Interior abre una investigación por la actuación policial en Lavapiés

El Ministerio de Interior ha puesto en marcha una investigación interna para aclarar si se ajusto a la legalidad la intervención de los policías nacionales durante la mañana del pasado viernes por una pelea en el madrileño barrio de Lavapiés, que está bajo el foco de la polémica tras vitalizarse vídeos del momento en redes sociales.

El departamento que dirige Grande-Marlaska analizará de oficio si pudo haber vulneración de derechos fundamentales en la actuación policial a través de su Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH).

La decisión se conoce después de que los actuales socios de los socialistas en el Gobierno, Sumar, o los antiguos, Podemos, hayan pedido ya explicaciones entre acusaciones de racismo a unos agentes a los que imputan los de Díaz y Belarra haber empleado una excesiva fuerza contra los dos implicados en la reyerta por drogas.

Estos dos individuos, que arremetieron violentamente contra los agentes, dejando a uno contusionado y un coche inutilizado, fueron detenidos acusados de atentado a la autoridad y se les incautaron a uno de ellos sustancias estupefacientes.

Los sindicatos policiales, por su parte, denuncian la cacería y el señalamiento que consideran se está produciendo en redes especialmente contra uno de los policías, entre las que figuran, dicen desde CEP, amenazas físicas y una sarta de injurias y calumnias.

El mismo domingo ya se celebró una primera movilización a la que asistieron 350 personas, según datos de la Delegación de Gobierno. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya ha trasladado toda su "confianza" a los agentes de la autoridad, "salvo prueba en contra".

Este organismo de Interior que investigará lo ocurrido fue creado en febrero de 2022 para asumir la competencia de velar por el cumplimiento por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las leyes nacionales e internacionales que garantizan los derechos humanos y fundamentales de los civiles.

Depende de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, que dirige el 'número dos' de Marlaska, Rafael Pérez Ruiz.