La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que su partido "no va a renunciar" a que el retorno de los menores extranjeros no acompañados con sus familias, en sus países de origen, sea "la primera opción" para el futuro de estos niños y adolescentes.

"Donde mejor están esos menores es con sus familias, con las cuales siguen manteniendo el contacto. Por tanto, el retorno a su país de origen con sus familias es algo a lo que el Partido Popular no va a renunciar que sea la primera opción", sostuvo en una entrevista en Servimedia.

El primer dirigente del PP en plantear esta posibilidad fue el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Durante el anuncio de su preacuerdo presupuestario con Vox, garantizó que exploraría "fórmulas legales" para devolverlos con "sus padres y familias". Gamarra secundó esta posición y defendió que la repatriación de los menores migrantes debe ser "la primera opción".

Estas declaraciones se producen después de que el Congreso aprobara el decreto para repartir a 4.400 menores desde Canarias y Ceuta a otras comunidades, que fue pactado previamente por el Gobierno socialista y Junts. Gamarra reiteró su oposición al decreto y confirmó que las comunidades del PP utilizarán "los instrumentos que tienen a su alcance" para frenar esta distribución – Madrid, Aragón, Murcia o Andalucía son algunas de las que ya han recurrido judicialmente– con el objetivo de defender "la igualdad" entre territorios.

"Postureo" de García-Page

"No se puede admitir que hayan primado criterios políticos marcados y establecidos por los socios separatistas para que se establezca cómo tiene que ser ese algoritmo de la desigualdad, en virtud del cual van a llegar más menores a Melilla que a Cataluña. Evidentemente, defender la igualdad es la primera obligación de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular", aseveró la número dos del PP.

Entre las comunidades que han llevado el decreto ante la Justicia, se encuentra la Junta de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page. Preguntado por este nuevo choque entre Page y el Gobierno de Pedro Sánchez, Gamarra afirmó que existe "una parte de postureo" y "cierta hipocresía" porque "los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, que son bastante cercanos" a su presidente autonómico, "son los primeros que votan y que apoyan todas estas todas estas medidas", entre ellas, la amnistía.

"Con la amnistía, hubiera sido mucho más fácil con que ellos no lo hubieran apoyado y no hubiera salido adelante. No tendría que estar, como presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, llevando al Constitucional la ley de amnistía, porque la podrían haber parado en el Congreso. Luego, por tanto, ahí hay yo creo que cuanto menos una cierta hipocresía", afirmó.

Del mismo modo, se preguntó si el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, considera que Page, pese a ser su compañero de partido, es "un xenófobo o racista", dado que comparte con el PP que no se puede "admitir que la desigualdad y el privilegio" primen en el reparto de los menores migrantes, o que se "entregue las fronteras" al independentismo catalán.

Grave crisis en Canarias

Al margen de su oposición al decreto, Gamarra defendió el sentido de Estado del PP y recordó que, en julio de 2024, aceptó el último reparto de menores migrantes a pesar de las amenazas de Vox, que rompió los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, además de retirar el apoyo parlamentario al Gobierno de Baleares.

En la otra cara de la moneda, acusó a Sánchez de utilizar este drama humanitario para "romper", sin éxito, su pacto de gobierno de Coalición Canaria en el archipiélago. "No lo ha conseguido ni lo va a conseguir". "Queda claro que no está a la altura de lo que significa ser presidente del Gobierno de España y servir a los intereses de España y, en este caso, de más de 4.000 menores".

Del mismo modo, reprochó a Sánchez "la falta absoluta de una política migratoria integral" y avisó de que "la principal consecuencia" del "descontrol de fronteras" son la cantidad de personas "que todos los días pierden las vidas de la mano de las mafias intentando llegar a nuestras costas". Una cifra que Caminando Fronteras sitúa en 10.457 inmigrantes.

"Pierden la vida porque nuestro país no actúa en el control de sus fronteras y, por tanto, eliminando el efecto llamada y dando la batalla contra las mafias. Eso tendría que ser la política de un país serio y responsable, pero Pedro Sánchez no tiene una política de control migratorio. Ha convertido, eso sí, la política migratoria en una subasta de intercambio con sus socios separatistas con tal de permanecer en el poder. Es un ejercicio de hipocresía absoluto".

SERVIMEDIA