Los incendios que asolan a España, la imputación del fiscal general del Estado, las últimas novedades en los casos de corrupción que salpican al Gobierno, el caos ferroviario; los polémicos contratos de la Administración con Huaweii, el cupo separatista, y hasta el escándalo machista del que fue asesor gubernamental, Francisco Salazar. El Partido Popular ha preparado un menú degustación para preludiar el curso político, que asoma a la vuelta de la esquina.

El próximo martes, fruto del aluvión de iniciativas que el principal partido de la oposición ha ido registrando en la Cámara Baja a lo largo del verano -como publicó LA RAZÓN, no ha habido tregua-, se reunirá en la Carrera de San Jerónimo la Diputación Permanente. Vuelta a la actividad por anticipado. En el orden del día: nueve peticiones de comparecencia urgentes.

Desde Pedro Sánchez, al que el PP exige explicaciones por la investigación judicial de su mujer, Begoña Gómez, que suma un nuevo delito, y por la fontanera socialista, Leire Díez; hasta la ministra de Infancia, Sira Rego, en la diana por el incremento ostensible de llegadas de pateras a las Islas Baleares.

Por lo demás, el grupo popular quiere que desfile por el Parlamento otro ramillete de miembros del gabinete: Félix Bolaños, para justificar el respaldo de la Moncloa a Álvaro García Ortiz, a las puertas de un juicio en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos; Óscar Puente, por el desastre de los trenes en España, que en los últimos meses no ha hecho sino agravarse, con retrasos y escenas de no dormir -literalmente- prácticamente a diario; Sara Aagesen -vicepresidenta de Transición Ecológica- y Margarita Robles, por la gestión de los incendios.

Al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el PP le reclama declaración "para informar sobre la adjudicación a la empresa china Huawei del contrato de gestión del almacenamiento del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), teniendo en cuenta que ello podría suponer una vulnerabilidad de seguridad para las entidades críticas del Estado". A María Jesús Montero, por la negociación del Gobierno con ERC para alumbrar el denominado cupo catalán. Y a Ana Redondo, responsable de Igualdad, para preguntarle por "las medidas que están adoptando para acabar con el machismo imperante" en el Ejecutivo y el PSOE.

En la Cámara Alta, mientras tanto, el PP ha decidido habilitar el mes de agosto para que, en los próximos días, rindan cuentas de la gestión de los incendios tres ministros: la vicepresidenta Aagesen, Marlaska y Robles. "El Gobierno no ha estado a la altura ante una catástrofe de estas dimensiones y por ello, desde el Senado, vamos a exigir todas las respuestas", sentenció recientemente la portavoz popular, Alicia García.

Está por ver si los socios del mal llamado bloque progresista deciden respaldar las peticiones que el PP ha ido formulando en el Congreso y, de esa forma, propinan un golpe al Gobierno antes incluso de que comience oficialmente el curso político. De todas ellas, tres serían para que los aludidos comparezcan en las respectivas comisiones. El resto, en el Pleno de la Cámara, lo cual supondría abrir el Hemiciclo antes de lo previsto. Una imagen que Génova desea forzar para alimentar su tesis de fin de ciclo.