García Ortiz: el fiscal de los incendios y el Prestige que acabó en Madrid por Delgado

Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) se ha convertido este miércoles en el primer fiscal general del Estado en ser imputado por el Tribunal Supremo en una causa. La investigación judicial a la que se enfrenta implica grandes dosis políticas: la presunta revelación de secretos en las negociaciones entre el Ministerio Fiscal, del que él es máximo responsable, con el novio de una presidenta autonómica, la madrileña Isabel Díaz Ayuso, del principal partido rival del socialista que le nombró, el PP.

Pero la trayectoria de García Ortiz es la de un fiscal con más de 20 años de experiencia que, tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Valladolid y acceder a la carrera en 1998, estuvo destinado en Menorca y Santiago de Compostela, antes de desembarcar hace no tanto, cosa de casi cuatro años (2021), en Madrid.

Tras dos años como fiscal raso, se convirtió en el fiscal coordinador de la adscripción de la isla balear de Menorca, donde estuvo hasta 2002. Entonces, se trasladó a la capital de Galicia -junto a su mujer, gallega y también fiscal y sus dos hijos-, para ejercer de representante del Ministerio Público ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Una trayectoria estelar por su reconocido desempeño profesional que siguió con su nombramiento como fiscal especial coordinador especialista en incendios para el territorio gallego. Más tarde, pasó a ocupar el cargo de fiscal delegado de Medio Ambiente para toda Galicia.

Se recuerda de aquella etapa su papel como el hombre del Ministerio Fiscal en el "caso Prestige", el petrolero que se partió en dos en las costas gallegas provocando la mayor catástrofe medioambiental en aguas europeas. Él defendió durante las sesiones judiciales que la administración no tuvo responsabilidad en el brutal vertido de crudo y el fallo le dio la razón.

También destacan las investigaciones jurídicas que desarrolló sobre incendios y el informe elaborado sobre las posibles causas delictivas de los que arrasaron la comunidad durante octubre de 2017. Negó lo que defendía el por entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ahora líder nacional del PP, cuando hablaba de que detrás había una estructura "delictiva homicida" y llegase a plantear el delito incendiario como uno "terrorista".

García Ortiz expuso, tajante, que el análisis de la Fiscalía gallega especializada en este ámbito no proveía de "evidencias de la existencia de ninguna trama" incendiaria. Este informe fue llevado al Parlamento de Galicia en la comisión que investigó la ola de incendios de aquel lejano otoño.

El ahora fiscal general se enmarca en el ala progresista de la carrera fiscal dada su adscripción a la Unión de Fiscales Progresistas, asociación judicial que presidió entre 2013 y 2017.

En abril de 2018 fue el candidato más votado en las elecciones a vocal del Consejo Fiscal -el órgano del Ministerio Fiscal que asiste en sus funciones al fiscal general-, un cargo que ocupó hasta marzo de 2020.

Muy cercano a la exministra de Justicia y su predecesora al frente de la Fiscalía General, Dolores Delgado. Fue ella quien, siendo fiscal general tras salir del Gobierno, en marzo de 2021 le promovió a la categoría de fiscal de sala, lo que implicó su mudanza a Madrid. Y, más tarde, le apoyó para ser nombrado Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado que dirigía y, por tanto, pasó a ser su mano derecha.

Él, cuando le sustituyó en la más alta responsabilidad del Ministerio Público, propuso a Delgado, a la que algunos también consideran su mentora, para el cargo del fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en dos ocasiones, la última, a pesar de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo hubiese anulado dos meses antes la designación.

Anteriormente lo había hecho para el puesto de fiscal de Sala de lo Militar, pero el Supremo dejó sin efecto el nombramiento.

Está en posesión de la cruz de San Raimundo de Peñafort tras serle impuesta en junio de 2004, a propuesta del Consejo Fiscal, por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, en un acto que tuvo lugar en el compostelano Pazo de San Lorenzo. Este reconocimiento se vincula, precisamente, a su trabajo en el juicio al Prestige.