Jueces de Extremadura cierran filas ante el "hostigamiento" a la magistrada que ha mandado al banquillo al hermano de Sánchez

Los jueces de Extremadura han reaccionado en defensa de la independencia judicial ante el "hostigamiento personal" contra la magistrada Beatriz Biedma, que ha mandado al banquillo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y prevaricación.

Las secciones territoriales de las cuatro asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial independiente- denuncian los "intentos de deslegitimar" y expresan su "respaldo y solidaridad" con la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

Las asociaciones firmantes consideran "imprescindible" reiterar que el Poder Judicial "actúa con plena independencia, sometido únicamente al imperio de la ley". "Cualquier intento de presión, intimidación o descrédito hacia jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones constituye una grave amenaza para el Estado de Derecho y para el normal funcionamiento de nuestras instituciones democrática", advierten.

En ese comunicado dejan claro su "apoyo" a la magistrada, de la que destacan su "profesionalidad y compromiso con la legalidad", e insisten en su "firme defensa de la independencia judicial como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático".

David Sánchez se enfrenta a una petición de tres años de cárcel

Biedma ha abierto recientemente juicio oral contra David Sánchez, contra el hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz -que con su precipitado aforamiento al convertirse en diputado autonómico intenta llevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura-, contra el exasesor de Moncloa Luis Carrero -que también fue contratado en la Diputación de Badajoz, según la instructora para satisfacer las preferencias personales del músico- y contra varios altos cargos de la institución que participaron en la creación de la plaza de coordinador de conservatorios que fue adjudicada al hermano de Pedro Sánchez en 2017 y posteriormente convertida, sin concurso alguno, en la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Las acusaciones populares reclaman tres años de prisión para David Sánchez -los mismos que solicitan para Gallardo- y una multa de 32.000 euros.

La Fiscalía se opuso al procesamiento del músico -que considera que se basa en "conjeturas e hipótesis"- y no acusa al hermano del presidente del Gobierno.