El instructor del "caso Koldo" en el Tribunal Supremo, basándose en un último informe de la UCO, señala que Acciona y Servinabar se habrían "concertado" para lograr de manera ilícita la concesión adjudicaciones públicas.

Tal y como refleja un auto conocido por LA RAZÓN, el entramado funcionaría de manera que, cuando Acciona obtenía una obra pública, la empresa vinculada a Santos Cerdán recibía "el 2% neto del importe de la adjudicación" a modo de contraprestación. El montante total de estas "mordidas" percibidas -según las indagaciones policiales- se estima en unos 6,7 millones de euros.

Esta relación económica investigada se habría dado en, al menos, tres proyectos (Sevilla, Logroño y Sant Feliú de Llobregat) y los beneficios derivados de estos contratos públicos supusieron para Servinabar el 75,33% de su facturación. Eran "su muy principal fuente de ingresos", refleja el magistrado Leopoldo Puente.

El exCEO de Acciona Justo Vicente Pelegri habría suscrito en nombre de la compañía "un acuerdo de colaboración" con Servinabar firmado en 2015. La constructora relacionada con Cerdán, según el auto del juez, "serviría posteriormente como marco para los diferentes proyectos fueran obtenidos directamente por Acciona o formando UTE con terceras".

Con este procedimientos, Acciona habría obtenido diversas licitaciones "a cambio de indebidos pagos" a Servinabar, de los que se beneficiarían, luego, el administrador de esta, Joseba Antxón; el propio antiguo secretario de Organización del PSOE; el exministro José Luis Ábalos y su principal asesor, Koldo García.

Además, el magistrado Puente, teniendo en cuenta los hallazgos de la Guardia Civil, pone el foco en "las contrataciones laborales" de personas del entorno familiar de Cerdán.

Se trata, en primer lugar, de la cooperativa Erkolan, que habría contratado a la hermana del ex "número tres" de Ferraz, Belén Cerdán, a partir del mes de junio de 2020. Esta estuvo -recuerda el alto tribunal en su auto- "previamente contratada por Servinabar" entre febrero y junio del mismo año.

"Los costes económicos de la contratación" de la hermana de Cerdán "podrían haber seguido siendo, en realidad, satisfechos" por Servinabar y el rastro de ello lo ven en que esta mercantil transfirió a Erkolan, entre julio de mayo de 2025, "un total de 367.290 euros".

También aparece implicada, como refleja el último informe de la UCO, la propia mujer de Cerdán tras haber sido contratada por otra cooperativa, Noran. Esta sociedad fue fundada inicialmente por Antxón Alonso y Koldo y "habrían sido sus únicos propietarios".

A lo largo de nueve años, de 2016 a este año, esta cooperativa "habría podido percibir 647.331 euros" procedentes de Servinabar y habría contratado a Francisca Muñoz, la esposa de Cerdán, entre marzo y julio de 2018, "habiéndole abonado 9.500 euros, sin que conste que desarrollara función profesional alguna".

En base a estas averiguaciones, el pasado jueves, el Supremo ordenó, bajo secreto, a los investigadores practicar entradas y registros en las sedes de las dos citadas cooperativas, situadas en la ciudad guipuzcoana de San Sebastián. El mandato del juez Puente reseña que debían apoderarse de todos los ordenadores, teléfonos y dispositivos de almacenamiento que hubiese en sus oficinas.