El juez concluye que CDC obtuvo 5,1 millones en comisiones ilegales

El controvertido e interminable caso del Palau de la Música de Barcelona, que incluye diferentes causas, está llegando a su desenlace. La instrucción referente al expolio del ex presidente de la entidad, Fèlix Millet, continúa porque aún no se ha esclarecido el saqueo de 35 millones de euros de las cuentas del emblemático organismo catalán. Pero otro de los procesos abiertos, el que implica a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ya ha concluido su instrucción. El juez Josep Maria Pijuan concluyó ayer que CDC se lucró con 5,1 millones con comisiones de Ferrovial, una importante compañía constructora.

La formación nacionalista está acusada de recibir comisiones ilegales por parte de la empresa Ferrovial a través del Palau. Los actuales gestores de la entidad cultural, en cambio, han evitado acusar a Convergència, pero el juez no considera lo mismo.

En su interlocutoria, hecha pública ayer, el juez ratifica la acusación contra Millet y su ex mano derecha, el ex director administrativo del Palau Jordi Montull, y mantiene al partido nacionalista como responsable civil a título lucrativo por estas supuestas comisiones recibidas a través de Ferrovial.

En su auto, el juez señala que se mantienen como imputados al ex responsable de finanzas de CDC, Daniel Osàcar, y también al ex diputado Jaume Camps. Por parte de Ferrovial, siguen imputados los dos ex altos cargos Pedro Buenaventura y Juan Elizaga. En esta misma situación jurídica se encuentran otras trece personas, incluyendo evidentemente a Millet y Montull.

Remarca también el auto del magistrado que «intervinieron otros altos responsables de CDC que ejercieron el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat y otros organismos públicos locales, vinculados al mismo partido, y que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública».

Concretamente, el juez señala que CDC recibió estos 5,1 millones por parte de Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obras públicas como la construcción de la Ciudad Judicial en L'Hospitalet (Barcelona), que contó con un presupuesto de 263 millones, de varios tramos de la línea 9 del metro de Barcelona (por un valor de 890 millones), del nuevo pabellón municipal de Sant Cugat del Vallès, que costó 4,1 millones, y del revestimiento de la acequia Bellet en el río Ebro, con un presupuesto de 2,6 millones.

Según el juez, Ferrovial abonaba una comisión del 4 por ciento del importe de la obra pública adjudicada, de forma que, siempre según la versión del magistrado, el 2,5 por ciento iba a parar a CDc y el 1,5 por ciento restante eran para Millet y Montull.

La instrucción del caso Palau se ha cerrado sin poder acreditar el destino de 9,6 millones del saqueo de Millet, que se embolsó siete millones en efectivo, gracias a su «poder absoluto dentro de la entidad y a la falta de control por parte de las administraciones», según señala el mismo auto del juez.

Reacciones

Tras examinar la interlocutoria del juez, los partidos de la oposición en Cataluña se lanzaron a pedir explicaciones al presidente de la Generalitat y líder de CDC, Artur Mas, quien tiene previsto comparecer en comisión parlamentaria el próximo 31 de julio. Especialmente contundente se mostraron sus socios de ERC, que reclamaron a Mas que depure responsabilidades en su partido. Todas las formaciones coincidieron en subrayar la «gravedad» de las conclusiones del juez y también en criticar a los actuales gestores del Palau por renunciar a acusar a CDC.

Precisamente a esto se agarró el Govern para construir su defensa. «Respetamos cualquier decisión que pueda tomar la Justicia, pero en este caso concreto llama la atención que lo que ve el juez –que no demuestra y no prueba– entra en contradicción con el diagnóstico del propio Palau», dijo el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs. Convergència, por su parte, emitió un comunicado negando haberse lucrado a través del Palau de la Música y subrayó que las conclusiones del juez «no tienen base sólida».