El juez prorroga hasta septiembre la investigación a seis exjefes de ETA por el atentado de Santa Pola

La investigación a seis exjefes de ETA por su supuesta responsabilidad en el atentado de Santa Pola el 4 de agosto de 2002 -en el que fueron asesinados una niña de seis años, Silvia Martínez Santiago, y Cecilio Gallego- se prolongará al menos hasta el próximo 25 de septiembre. Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, tal y como le habían pedido la Fiscalía y el resto de acusaciones, en una resolución en la que esgrime la "especial complejidad" de la causa y la necesidad de esperar a que Francia autorice que se investigue a los imputados que no fueron entregados en su día por estos hechos.

En el auto en el que acuerda la medida, el instructor recuerda que el avance de la investigación "está pendiente de la práctica de diligencias que requieren el auxilio judicial internacional". Y precisa que "los investigados que no han sido entregados por la presente causa por las autoridades francesas se acogieron al principio de especialidad" (negándose a declarar por este motivo), "por lo que el procedimiento requiere la autorización de dichas autoridades para poder ser dirigido contra los mismos".

Pero, además de la ejecución de las OEDE -añade García Castellón-, queda también pendiente la valoración de diversa documentación y está todavía a la espera de recibir un informe policial sobre la troqueladora que se utilizó para falsificar la matrícula del coche bomba utilizado por los terroristas en Santa Pola, que podía acarrear una nueva imputación y de la que previsiblemente se derivarán "otras actuaciones de investigación".

De ahí que, tras la petición de las acusaciones, el juez se incline por ampliar seis meses más el plazo de la investigación judicial.

Decisión "colegiada"

García Castellón investiga por estos hechos -tras reabrir la causa en marzo de 2022 por una querella de Dignidad y Justicia (DyJ)- a María Soledad Iparraguirre, "Anboto"; Mikel Albisu, "Mikel Antza"; Ramón Sagarzazu, "Ramontxo"; Juan Antonio Olarra Guridi; Ainhoa Múgica y Félix Ignacio Esparza.

Guardia Civil y Policía consideran -y así lo plasmaron en sendos informes- que los seis exdirigentes etarras participaron en la "planificación" y "autorización" del atentado, en la medida en que formaban parte de la Zuba o comité de dirección de ETA.

En esa misma línea, García Castellón sostiene que la dirección de la banda criminal actuaba "de forma colegiada" en la adopción de las decisiones estratégicas y tácticas, que incluían en ocasiones "la autorización de ciertos atentados terroristas".

Por el atentado de Santa Pola ya fueron condenados como autores materiales los etarras Óscar Zelarain y Adoni Otegi, integrantes del "comando Argala".

En octubre de 2022, el instructor citó a declarar a los seis investigados, a través de videoconferencia desde prisión o desde los juzgados de San Sebastián. Solo Sagarzazu quiso declarar, y negó cualquier responsabilidad en el atentado, e incluso que en esas fechas estuviese al frente del "aparato internacional" de ETA. "Mikel Antza", Olarra Guridi y Ainhoa Múgica se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que quedaron pendientes las comparecencias de "Anboto" (por un problema en el traslado desde el centro penitenciario) y Esparza, que cumple condena en la prisión francesa de Lannemezan. AVT y Dignidad y Justicia pidieron sin éxito a García Castellón que acordase la prisión provisional de "Mikel Antza" y Sagarzazu.

En cuanto a la pista de la troqueladora utilizada para falsificar la matrícula del coche bomba (supuestamente entregada por las autoridades francesas en 2018), el magistrado está pendiente de que Policía y Guardia Civil determinen si se ha hallado huella dactilar que permita involucrar a otros terroristas en el atentado.

La troqueladora, que fue robada el 20 de noviembre de 1999, no fue incautada por las Fuerzas de Seguridad hasta el 31 de mayo de 2005, casi tres años después del atentado. Por este motivo, García Castellón pidió a la Guardia Civil que le detallase las placas de matrícula que fueron utilizadas por ETA en sus atentados o que fueron incautadas a la banda terrorista entre ambas fechas. Con el resultado de esos informes, el instructor decidirá si imputa -como l pide Dignidad y Justicia- al etarra Ibon Echezarreta, "Potxolo", condenado a 290 años de prisión por atentar contra el cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo y a 39 años más por el asesinato del exgobernador civil de Guipúzcao Juan María Jáuregui.