Griñán y Chaves no hicieron nada para evitar el fraude, dice la Intervención del Estado

El instructor del Supremo tiene ya el nuevo informe donde se incide en las irregularidades de las subvenciones en los ERE.

-El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa abierta contra cinco aforados –entre ellos los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán– por el fraude de los ERE, tiene desde ayer en su poder el informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el que dan respuesta a las alegaciones presentadas por la defensa de Griñán, realizadas en un dictamen por dos catedráticos, en el que se valida el uso en estos expedientes de las denominadas «transferencias de financiación» para la concesión de ayudas sociolaborales a empresas sometidas a expedientes de regulación de empleo y a trabajadores afectados por los mismos.

En el nuevo informe, según fuentes jurídicas, se vuelve a incidir en que el procedimiento utilizado no se ajustó a la legalidad y a los procedimientos establecidos al respecto, tal como pusieron de manifiesto en el entregado a la jueza de Sevilla Mercedes Alaya y ratificado en sede judicial.

En ese informe se venía concluir que los responsables de la Consejería de Empleo, del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que concedía las ayudas, y la Consejería de Economía y Hacienda, que ocuparon José Antonio Viera (2000-2004) y José Antonio Griñán (2004-2009), respectivamente, eran los que, indiciariamente, podrían tener un mayor plus de responsabilidad en el sistema fraudulento de concesiones de subvenciones. Pero, además, también se cita de forma expresa al Consejo de Gobierno de la Junta, que presidía Manuel Chaves, toda vez que, entre los años 2002 a 2009 no formuló «ninguna objeción» a la inclusión de una partida improcedente para hacer frente a las subvenciones citadas.

También hay otra mención expresa al Consejo de Gobierno de la Junta por parte de los peritos cuando se afirma que «en la práctica totalidad, los compromisos de pago superiores a 1.200.024,21 euros, no consta la preceptiva aprobación provisional por el Consejo Rector del IFA –dependiente de la Consejería de Empleo–», ni tampoco «la preceptiva ratificación de dicha aprobación provisional por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía», tal como se establecía en el decreto regulador de tal materia.

Sin embargo, los reproches a la Consejería de Economía y Hacienda, al frente de la cual se encontraba Griñán, sí son más directos por parte de los peritos del IGAE. En ese sentido, destaca cómo la mencionada consejería conocía las irregularidades puestas de relieve por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) del sistema utilizado para las subvenciones, pese a lo cual no hizo nada para remediar tal situación: «A la vista de las irregularidades detectadas en los informes de la IGJA...no consta que en el periodo 2000-2009, el consejero de Economía y Hacienda, en el ejercicio de sus competencias, haya adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades».

Y, además, «tampoco consta» que el entonces consejero de Economía «hubiese dado cuenta al Consejo de Gobierno de aquellos resultados contenidos en los informes emitidos por la IGJA que, por su interés y repercusión, deban ser destacados», tal como se establece en el decreto por el que se aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía.

La conclusión de los peritos sobre el sistema utilizado para la concesión de esas ayudas es significativa y habla por sí misma: «No consta la existencia de ninguna norma dictada por la Junta de Andalucía en la que se publiciten las ayudas y se establezcan los criterios de selección de los beneficiados... por lo que los sistemas utilizados para determinar tanto la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales».