establecerá las normas reguladoras de los préstamos que irán a parar a las empresas que el Ministerio de Defensa designe para su participación en los siguientes programas especiales de modernización: Capacidad Cripto Multipropósito y Multidominio, para sistemas de cifrado versátiles diseñados para proteger diversas formas de comunicación y datos sensibles dentro de las Fuerzas Armadas (16 millones); Sistema Lanzador Integrado, que conlleva la compra de sistemas capaces de proporcionar defensa antimisil para los buques de la Armada en el entorno más desfavorable (70 millones); Entorno Virtual Aislado de Enseñanza en Ciberseguridad para desarrollar, en un entorno virtual, campos de maniobras cibernéticos que permitan generar y emplear los escenarios operativos adecuados para alcanzar el grado de preparación y desarrollo de fuerza necesario (20 millones); Vehículo de Apoyo Cadenas, para reemplazar al actual Transporte Oruga Acorazado (200 millones); Sistema Integral de Proyección Anfibia Eficiente, cuyo fin es dotar a la Infantería de Marina de un vehículo anfibio de combate que sustituya a los obsoletos AAV-7A1, programa que tiene una dotación presupuestaria de 50 millones; Vehículo Exploración y Reconocimiento Terrestres para los grupos de caballería de las brigadas y comandancias de Ceuta y Melilla (72 millones); la Actualización de los Vehículos Pizarro (60 millones) y el Sistema de combate terrestre superior, dotado de cinco millones, para desarrollar un sistema que sustituya para 2040 a los carros de combate Leopard.
En total, ocho programas con un importe total de 493 millones.
Otros PEM
Otras de las consultas lanzadas por el Ministerio de Industria previa a la elaboración del proyecto de real decreto son las referente al Plan Especial de Modernización Tecnologías Aéreas Robóticas de Movilidad Autónoma Sensorizadas (UAS Clase II), referido a sistemas tripulados remotamente que realizarán misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de nivel táctico, dotado de tres millones de euros; Sistema Integral Aéreo de Última generación, que con una importante partida de 216 millones busca la maduración tecnológica de los distintos paquetes de trabajo del programa Sistema de Armas de Nueva Generación (NGWS) dentro de un Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS), el caza de sexta generación en el que España trabaja junto a Alemania y Francia; y el programa Sustitución de Sistemas Anteriores en el Espectro Electromagnético (Santiago Fase II), para la modernización de lo existente (antenas, captadores, etc.), más ocho plataformas terrestres 8x8 y cuatro sensores para vehículos no tripulados, para lo que se destinaron 43 millones. En total, tres programas distintos más con un valor total presupuestado de 262 millones de euros.
Subvenciones de forma directa
Este proyecto de real decreto, que no especifica cifras concretas, será elaborado, según el Ministerio de Industria, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley General de Subvenciones, por el que el Gobierno aprobará, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda, las normas especiales reguladoras de las subvenciones reguladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de esta ley, según el cual “podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”.
El plazo para presentar alegaciones finaliza en todos los casos antes del próximo 31 de mayo de 2025.
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