El juez constata que no hay problemas técnicos para acceder al sumario del "caso Pujol"

Tras dos años y medio enfrascados en la revisión del sumario del «caso Pujol» para extraer del procedimiento datos íntimos y personales, los abogados de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol disponen ahora de dos meses más para completar una tarea que se ha visto salpicada de innumerables quejas a la Audiencia Nacional ante las dificultades técnicas con las que se topaban –aseguraban– para poder acceder a los archivos. Se trata del último trámite antes de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz eleve a la Sala la causa para su enjuiciamiento once años después, con el patriarca de los Pujol Ferrusola a punto de cumplir 93 años (los cumple el próximo viernes), lo que aviva la posibilidad de que termine eludiendo el banquillo.

Pero tras ese largo tira y afloja entre el instructor y la defensa de la familia Pujol a cuenta de esos contratiempos técnicos para consultar los archivos a través de la plataforma digital donde están almacenadas las actuaciones, el juez Pedraz ha decidido comprobar en primera persona si realmente existen impedimentos insalvables para poder acceder al sumario, con vistas a dar carpetazo a la fase de instrucción una vez concluya esta nueva prórroga a finales del próximo julio.

Con ese objetivo, el magistrado citó en la Audiencia Nacional el pasado miércoles a funcionarios de la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia. Allí mismo, les instó a comprobar si el acceso a los archivos de los que se queja la familia Pujol –en los que, se quejaron, «persisten varios problemas y dificultades» de carácter técnico– está o no libre de trabas.

Hora y cuarto de pruebas

Según fuentes jurídicas, los técnicos informáticos se cercioraron durante hora y cuarto de que la descarga de los archivos bajo sospecha (escogieron varios de forma aleatoria) no presentaba impedimento técnico alguno, pese al gran tamaño de algunos de ellos, señalan esas mismas fuentes.

En la resolución en la que acordó prorrogar dos meses más el plazo para el expurgo del sumario (rectificando su decisión del pasado 28 de abril de conceder 15 días más para concluir de una vez por todas esa tarea), Pedraz solicitó a la Dirección General de Transformación Digital que pusiese a disposición de la defensa de la familia Pujos, que ejerce el letrado Cristóbal Martell, «los medios técnicos» y la «asistencia necesaria para el correcto acceso a la información» almacenada en la plataforma digital.

Una vez constatado que es posible consultar esos archivos (donde se encuentran documentos, correos electrónicos y fotografías personales de la familia del expresidente de la Generalitat incluidos en los archivos incautados en los registros policiales), según las fuentes consultadas lo previsible es que el instructor eleve por fin el caso a la Sala de lo Penal antes de agosto para que fije fecha para el juicio.

Asociación ilícita y blanqueo

Un juicio que, en todo caso, las previsiones más optimistas no sitúan antes de 2025, dado que al no estar en prisión provisional ninguno de los imputados –Jordi Pujol, sus siete hijos y una decena de empresarios– su celebración no es prioritaria y debe dejar paso a las causas con investigados en la cárcel y cuyo plazo máximos de prisión preventiva obliga a celebrar el juicio antes de que expire o, en caso contrario, acordar su libertad.

En julio del año 2020, el antecesor de Pedraz en el juzgado, el magistrado José de la Mata, propuso juzgar a Jordi Pujol, a su esposa Marta Ferrusola (apartada posteriormente del procedimiento por una demencia senil sobrevenida) y a sus siete hijos por formar parte de una supuesta asociación ilícita que se habría enriquecido «durante decenios» con actividades corruptas.

Casi un año después, la Fiscalía Anticorrupción hizo públicas las solicitudes de condena para todos los imputados, que en el caso de la familia Pujol Ferrusola suman 92 años de cárcel (con el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, a la cabeza con una petición de 29 años de cárcel). Para el expresidente de la Generalitat, la Fiscalía pide una condena de nueve años de cárcel delitos de asociación ilícita y blanqueo.