El Gobierno reclamará en vía judicial el archivo de Franco "para que todo el mundo pueda documentar la represión"

El Gobierno va a instar a la Abogacía del Estado a la reclamación judicial del archivo del dictador Francisco Franco, en posesión de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que "pertenece a los españoles, a los investigadores, para que todo el mundo pueda documentar la represión".

Así lo ha anunciado este jueves en una entrevista a TVE, recogida por Europa Press, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha detallado que el archivo de Franco "pertenece al dominio público".

"Nos preocupa porque en la extinción de la Fundación Francisco Franco plantea la cuestión de qué ocurre en el archivo. Tenemos un informe ya hecho en el Ministerio de Cultura donde tenemos inventariado del archivo del dictador que son unos 30.000 documentos y tenemos un informe que atestigua que esos documentos son documentos públicos, porque son documentos referidos al dictador como Jefe de Estado y por lo tanto pertenece a la administración", ha explicado Urtasun.

Este archivo cuenta con 27.620 documentos que están digitalizados o disponibles en su web, o de los que se dispone de descripción. Según han señalado fuentes de Cultura a Europa Press, dentro del fondo se conservan unos 950 documentos de los años treinta (un 3,4% del total), 8.500 documentos de la década de los cuarenta (un 30,8%), 9.500 documentos de la década de los cincuenta (34,4%), 5.700 documentos de los años sesenta (20,6%) y 1.040 documentos de los años setenta (3,8%). Además, hay unos 2.000 sin fechar.

Algunos de los ejemplos de los escritos que alberga la FNFF son: documentación sobre visitas de jefes de Estado extranjeros, como la visita del presidente estadounidense Eisenhower a Madrid en 1959 o la visita de María Eva Perón en 1947; peticiones y adhesiones políticas remitidas por ciudadanos o por todo tipo de instituciones públicas y privadas; correspondencia con órganos administrativos con presidentes y jefes de Estado extranjeros, relaciones diplomáticas; o documentación relativa a, entre otros acontecimientos de relevancia histórica, la Segunda Guerra Mundial, estrechamiento de las relaciones con Estados Unidos, ingreso de España en la Naciones Unidas, relaciones con las antiguas colonias, norte de África y procesos de descolonización, Gibraltar, relaciones con la Santa Sede.

Además, también consta que existen escritos producidos por instituciones de la administración colonial, administración local, miembros de la monarquía o el Clero.

Días antes del cincuenta aniversario de la muerte de Francisco Franco, Urtasun anunció en su comparecencia en la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados que van a comenzar las actuaciones previas para la extinción de otras cuatro fundaciones franquistas, concretamente la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.

El procedimiento para la extinción de estas cuatro fundaciones franquistas seguirá el mismo camino que el ya iniciado con la FNFF el pasado 31 de octubre, "un paso decisivo". Este proceso se encuentra en fase de alegaciones, tras haber iniciado las actuaciones previas para su extinción en 2024 y acordado la apertura del procedimiento el pasado mes de octubre.

El pasado 31 de octubre el Gobierno de España abría el procedimiento previo para instar a la ilegalización ante la Justicia de la FNFF y le notificó a la entidad dicho expediente, tal y como confirmaron fuentes de Cultura.

Proceso iniciado en junio de 2024

El proceso para ilegalizar esta fundación arrancó en junio de 2024, cuando Cultura abrió un periodo de actuaciones previas para obtener información y elementos de juicio destinados a motivar el inicio del procedimiento. Lo hizo el departamento de Urtasun, puesto que de él depende el Protectorado de Fundaciones, organismo al que corresponde instar judicialmente la extinción.

Así, tras la notificación a la FNFF, se ha abierto el trámite de alegaciones de la fundación y un periodo de prueba -si es que la fundación desea aportar documentación- tras la que llegará una propuesta de resolución nueva y se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado a partir del cual Urtasun firmará la resolución final -con toda la información- con la que se instará a la extinción judicial. Así, se elevará a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil.

Fuentes de Cultura confían en que llegue al juez lo "más rápido posible", aunque mínimo pasarán 9 meses hasta que esto ocurra, pero precisaron de que todo dependerá de la estrategia que tome la fundación y de los documentos que aporte para defender sus intereses. Aún así, señalan que el acuerdo de inicio para la ilegalización está "blindado" y que las pruebas que presentan ahora serán "muy parecidas" a lo que se encontrará el juez.

Para las cuatro nuevas fundaciones franquistas que anunció el martes Urtasun, el procedimiento se desarrolla igualmente en tres fases. La primera, el inicio de actuaciones previas que ahora comienza, consiste en la petición de informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Este informe se solicita con la finalidad de obtener la información y elementos de juicio que puedan motivar el inicio del procedimiento para instar judicialmente su extinción.

La segunda es la apertura del procedimiento, que comienza con la comunicación del expediente a cada fundación y la apertura del correspondiente periodo de alegaciones -el caso de la FNFF-. Por último, se solicita un informe a la Abogacía General del Estado y Cultura tendrá que resolver si procede instar judicialmente la extinción de cada una de las fundaciones. Finalmente, la resolución del procedimiento será decisión de las autoridades judiciales.