La juez que investiga a tres mossos por encubrimiento por ayudar supuestamente a Carles Puigdemont a huir de España el pasado agosto descarta por ahora llamar a declarar como testigo al «número tres» de Fernando Grande Marlaska, el excomisario José Antonio Rodríguez, «Lenin».

La magistrada de Barcelona Antonia Coscollola instó a Interior a identificar al autor del informe reclamado por el Tribunal Supremo (TS) sobre el dispositivo puesto en marcha por el Ministerio de Interior para detener al expresident en su anunciada visita a la Ciudad Condal para la sesión de investidura del Parlament. Un informe que firmó precisamente Rodríguez, director general de Coordinación y Estudios.

Pero Interior ha trasladado ya a la titular del Juzgado de Instrucción número 24 –quien abrió diligencias contra los tres mossos a raíz de una querella de Hazte Oír– que «Lenin» –que puso en contacto con Interior a la empresa de la «trama Koldo», a la que se terminó adjudicando un contrato por la compra de mascarillas en pandemia– se limitó a recoger en ese análisis «toda la información recabada por el Centro Directivo y la recibida de los Servicios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil». De ahí que la magistrada, en una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, considere que «en este momento procesal no será necesaria» su comparecencia como testigo para ratificar ese informe y someterse en su caso a preguntas para aclarar su contenido porque «se limitó a reunir los informes proporcionados por los respectivos cuerpos policiales».

Cinco mossos testifican el lunes

La instructora –que el próximo lunes ha citado a declarar a cinco mossos que elaboraron los atestados sobre la fuga del líder independentista– sí llama a testificar el 30 de junio a tres mandos de los Mossos responsables del informe que la Policía catalana remitió el pasado agosto al Tribunal Supremo a instancias del magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés».

Coscollola quiere que ratifiquen sus conclusiones –ese dictamen concluye que «no se dispuso de la oportunidad policial para proceder a su detención»– y ofrezcan en su caso las aclaraciones pertinentes. Ante la juez deberán comparecer uno de los comisarios que participaron en el diseño del dispositivo, integrado en la Prefectura de los Mossos, y dos intendentes del cuerpo policial, el jefe operativo del dispositivo y el representante de la Comisaría General de Información en el centro de coordinación directivo.

Ese documento policial que ahora deberán ratificar asegura que ese 8 de agosto se desplegaron alrededor de 600 agentes, aunque matiza que Puigdemont «regresara a España para después huir no se contempló como una posibilidad». Pero los Mossos señalaron que en el momento en que se detectó su presencia en la zona superior del paseo Lluís Companys y se comprobó que estaba "rodeado por cientos de personas", se valoró que "no era congruente, oportuno ni proporcional realizar una actuación policial mediante el empleo de la fuerza en esa zona". Por lo que "se decidió esperar, según lo planeado", a que el líder de Junts se dirigiera al Parlament.

"Confusión" por una maniobra de distracción

El informe constata que no hubo siquiera oportunidad para arrestarlo por la «confusión» y «alto tráfico en las comunicaciones» provocados por «varias acciones organizadas con la finalidad de distraer la atenciónn policial» (entre ellas, simular que Puigdemont se iba a dirigir al Parlament con la comitiva de políticos independentistas y el intento de «multitud de personas» de acceder por la fuerza al Parque de la Ciudadela). Todo ello, apunta el dictamen, propicio la huida de Puigdemont en un vehículo «sin que los efectivos policiales tuvieran conocimiento».

Una vez que se constató la huida de Puigdemont, informaron los Mossos al juez Llarena, se comunicó al resto de cuerpos policiales y se activó el "dispositivo Jaula". Y "de forma inmediata", puntualiza, se comprobó que el vehículo en el que huyó era propiedad de un agente de la Policía catalana, que sería detenido junto a otros dos agentes en las siguientes 24 horas.

El informe apunta que Puigdemont se desplazó en un vehículo conducido por una mujer "con una silla de ruedas ubicada en el asiento del acompañante con la "intención de confundir a cualquier agente de policía que viera el vehículo". Su recorrido, añade, indica que "su intención no era alejarse de la zona". Hasta el punto de que cuando grupos de manifestantes intentaron acceder al recinto del Parque de la Ciudadela, aprovechó para desplazarse hacia uno de los laterales del Parlament "justo en el mismo momento en que un grupo de personas también se situaba en ese punto y simulaba con escobas que iban a barrer".

En la misma resolución, la juez admite la personación de Vox como acusación popular –que ya ejerce Hazte Oír como denunciante– tras consignar la fianza estipulada y admite parcialmente su querella contra los tres agentes autonómicos investigados.