La jueza sospecha que el guardia civil del «caso Mediador» escondía dinero en Bélgica

El Juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que investiga en una trama de corrupción bautizada como el «caso Mediador», ha pedido a Bélgica conocer si allí tiene cuenta Francisco Espinosa Navas o algún miembro de su familia en la que se guarde dinero no declarado al fisco español. Este general de la Guardia Civil se encuentra en prisión provisional desde hace una semana acusado de ser uno de los cabecillas de la red que captaba a empresarios en Canarias para el pago de mordidas a cambio de favores. Según los informes policiales en la pata política de este entramado se encontraban el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y el director general de Ganadería de Canarias (y sobrino del primero) Taishet Fuentes.

Fue el pasado 11 de noviembre, mientras la causa permanecía secreta, cuando la magistrada acordó una Orden Europea de Investigación (OEI) para pedir los datos a Bélgica «a fin de que, respecto a las personas físicas que a continuación se relacionan, se realicen de forma discreta y encubierta las gestiones detalladas», rezan los documentos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. Las personas físicas a las que se refiere son, concretamente, Espinosa Navas, su mujer y sus dos hijos.

Las sospechas de cuentas en el extranjero nacen de un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el que se recoge tanto la declaración de Antonio Navarro Tacoronte (uno de los principales investigados y el «mediador» en los negocios) como de los mensajes de su móvil. Según Navarro, el general en una ocasión le dio una cuenta bancaria para cobrar las comisiones por sus gestiones que empezaba por BE67..., un código numérico que corresponde a un producto bancario o financiero de Bélgica. «Estaba un poco borracho, pero horas después le escribió diciéndole que no transfiriese nada porque faltaban números. Nunca llegó a transferir nada, pero le pareció un dato curioso», consta dicho por Navarro ante los investigadores.

Los agentes del Instituto Armado comprobaron que, efectivamente, en el teléfono de Navarro había un Whatsapp del general Espinosa Navas con un mensaje en esos términos: «Antonio, buenos días, mira que con el número ese que te di ayer no hagas nada porque faltan números ¿eh?, no hagas nada que faltan números me he dado cuenta que te faltaban ahí algunos números, así que, eh... ya hasta que no nos veamos por favor no hagas nada, un fuerte abrazo». Según consta en la documentación, los investigadores quieren saber «si los beneficios indebidamente obtenidos» como resultado de su papel en la trama corrupta fueron a parar al extranjero «como estrategia de ocultación que dificulte la detección de sus actividades».

Espinosa Navas ingresó en la academia general militar en 1973 y cinco años después ya era teniente. Pasó por la jefatura de la comandancia de Algeciras entre 2000 y 2004, luego estuvo de agregado en la embajada de España en Francia entre 2004 y 2008, un puesto codiciado entre las Fuerzas de Seguridad porque el sueldo mensual ronda los 10.000 euros. Fue jefe de la comandancia de Las Palmas de Gran Canaria durante los siguientes cuatro años y es gracias a ese cargo que los investigadores achacan su papel como persona influyente en el territorio. El rol del guardia civil en la red ilegal consistía presuntamente en transmitir a los empresarios «altas posibilidades de gestión y éxito en sus proyectos, también a cambio de las correspondientes e ilegítimas comisiones», señala la Fiscalía. Una cuantía que Navarro estimó entre 3.000 y 20.000 euros según el proyecto y el empresario.

La carrera de Espinosa Navas siguió en línea ascendente y durante el mandato del presidente Mariano Rajoy estuvo en la cúpula de la Guardia Civil, siendo «número dos» del jefe del Estado Mayor de la Benemérita. Eso fue entre 2013 y 2016, momento en el que llegó a la Jefatura de la Secretaría de Cooperación Internacional y de aquí pasó a un puesto de director del proyecto GAR-SI Sahel (grupos de vigilancia e intervención en el Sahel). Un trabajo del Ministerio del Interior financiado por la Comisión Europea que consiste en labores de seguridad y estabilización de los países y que, según las fuentes consultadas, el salario ronda los 15.000 euros mensuales. Allí estuvo hasta que en enero de 2021 se retiró.

Navarro lo apodaba «Papá». «Todo lo que hago con África a través de ‘Papá’ ¿Vale?», consta en un mensaje del «mediador» a un empresario. A lo largo del sumario se indaga en empresas de drones o de placas solares que querían instalarse en en países como Malí y en Canarias. El general de la Guardia Civil era supuestamente un facilitador de estos trabajos y a cambio los empresarios le sufragaban viajes para ver a su amante (a quien le pusieron el mote de «chocho volador»), hoteles, restaurantes, fiestas y otro tipo de regalos. Por ejemplo, una buena caja de puros.