El Ejecutivo recurre ante el Tribunal Constitucional la negativa del Gobierno de Aragón a cumplir con la ley y colaborar en la acogida de niños y niñas, adolescentes, migrantes no acompañados, tal y como ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La dirigente socialista ha recordado que Aragón ha sido la única comunidad que no ha remitido la información en fecha y forma sobre las cifras de menores atendidos en su sistema de protección autonómico. Hay que recordar que dicho plazo expiró el pasado 31 de marzo. Asimismo, ha recordado que "el Real Decreto-Ley fue aprobado el pasado 18 de marzo y, por tanto, es de obligado cumplimiento para todos los territorios". Si bien, según señaló la ministra Sira Rego, algunas, como la Comunidad de Madrid, lo hicieron de manera "general".

Desde el Ejecutivo destacan que esa información, que la Comunidad Autónoma de Aragón se ha negado a aportar al Ministerio de Juventud e Infancia en el plazo correspondiente, es esencial para fijar la capacidad ordinaria de acogida que tiene cada territorio y, por tanto, para la aplicación subsiguiente del Real Decreto-ley 2/2025, ya que la efectividad de sus medidas –la reubicación de los menores en situación de contingencia migratoria extraordinaria – depende de que resulte posible la fijación de la capacidad ordinaria que se establezca por Real Decreto.

Para el Gobierno de España se trata de una obligación legal suficientemente caracterizada en la norma y sujeta a plazo, cuyo incumplimiento conlleva un menoscabo competencial, en la medida en que priva de eficacia a la decisión adoptada por el legislador estatal en ejercicio de sus competencias exclusivas previstas en el artículo 149.1.1ª y 2ª de la Constitución Española.

En este punto, el Ejecutivo solicita al Alto Tribunal que se notifique personalmente la providencia de suspensión que se dicte a la titular del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. Asimismo, se solicita se le inste a dar inmediato cumplimiento a las obligaciones legales que le incumben.

El Ejecutivo se hace eco de los medios de comunicación

Pero más allá de los matices legales, desde el Gobierno se han hecho eco de las palabras de la consejera de Aragón en los medios de comunicación, donde manifestaba que Aragón "no va a colaborar en el reparto de menores". Una decisión que, según apuntan, fue respalda con manifestaciones públicas posteriores del propio presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, el 7 de mayo de 2025: "Aragón cree que lo que están haciendo con los menores por parte del Gobierno de España no cumple con la legalidad, y por eso lo hemos recurrido. Y recurrirlo ante los Tribunales, lo que conlleva es que no se aporten los datos para no estar de acuerdo con una ley que creemos que es ilegal, es decir, forma parte de una estrategia en el que, evidentemente, la ilegalidad no queremos que se instale en nuestra Comunidad Autónoma".

En definitiva, desde el Ejecutivo, más allá de cuestionar su idoneidad, recuerdan que la impugnación del Real Decreto-Ley por parte de la Comunidad de Aragón ante el Tribunal Constitucional no determina de modo automático la suspensión de su vigencia, siendo la suspensión, en caso de solicitarla la Comunidad Autónoma, valorada, y acordada o denegada, por el Alto Tribunal.