Jucil ha entregado a Aina Calvo, la secretaria de Estado de Seguridad, un "exhaustivo informe" donde detallan la "crítica situación" que padece la Guardia Civil. Exigen un plan de choque urgente y denuncian una histórica discriminación profesional y salarial frente a otros cuerpos policiales. Grave carencia de personal o la obsolescencia de medios e infraestructuras son algunas de sus reivindicaciones.

Durante el encuentro, con la 'número dos' de Marlaska, la asociación ha hecho especial hincapié en que la Guardia Civil se ha encontrado al límite. Por ello, Jucil ha exigido, una vez más, el reconocimiento de la Benemérita como profesión de riesgo y la equiparación salarial total con otros cuerpos policiales.

Así, la asociación ha insistido en que estas dos reivindicaciones, "largamente esperadas", son fundamentales para compensar la peligrosidad inherente a su labor diaria y para hacer justicia a un colectivo que asume misiones esenciales para la seguridad del país. Además, denuncian una clara situación de desigualdad al comparar a la Benemérita con la Policía Nacional.

Mientras el pase a la reserva es voluntario en la Policía, es automático para la Guardia Civil, lo que ha provocado la pérdida de miles de agentes cualificados que han pasado a la reserva sin un destino operativo. Ante esta situación, agravada por las jubilaciones masivas de las promociones de los años 90, ha generado un déficit neto de cerca de 2.000 agentes anuales.

Asimismo, para revertir esta tendencia, la asociación ha reclamado un incremento de la Oferta de Empleo Público con un mínimo de 5.000 plazas anuales durante la próxima década. La asociación ha trasladado a la secretaria de Estado el profundo malestar de los efectivos por el desmantelamiento que se ha llevado a cabo en Cataluña, la falta de seguridad en la zona especial de seguridad y los graves sucesos que se han vivido en el Campo de Gibraltar, donde la lucha contra el narcotráfico se ha librado en condiciones de inferioridad desde la desaparición de la unidad OCON Sur.

Otro de los puntos centrales de la reunión ha sido la peligrosa brecha tecnológica y operativa existente entre el Cuerpo y las organizaciones criminales, que se han enfrentado con vehículos de última generación, armamento sofisticado y drones. Jucil ha expuesto que los agentes han operado con medios anticuados y un parque móvil deteriorado.

Las dietas y las sanciones en la Guardia Civil

El informe ha detallado que tanto vehículos terrestres como embarcaciones del Servicio Marítimo y aeronaves han sufrido un grave desgaste y falta de renovación, lo que ha puesto en riesgo la vida de los agentes en operaciones de alto riesgo, como la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, se ha abordado el lamentable estado de las infraestructuras.

La asociación ha criticado que muchos acuartelamientos han estado obsoletos, han carecido de generadores de emergencia, calabozos dignos y material informático actualizado. Jucil ha instado al Ministerio del Interior a realizar una inversión urgente y planificada para renovar estos medios y asegurar que los agentes puedan trabajar en un entorno seguro y eficiente.

Finalmente, la asociación ha denunciado la injusticia de las dietas, sin actualizar desde 2002, que han obligado a los agentes a costear sus propios gastos en comisiones de servicio. También se ha puesto sobre la mesa la desproporción del régimen sancionador, que aplica la jurisdicción militar a faltas de carácter policial, lo que ha limitado la tutela judicial efectiva.