El juez Castro insiste en investigar a la Infanta por delito fiscal pese al informe de Hacienda

El juez insiste en solicitar más informes a la Agencia Tributaria. Llama a declarar a 25 nuevos testigos y pide un refuerzo

El juez José Castro, instructor del «caso Nóos», solicitó ayer a Hacienda que a la mayor brevedad le remita un informe definitivo sobre la «real intervención» de la Infanta Cristina en los delitos fiscales que la Agencia Tributaria imputa a Iñaki Urdangarín en 2007 y 2008 por haber facturado a través de esta empresa, que comparte al 50% con la hija del Rey, sus ingresos como consejero de varias sociedades. Además, el magistrado reclama a la delegación en Cataluña de la Agencia Tributaria información sobre todas las cuentas corrientes de las que sea titular Doña Cristina o en las que figure como apoderada, así como de sus «bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos». Igualmente, el instructor ya ha incorporado a la causa las diez últimas declaraciones de la Renta de la Infanta, tal y como hizo recientemente con las de Urdangarín.

Castro ha tomado esta decisión (a la que le había instado la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca el pasado día 7), horas después de que trascienda que el voluminoso informe que Hacienda elabora desde hace meses, a instancias del juez, en relación a las actividades del Instituto Nóos y sus empresas satélites no aprecia que la Infanta haya cometido fraude fiscal. El juez no ha recibido aún ese informe, del que la Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado enero unas conclusiones provisionales sobre la existencia o no de indicios de fraude fiscal para evitar que esos delitos prescriban (a finales del próximo mes de junio). Tras recibir esa documentación, el juez imputó a Iñaki Urdangarín dos delitos fiscales por un supuesto fraude en el IRPF de 2007 y 2008. Respecto a ambos ejercicios, Castro insta ahora a Hacienda a que cuantifique la cuota defraudada teniendo en cuenta «todos sus ingresos» a expensas de los que están pendientes de confirmar en las comisiones rogatorias libradas al extranjero aún sin cumplimentar. Al mismo tiempo, imputó otro delito fiscal al duque de Palma y Torres en el Impuesto de Sociedades del Instituto Nóos de 2007. Esa resolución del magistrado es suficiente para interrumpir la prescripción respecto a los dos ex socios. Pero, por ahora, no ha imputado ningún delito fiscal a la Infanta, lo que según fuentes jurídicas siembra la duda de si, llegado el 30 de junio sin una imputación formal, esos delitos prescribirían, pese a que la Audiencia de Palma determinó (en la resolución en la que dejó en suspenso la imputación de Doña Cristina), que el plazo ya se ha interrumpido con las diligencias ordenadas por el juez a Hacienda. Castro quiere que, «en el menor plazo», Hacienda «colme cualquier laguna o aclare cualquier contradicción» de su informe provisional de enero pasado sobre la «real intervención» en las supuestas irregularidades fiscales y de blanqueo por parte de la Infanta y en especial si ha podido utilizar fondos de Aizoon «para la rehabilitación de su vivienda» u «otras atenciones personales y familiares» (el pago del servicio doméstico, por ejemplo). Además, reclama a la Agencia Tributaria a que informe sobre las cuotas que resulten de la «correcta liquidación» de Aizoon de 2007 a 2010, computando los ingresos declarados más aquellos otros que pudieran no haberlo sido «sin excluir ninguno» (tampoco los presuntamente ilícitos) y advirtiendo de los que están pendientes de confirmación por comisiones rogatorias todavía no cumplimentadas. Con un objetivo: elaborar un estudio de los gastos excluyendo los de facturas irregulares, lo no probados y los que incumplen la normativa tributria para, una vez fijada la base imponible (y descartadas las «retenciones, deducciones o pagos fraccionados» que puedan ser improcedentes) fijar la cuota a pagar y compararla con la declarada por la sociedad de los duques de Palma en esos dos ejercicios.

Entre esa batería de resoluciones, Castro también reclama la incorporación a su juzgado de un funcionario de Vigilancia Aduanera para asesorarle en materia tributaria y blanqueo. Por otro lado, el juez también deniega la petición de la defensa de Jaume Matas de que se incorporase a la causa el expediente que en 2008 el pintor Miquel Barcelo firmó con el Gobierno balear para pintar la cúpula de la sala de Derechos Humanos de la sede de la ONU en Ginebra, un convenio en el que se dispararon los costes y que, sin embargo, se quejaba el abogado del ex presidente balear, no ha sido investigado. Asimismo, el juez llamará a declarar a 25 nuevos testigos, informa EP, entre quienes se encuentra el expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart, después de que así lo solicitase el exjefe del Ejecutivo balear, Jaume Matas, con el objetivo de acreditar la trascendencia social, económica y política que tuvieron los dos Illes Balears Forum celebrados en Palma en 2005 y 2006, y por los que el Instituto Nóos percibió 2,3 millones de euros públicos. También han sido citados a declarar, entre otros, el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) Josep Oliver y la gerente de esta entidad, Isabel Guitart. Tras conocerse que el magistrado investigará las supuestas irregularidades fiscales de Doña Cristina, Miquel Roca salió al paso: «Dejemos que la justicia actúe con libertad e independencia». Consideró que el juez debe hacer lo que considere conveniente, aunque sin entrar a valorar la decisión: «Mi obligación ahora es estudiar el asunto, pero de puertas adentro».

Por su parte, y aunque no hubo reacción oficial, fuentes de Zarzuela aseguraron que la filtración del informe de la Agencia Tributaria a algunos medios –según el cual se descartaba que la Infanta cometiera fraude fiscal–, ha supuesto para la Institución una «buena noticia». Pero recibida con escepticismo. «Después de la resolución del juez Castro está todavía todo en el aire», informa A. G. Mateache.