La demanda de Ábalos contra el primer denunciante del "caso Koldo", abocada a juicio

La demanda por la supuesta vulneración de su derecho al honor interpuesta por José Luis Ábalos contra el primer denunciante del "caso Koldo" -en el que se investiga al que fuera asesor del entonces ministro de Transportes por el supuesto reparto de comisiones en adjudicaciones por el suministro de mascarillas en pandemia- llegará a juicio. Tras celebrarse hoy en los juzgados de Plaza de Castilla la vista previa, fuentes jurídicas aseguran a LA RAZÓN que la demanda se tendrá que ventilar en una vista.

A la comparecencia que se ha llevado a cabo ante el titular del Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid, el magistrado César Tejedor, no ha acudido Ábalos ni el abogado demandado, Ramiro Grau, puesto que solo es necesaria la presencia de sus representaciones letradas, encargadas de proponer la prueba que estiman necesaria en defensa de sus pretensiones. El ex "número dos" del PSOE -que se niega a ceder su escaño, como le exige Ferraz, y se ha integrado en el Grupo Mixto del Congreso tras estallar el "caso Koldo", que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno- reclama al letrado por una serie de artículos publicados en medios digitales en abril de 2020 una indemnización de 70.000 euros por daños morales.

En esa demanda -que el denunciante de "caso Koldo" califica de "mordaza"-, la defensa de Ábalos insta al juez a "prevenir" a Ramiro Grau y a Grau Editores "para que en lo sucesivo se abstenga de realizar actos semejantes referidos a don José Luis Ábalos Meco". En el escrito el abogado de Ábalos hace referencia a su "innegable" carácter de "persona pública por los altos cargos de representación política que ha ostentado y mantiene en la actualidad", entre ellos el de presidente de la Comisión de Interior del Congreso desde el 30 de septiembre de 2021, al que renunció tras la detención de su asesor. El letrado se refería a que Ábalos "ha formado parte del Gobierno de la Nación, ostentando la cartera de Fomento en junio de 2018 y desde el 13 de enero de 2020 a 10 de julio de 2021 como Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana" y destacaba asimismo que "es miembro del Congreso de los Diputados desde 2009", ahora ya en el Grupo Mixto y que en "en época anterior" fue también concejal del Ayuntamiento de Valencia.

Denunció los "chanchullos" en la adjudicación

Grau denunció las supuestas irregularidades de esas contrataciones -que ascienden a más de 52 millones de euros por parte de contratos de los ministerios de Transportes (a través de Puertos del Estado y ADIF), Interior y Sanidad y de los gobiernos balear y canario- en artículos como "Chanchullo del dinero público. Ábalos y José Ángel Escorial, la extraña pareja" y "Chanchullo del dinero público", ambos publicados en abril de 2020.

En los mismos, aseguraba que "Ábalos compró ocho millones de mascarillas defectuosas, parece ser que a un precio muy superior a su valor de mercado" y se refería al hasta hace unos días diputado socialista como "una de las personas más prepotentes e incompetentes del actual Gobierno".

Esta no es la primera vez que el abogado zaragozano tiene que defenderse en los tribunales de una demanda por vulneración del derecho al honor por este asunto. Tanto Soluciones de Gestión (que reclamaba una indemnización de 50.000 euros) como el que fuera su administrador, Ángel Escorial, dieron con anterioridad el mismo paso que Ábalos. Pero en ambos casos la Justicia dio la razón a Grau, pues ni el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid ni el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Zaragoza apreciaron que sus afirmaciones vulneraran su derecho al honor.

Para la empresa en el ojo del huracán de la investigación judicial, las afirmaciones del letrado de que se contrató material sanitario defectuoso y con sobreprecio no eran veraces, pero la sentencia dejó claro que los artículos cuestionados no incluían "expresiones de entidad suficiente" para considerar que se vulneró el derecho al honor, insistiendo en que prevalece el derecho a la información y a la libertad de expresión.

Antes, en la sentencia que también desestimó la demanda del exadministrador de Soluciones de Gestión, se insistía en que el abogado aragonés hizo referencia en sus escritos a noticias ya publicadas "y nunca desmentidas" y se calificaba la información denunciada de "indudable interés público", teniendo en cuenta que, estando vigente el estado de alarma y con la población confinada para evitar contagios, era "especialmente importante la fiscalización de la actividad de las administraciones públicas por parte de los medios de comunicación". Asimismo, el juez vio noticiable que una empresa "que no tenía relación con el sector y cuya cifra de negocio en el año anterior había sido 0" terminase siendo la adjudicataria.