La Fiscalía propone un cambio legal para poder destruir las narcolanchas tras la tragedia de Barbate

La Fiscalía General del Estado ya ha publicado su Memoria Anual referente a la actividad del Ministerio Fiscal durante 2024. Después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entregase dicho documento a S.M. Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Memoria se hace pública hoy tras su presentación en el solemne acto de apertura del año judicial, el cual ha suscitado polémica por la presencia de García Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretros, y por la ausencia del líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo.

Una de las propuestas recogidas en dicha Memoria es la modificación del artículo 367 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativa a la destrucción de pruebas con efectos judiciales. En este sentido, el documento recoge, a propuesta de la Fiscalía Provincial de Cádiz, que se incluya la posibilidad de destrucción de aquellas embarcaciones de alta velocidad y sus motores, como son las narcolanchas que protagonizaron la tragedia de Barbate.

Actualmente, la destrucción administrativa de estas embarcaciones está prohibida por la Ley Orgánica 12/1995, de represión del contrabando. Sin embargo, la Fiscalía propone que, una vez realizada la valoración e informes técnicos correspondientes, puedan deshacerse de estos materiales, alegando que se trata de evitar "las acumulaciones" de las embarcaciones "en lugares que no son los depósitos oficiales", provocando que el abarrotamiento de los mismos.

Además de ello, la Fiscalía se escuda en custiones de seguridad, ya que argumentan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les alertan que "se están produciendo graves problemas de seguridad", tanto por el "riesgo elevado" de sustracción de los motores y sus componentes, como "para la salud pública y el medio ambiente" por los residuos que generan. Algo que, argumentan, ocurre principalmente por la "tardanza" de los Juzgados para remitirles las autorizaciones judiciales de destrucción de los materiales.

Fiscalía Antidroga insiste en endurecer las penas a los 'petaqueros'

La Fiscalía Antidroga lleva tiempo insistiendo en la necesidad de endurecer el castigo penal a los conocidos como 'petaqueros' -como se conoce a aquellas personas que se dedican a transportar y almacenar grandes cantidades de gasolina que posteriormente se destina al suministro de combustibles de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas para el transporte de hachís desde el norte de África-.

Concretamente, la Fiscalía Antidroga, y especialmente la fiscal jefa, Rosa Ana Morán, insiste en que se tipifique como delito el transporte de gasolina, sin el cual las narcolanchas no pueden operar. Algo que, de nuevo, vuelven a recordar en la Memoria Anual de 2024.

Para ello, porponen que se introduzca la locución "con temeridad manifiesta", que ya es utilizada en el Código Penal en el ámbito de los delitos contra la seguridad vial. Con ello, la Fiscalía Antidroga argumenta que se recogería, de modo explícito, la exigencia jurisprudencial relativa al elemento subjetivo del tipo, es decir, se legitimaría la actuación sobre aquellas personas que son conscientes de la tenencia del combustible, que supone un "riesgo prohibido y la voluntad de realizad" la conducta delictiva.

Por otro lado, el texto plantea sustituir la fórmula actual de "no autorizados por las Leyes o la autoridad competente" por otra más coherente con el derecho penal en vigor, como "contravención de las leyes u otras disposiciones de carácter general", además de añadir un apartado en el que se considere "manifiestamente temerario" el transporte o almacenamiento de carburantes que superen el límite legal.