Acusaciones y críticas

Los jueces exigen respeto en el caso de Begoña Gómez: "Estamos obligados a investigarlo"

Tres asociaciones recuerdan que cuando se denuncian hechos delictivos, se deben abrir diligencias aunque haya "intereses políticos"

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Ante la avalancha de críticas y acusaciones contra el juez de Madrid que abrió diligencias para investigar a Begoña Gómez, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI) han exigido respeto a la independencia de los jueces, con el foco puesto en los partidos políticos que han criticado esta decisión.

La noticia se conoció ayer por la mañana, cuando se supo que el Juzgado de Instrucción número 41 de la capital había incoado diligencias de investigación, declaradas secretas, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias.

María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha reiterado la necesidad de que la clase política muestre "respeto a la independencia judicial", en declaraciones a Ep.

Por su parte, Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ha explicado a LA RAZÓN que reclaman el respeto a la independencia judicial por parte de todos los poderes y de la sociedad en su conjunto. Esta asociación considera que no debe entrar a valorar las diligencias abiertas en el juzgado madrileño ya que se trata de un asunto jurisdiccional cuyo trámite debe ser respetado en el marco del Estado de derecho.

El presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "salga al paso" y "pida respeto por uno de los poderes del Estado, cuya labor basada en la independencia de su actuación es esencial en un Estado democrático de derecho".

Portillo ha incidido en que "los juzgados y tribunales no son lugar para la contienda política". En este sentido, ha recordado que presentada denuncia o querella ante los tribunales, los jueces están "obligados a proceder de acuerdo con las normas procesales y las leyes".

"Eso quiere decir que, si la denuncia que se presenta ofrece un relato de hechos delictivos, los jueces estamos obligados a investigarlo, independientemente de los intereses políticos que pueda haber detrás, algo en lo que no entramos porque excede el análisis jurídico", ha apuntado.