Justicia no consigue frenar la huelga tras la segunda reunión con jueces y fiscales

El Ministerio de Justicia no ha podido desactivar la huelga de jueces y fiscales. Tras la segunda reunión con las asociaciones convocantes, el departamento de Pilar Llop ha elevado hasta un máximo de 46,7 millones (dos más que la anterior propuesta, considerada inasumible por los representantes de ambas carreras profesionales) el montante para actualizar sus retribuciones.

Según fuentes de la negociación, la medida supondría un máximo de 447 euros brutos más al mes (repartidos en 14 pagas, lo que de hecho se plasmaría en 383 euros brutos más mensuales), «según se pague más a los jueces unipersonales o a los que forman parte de órganos colegiados».

Ese incremento salarial, no sería inmediato, sino que según esas mismas fuentes se llevaría a cabo en tres fases: el 40% se plasmaría en las nóminas de julio con carácter retroactivo desde enero; otro tanto se haría efectivo en enero de 2024 y el 20 por ciento restante, en julio del próximo año.

La propuesta de Justicia está aún muy lejos de lo que reclaman la mayoría de las asociaciones, un desembolso que oscila entre los 60 y los 74 millones de euros. Con las espadas en alto, los representantes del ministerio y de las asociaciones se volverán a reunir (de nuevo con la presencia de vocales del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado) el próximo miércoles a las cuatro de la tarde, cuando ya solo quedarán seis días para que comience la huelga indefinida de jueces y fiscales.

Las asociaciones de jueces y fiscales se han reunido por segunda vez con los representantes del ministerio que dirige Pilar Llop después de que el pasado miércoles, en una primera toma de contacto para evitar la huelga indefinida a partir del próximo día 16, desde Justicia se ofreciera a ambos colectivos 44,6 millones de euros para acometer mejoras retributivas. Una propuesta que, sin embargo, apenas cubre el 6% del 20 por ciento de pérdida de poder adquisitivo que arrastran jueces y fiscales desde 2003 y que, según apuntan fuentes de la negociación, tampoco está por encima de la subida de 430 euros brutos de media que obtuvieron los secretarios judiciales a finales del pasado marzo tras dos meses de huelga.

Un 20% de pérdida de poder adquisitivo

Las cinco asociaciones que respaldan la huelga -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- consideran que hasta el día 16 aun hay margen para evitar los paros siempre y cuando Justicia mantenga su voluntad de negociar, como ya hizo con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Por ahora, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se mantienen a la espera del rumbo de esas conversaciones antes de decidir si apoyan la hipotética huelga.

Al margen de la recuperación de ese 20 por ciento de poder adquisitivo que afirman haber perdido desde 2003, cuando se aprobó la ley de retribuciones de jueces y fiscales (ante la falta de convocatoria de la Mesa de Retribuciones cada cinco años que preveía la normativa para actualizar los sueldos), las asociaciones mantienen otros frentes abiertos de negociación.

Guardias y complemento de carrera

Las cantidades que perciben por las guardias, al igual que la regulación pendiente del complemento de carrera profesional o la actualización de los grupos de población (que modulan sus ingresos en función de la carga de trabajo según el número de habitantes) son otras de reivindicaciones pendientes de resolver con el departamento de Pilar Llop.

Mientras Justicia sigue negociando con jueces y fiscales, continúa vivo el conflicto que mantienen los funcionarios para conseguir también un adecuación salarial. Tras dos jornadas de paros de 24 horas, desde mañana y hasta el jueves mantendrán otras tres de las siete que, por el momento, han convocado para este mes.

Los sindicatos convocantes -CSIF, STAJ, CC OO y UGT- reclaman una mejora de entre 350 y 430 euros al mes a través de un "complemento general del puesto" que permitiría -según defienden- una subida lineal para todos los funcionarios al margen de que se encuentren en el territorio Ministerio o en una comunidad autónoma con las competencias transferidas. Los paros de los funcionarios ya han paralizado más de cuatro millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios.

Apoyo "firme y decidido" de los jueces decanos

Este 2023 de reivindicaciones de mejoras salariales comenzó en enero con la huelga de los LAJ, que se prolongó durante dos meses. Después de la suspensión de 400.000 juicios y vistas y la paralización de casi medio millón de demandas, Justicia zanjó las protestas accediendo a una subida de 430 euros brutos al mes de media.

Jueces decanos de toda España han mostrado su apoyo "decidido y firme" a las reivindicaciones de las asociaciones judiciales ante la reunión que mantienen hoy con los ministerios de Justicia y Hacienda. Los magistrados, reunidos en sus XXXI Jornadas Nacionales que se celebran en Las Palmas de Gran Canaria, aseguran en un comunicado que "se hace imprescindible la adecuación de las retribuciones" de los jueces "de acuerdo a la responsabilidad de nuestra función y la sobrecarga de trabajo que durante años llevamos soportando".

Asimismo, dejan claro su respaldo a los paros convocados a partir del día 16 si el Gobierno no atiende sus reclamaciones salariales. "Esperamos, en beneficio de la Administración de Justicia, y para evitar que los jueces nos veamos abocados a ejercer nuestro derecho de huelga -aseguran-, que se alcance un acuerdo que satisfaga las justas pretensiones que se vienen reivindicando de forma histórica por la carrera judicial".