La jueza de Madrid que investiga si la lona que tacha a Pedro Sánchez de «corrupto» puede constituir un delito de injurias con publicidad contra el presidente del Gobierno pidió a la Fiscalía, el pasado 18 de julio, que fijase su postura sobre las medidas cautelares que solicitó adoptar el PSOE.

La instructora le dio al ministerio público un plazo máximo de cinco días para que «manifestase lo que a su derecho convenga». Si hay que acceder a la solicitud de los socialistas, o, al contrario, lo que procede es denegarla.

Según ha podido saber LA RAZÓN en primicia, el representante del Ministerio Público que se encarga de este caso aún no ha contestado, dos meses después. Esta actuación ha llevado a que la causa esté hoy sumida en una situación de parálisis total que viene impidiendo que la investigación avance.

En el escrito en cuestión, los abogados de la formación socialista habían reclamado a la magistrada María Dolores Baeza que prohibiese también a Hazte Oír la difusión a través de sus perfiles en redes sociales de la lona que puso en una fachada frente al Congreso de los Diputado. Un gigante cartel que en poco tiempo fue retirado por mandato de otro tribunal de la capital.

En su última solicitud, el Partido Socialista pretendía que la jueza extendiese esta cautelar ya dictada para que impidiese también que la asociación siguiese mostrando el cartel en una página web de su propiedad (capo.org) y a través de la circulación de camiones que lo llevan colocado en su exterior.

El argumento que Ferraz blandió ante la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid es que estas prohibiciones son precisas para evitar el «carácter lesivo» que –considera– tiene el mensaje de la lona para la «reputación» de su líder. Un Sánchez que, por cierto, este pasado verano decidió dar el paso de personarse en calidad de perjudicado en la causa.

Hay que recordar que esta reclamación de los letrados del partido supondría una extensión de la cautelar aún vigente que se dictó para que la lona no siguiese delante de la Cámara baja.

Fue otro juez, Arturo Zamarriego, el que, a finales del pasado mayo, mandó a los bomberos a quitarla al observar indicios de un «contenido atentatorio contra el prestigio» del jefe del Ejecutivo.

Además de porque entendió preciso «proteger» el Parlamento para que, como «espacio», se viese «libre de la contienda política, la cual ha de quedar limitada al interior» del hemiciclo y no a su entorno exterior, donde estuvo menos de 48 horas la enorme lona.

Asimismo, el magistrado Zamarriego ofreció como otro motivo la necesidad de garantizar que Sánchez pudiese ejercer «su función de diputado» con total normalidad. Y dado que –expuso en su resolución– es ahí donde «es sometido al control» por parte del resto de parlamentarios.

Pero vio preciso proteger al resto de miembros del Congreso y quitar la lona para asegurarse de que pudiesen hacer un «libre ejercicio» de su función legislativa, que este instructor vio en riesgo por la presencia del mensaje «Sánchez, corrupto» en las inmediaciones de la madrileña Carrera de San Jerónimo.

De hecho, el PSOE acusó a Hazte Oír de haber quebrantado la medida cautelar por estar difundiendo, por vía de estos citados otros medios, un «idéntico contenido a esta campaña», la de la lona. Apuntó, incluso, a que la entidad lo hace con la venta de «productos con idénticas imágenes» a las del cartel judicializado.

La formación de Sánchez exigió, incluso, en su escrito que desapareciesen, por mandato judicial, del citado sitio web todos los «objetos a la venta» en que se siga asociando la imagen de su secretario general con la corrupción.

Los socialistas pusieron un tuit de mayo como ejemplo de ese supuesto incumplimiento, por parte de la asociación, de la medida cautelar impuesta a la lona. Defendieron la idea de que, con él, confirmó «su participación en los hechos» y «se jactó» la asociación de estar detrás de ellos.

«¿Que al trilero no le gusta la lona? Pues Lona Nacional andante», fue el mensaje publicado, que llevó el partido ante la jueza Baeza, y sobre el que subrayó que iba acompañado de «una foto del camión con el cartel denunciado».

De momento, la Fiscalía no ha aclarado si estima que hay motivos para imponer las peticiones reclamadas por el Partido Socialista en contra de estas acciones o no.