El intento de Conde-Pumpido de "disuadir" al tribunal de los ERE inquieta al TC

A la espera de que se resuelva el tira y afloja entre el Tribunal Constitucional (TC) y la Audiencia Provincial de Sevilla a cuenta de la ejecución de las sentencias de la corte de garantías que anularon las condenas por el fraude de los ERE, y que el tribunal sentenciador quiere llevar ante la Justicia europea, la intención del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de llevar este asunto al Pleno sigue levantando ampollas en el propio tribunal.

Conde-Pumpido esgrime que el Constitucional está obligado por ley a defender su jurisdicción y a velar por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Nueve meses después de descafeinar las condenas por el fraude de las ayudas sociolaborales, entre otros a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la Audiencia de Sevilla no ha redactado una nueva sentencia adaptada a la reinterpretación que hizo el TC de los delitos de prevaricación y malversación. Y, si como parece, plantea finalmente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), esa demora se ampliará unos cuantos meses más, algo que Conde-Pumpido quiere evitar.

Su intención es llevar al Pleno el asunto una vez la Audiencia de Sevilla remita la providencia con la que puso en marcha el procedimiento para acudir a la Justicia europea –para que esclarezca si las sentencias de los ERE del Constitucional son contrarias al derecho comunitario en la lucha contra el desvío de dinero público y la corrupción política– y tras recabar un informe a los letrados del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, si finalmente la controversia sobre la posibilidad de impedir a la Audiencia sevillana que acuda al TJUE llega al Pleno, la fractura del tribunal se da por hecha. No habrá, en ningún caso, la unanimidad que sí exhibió el TC frente a la Generalitat y el Parlament ante la reiterada desobediencia de sus resoluciones a cuenta del proceso independentista en 2017 (un cierre de filas que reclamó en el último Pleno la magistrada progresista María Luisa Balaguer).

Fuentes del TC rechazan que el tribunal que preside Conde-Pumpido pueda impedir el planteamiento de una cuestión prejudicial y afirman categóricamente que la corte de garantías «no puede condicionar ni limitar ni disuadir» al respecto a un órgano jurisdiccional. Algo que consideran que ya ha hecho el presidente del TC con el envío de una diligencia de ordenación, a través del secretario del Pleno «sin deliberarlo con el resto de magistrados», a la Audiencia de Sevilla reclamándole su resolución. «El mero envío de esa diligencia es un elemento de coacción» porque supone, insisten, un intento de «disuadir» al tribunal andaluz «del planteamiento de la cuestión prejudicial» en Europa.

La Audiencia de Sevilla "está blindada por el Derecho de la UE"

Según esas mismas fuentes, ni siquiera hay base jurídica para reclamar a la Audiencia esa providencia, porque una vez puesto en marcha el mecanismo para plantear una duda a la Justicia europea, el juez o tribunal que la impulsa está amparado por el derecho comunitario. «Mientras la Audiencia Provincial está planteando una cuestión prejudicial», explican en el TC, está «blindada por el Derecho de la UE». «Esto es un concepto de primero de Derecho», recalcan. De ahí que consideren que solicitar un informe al respecto a los letrados del TC es baldío: «Es como pedir un informe para saber si un propietario puede arrendar su vivienda».

Las fuentes consultadas advierten de las posibles consecuencias de seguir adelante con ese propósito de impedir la intervención del Tribunal de Justicia europeo. «El desprestigio trascendería fronteras y desde Europa se vería como un peligro para la situación del Estado de derecho», avisan.

Y respecto a la posibilidad de que la reacción de Conde-Pumpido en el caso de los ERE –que califican como «el mayor escándalo de la historia del tribunal»– sea un aviso a navegantes por si el Tribunal Supremo sigue la misma vía una vez el TC avale, en su caso, la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, apuntan: «Si con esto piensa dar un paso adelante para condicionar en el futuro al Tribunal Supremo con la amnistía es que no conoce a la carrera judicial». «Si cree que puede intimidar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo –reiteran– en un asunto de esta trascendencia está perdiendo el norte».

«Seguro que pretende algo a largo plazo», afirman en relación al Tribunal Supremo y la Ley de Amnistía, «pero no calibra que está jugando con la responsabilidad del Reino de España ante la Unión Europea». «En Bruselas y Luxemburgo este tipo de cosas no se perdonan y nos va a meter en un problema como país», advierten.

Debate "estrictamente jurídico"

Fuentes del bloque progresista apuntan que será en el Pleno, en su caso, donde «entre todos» los magistrados decidirán al respecto. Y señalan que no se trata de un debate de carácter ideológico, sino «estrictamente jurídico».

Respecto al procedimiento puesto en marcha por la Audiencia de Sevilla para consultar a la Justicia europea, explican que «en el 99% de los casos» la cuestión prejudicial se plantea por un tribunal nacional «antes de dictar sentencia para resolver dudas sobre la aplicación de la normativa europea», algo que no sucede en el caso de los ERE. Es en este contexto, subrayan, en el que el Tribunal de Justicia de la UE «otorga a los jueces un amplio margen de actuación en defensa de la independencia judicial».

Respecto a los precedentes en los que han llegado al TJUE conflictos entre tribunales y el TC del país de turno sobre la aplicación de una resolución de la corte constitucional, explican que en esos supuestos «ha sido el juez inferior que tiene que aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional el que ha planteado sus dudas», existiendo en todos esos casos «una clara implicación del derecho europeo que llevó al Tribunal de Justicia a admitir la cuestión prejudicial».

Esas mismas fuentes respaldan la decisión de Conde-Pumpido de reclamar a la Audiencia de Sevilla la providencia que plantea la posibilidad de abrir la vía europea porque el tribunal sentenciador «no había advertido al tribunal, por lo que no había manera de que el TC tuviese constancia de esa decisión». Asimismo, advierten de las posibles consecuencias de que el procedimiento se demore (lo previsible es que el TJUE no resuelva la cuestión prejudicial antes de un año) porque «los plazos de prescripción van transcurriendo».