Junts exige al Gobierno que retire los tres decretos para negociarlos y pactarlos

Junts se mantiene en su rechazo a los tres decretos del Gobierno. De hecho, su portavoz Josep Rius ha reclamado al Gobierno que los retire para "volver a presentarlos negociados y pactados", antes de que se voten y decaigan este miércoles en el Pleno en el Congreso. A juicio de los posconverventes, los tres decretos suponen poner en peligro la aplicación de la amnistía, un "recorte" de competencias y agravan la "infrafinanciación".

"En esta legislatura no funcionará el 'a cambio de nada'", ha avisado Rius al PSOE, asegurando que debe tener "muy claro" que Junts no ha firmado un "acuerdo de legislatura". Junts, según ha expresado, va a dar estabilidad en función de si hay avance en "dos ejes": "Tanto en el nacional como en el autogobierno". Es decir, si hay avances en la negociación del referéndum y la amnistía y si hay mejoras en las competencias para la Generalitat.

Por su parte, Esquerra se ha desmarcado de la posición de los de Carles Puigdemont y ha anunciado que votará a favor de las tres iniciativas. "Entendemos que son cuestiones que mejoran la vida de las personas", ha señalado la portavoz de ERC Raquel Sans. La portavoz ha aplaudido que las propuestas planteen "mejoras" como la flexibilización del acceso al paro, la revalorización de las pensiones y agilizar la administración en los procesos judiciales, entre otros. Además, también incluirán las resoluciones prejudiciales en Europa: "Nos da mucha más seguridad que sea la justicia europea la que se pronuncie en primer término".

Es decir, los republicanos adoptan una posición diametralmente opuesta a la de Junts: los posconvergentes creen que el decreto 6/2023, que incorpora una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pone en peligro la aplicación de la amnistía porque "supone dar instrumentos a la cúpula judicial para dilatar" la ejecución de la medida de gracia. En cambio, ERC considera que es preferible esa opción porque confían plenamente en la Justicia europea. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil añade el artículo 43bis, que regula la cuestión judicial previa, que son consultas que los jueces pueden hacer al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para interpretar la aplicación del Derecho de la UE. Si un juez, antes de aplicar la amnistía, opta por una cuestión prejudicial, dejará en suspenso la ejecución de la medida de gracia, que Puigdemont pretende que sea en dos meses, sin ningún tipo de dilación.

Ahora mismo, pese al apoyo de Esquerra, el Gobierno sigue sin los votos suficientes para que salgan adelante los tres decretos. En concreto, este miércoles se votan el decreto 6/2023 y el decreto 7/2023, relativos a compromisos con la Unión Europea para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos (son medidas en en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y en materia de subsidio por desempleo). El decreto 8/2023 es el relativo a las medidas anticrisis y ahí sí que aparecen, entre otras cosas, las ayudas a los usuarios para reducir el coste del transporte público, pero Junts también votará en contra.