Investigar la verdad o desgastar al adversario

En nuestro país, las comisiones de investigación siempre han resultado ser escenarios de confrontación, bronca y enfrentamiento. Generan expectativas, pero acaban frustradas y distanciándonos aún más de los ciudadanos. El espectáculo sustituye a cualquier intento de aclarar lo sucedido, que debe ser el objeto de esas comisiones: arrojar verdad. Algunos argumentarán eso de «no dejes que la realidad te estropee un buen titular». Mi propia experiencia me lleva a afirmarlo.

He comparecido en varias comisiones, todas por etapas anteriores a mi responsabilidad como presidenta de Andalucía y habitualmente en momentos próximos a campañas. Nunca buscaban los hechos, sino titulares. Las conclusiones estaban escritas antes del desarrollo de los trabajos de las comisiones y la verdad era sustituida por el interés electoral. Desde la comisión del «caso Rumasa», en 1983, hasta hoy, han cambiado poco. Tanto las que se están celebrando en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

El artículo 76 de la Constitución que contempla la creación de estas comisiones debería servir para la rendición de cuentas. Pero no es así. Los fines que se han impuesto habitualmente en ellas son puramente partidistas. Sus conclusiones se determinan por la mayoría de turno y no por los hechos e informaciones arrojadas. Las comisiones, que deberían fortalecer nuestras instituciones y nuestra democracia, tan solo sirven para aumentar el conflicto y el encanallamiento político.

La comparación del desarrollo y la regulación en España con otros países de nuestro entorno nos lleva a concluir que son susceptibles de mejora. En Alemania y en Italia, la exigencia de documentación y las comparecencias obligatorias refuerzan su papel. En Finlandia o Suecia, el carácter más técnico permite depurar responsabilidades y hacer un seguimiento de las recomendaciones.

En definitiva, se busca mejorar el funcionamiento de las instituciones, mientras que en nuestro país se busca desgastar al adversario. Todas las comisiones celebradas hasta hoy, especialmente las más mediáticas, acabaron en bronca y conclusiones diferentes en función del partido que las redactase y con poco seguimiento de las recomendaciones que se hubieran realizado. A juicio de la inmensa mayoría, tan solo la comisión creada para esclarecer el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela pudo convertirse en una excepción.

La presión de las familias de las ochenta víctimas permitió que esa comisión arrojara algo de luz con datos que no eran conocidos hasta ese momento, y saber qué sucedió más allá de la versión oficial del Gobierno, que quiso culpar exclusivamente al maquinista. Un buen ejemplo que no se ha vuelto a repetir, donde las Cortes demostraron que la utilidad de estas comisiones es posible cuando se impone la transparencia por encima de otros intereses.

Luego nos sorprendemos de la desafección de la ciudadanía con la política y no entendemos que si lo que emitimos es bronca, insultos y ninguna empatía con el sufrimiento de los ciudadanos, el resultado será la desconfianza creciente.

Quizá sea el momento de empezar a incluir modificaciones que avancen en el sentido contrario, que instauren otra cultura en el desarrollo de nuestras comisiones. Miremos hacia Alemania, donde se incluye que las conclusiones se adopten por amplios consensos para, así, cooperar en lugar de confrontar. O no hacer coincidir el desarrollo del trabajo en los parlamentos con la apertura de un juicio o con los trabajos de instrucción.

Otro elemento a estudiar debería ser la acreditación de que la persona citada debe ser conocedora o parte de la institución o de los hechos que se investigan. En relación con la duración, debería ser determinada, ya que resulta anómalo comisiones sin fecha final o que superen los periodos de sesiones en las que fueron creadas sin aprobación de su prórroga. En cuanto a su desarrollo, tanto los comparecientes como los diputados no deberían formular preguntas con preámbulo y con juicios de valor, en cuyo caso el citado no tendría que responder y si lo hiciera sus respuestas no se recogerían en las conclusiones.

Las preguntas deberían versar sobre los hechos investigados o que tengan conexión cierta con ello. Todo esto llevaría a reformar el papel del presidente de la comisión para que se obligue a cumplir este precepto bajo consideración de que podría ser motivo de recusación. Y por último, deberían regularse las nuevas citaciones a un mismo compareciente y que estuvieran sujetas a nuevas informaciones que la sustentasen.

Todos estos elementos y otros muchos ayudarían a reforzar su papel, su transparencia y su utilidad frente a las manipulaciones. Lamentablemente, no creo que sea factible en estos tiempos. O nos creemos que las instituciones son útiles en tanto en cuanto ayudan a mejorar la vida de la gente o terminaremos disueltos por grupos extremistas que prefieren no tener instituciones para no dar cuenta de sus verdaderas intenciones. Desahuciadas las instituciones, ellos instaurarán sus credenciales de poder absoluto.