Juristas y eurodiputados tras la potente ofensiva política y judicial de Feijóo contra la amnistía

El Congreso de los Diputados pone hoy en marcha la máquina parlamentaria para tramitar la ley de amnistía. Los socialistas saben que ahora empieza «lo más difícil», porque el choque político y judicial llegará a niveles máximos. La estrategia de poner sordina al debate, echando mano de Vox, tiene un recorrido limitado, aunque es una de las bazas en la que confía Moncloa. La otra es la «doble baraja», que ya ayer empezó a verse en manos del Gobierno. Es el caso de la negación por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la negociación bilateral con Carles Puigdemont en materia fiscal y de financiación autonómica, pese a la letra del pacto de investidura de Pedro Sánchez.

La amnistía se enfrenta en el Parlamento a un camino tortuoso, no sólo por los obstáculos que pondrán en el camino PP y Vox, cada uno con una estrategia diferenciada, sino porque tampoco está claro hasta dónde puede llegar el pulso entre Junts y ERC en el proceso de enmiendas. El PSOE intenta conjurar este camino con la advertencia de que sólo aceptará retoques técnicos, pero los de Oriol Junqueras ya pisaron ayer el terreno de presionar por esta vía a los socialistas. Ya desde que la propuesta legal se hizo oficial, ERC hizo ver sus objeciones contra su contenido por considerar que existe el peligro de que los procesados de los CDR quedaran fuera. Junts tiene la misma preocupación con respecto a los procesados de Tsunami Democrático. Ahí están las causas en las que pesa un posible delito de terrorismo, y los dirigentes independentistas temen que la nueva norma no blinde la impunidad para estos encausados.

 El PP lleva semanas elaborando una potente ofensiva política y judicial para hacer frente a la ley de amnistía durante su trámite parlamentario, con deriva en las instituciones europeas, un camino que los populares ya han empezado a transitar. Mantienen una interlocución constante con el Partido Popular Europeo (PPE) y también con responsables de Justicia comunitarios.

Por eso será el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el que hoy tome la palabra en el Pleno de la toma en consideración del proyecto, como símbolo de la batalla que ha preparado el PP en las instituciones contra la impunidad al independentismo. Cuando se apruebe la norma habrá una nueva convocatoria social en la calle.

La espantada del Gobierno, desde Sánchez a la mayoría de los ministros, por problemas de agenta, no quitará volumen a la confrontación que hoy se visualizará en el Parlamento.

En el PSOE sostienen que «lo difícil empieza ahora», aunque su confianza esté puesta en la capacidad de Pedro Sánchez «de jugar con varias barajas a la vez». Esto cuadra con las declaraciones de la ministra de Hacienda negando ante los consejeros autonómicos la negociación bilateral con Puigdemont, y también cuadra con el hecho de que decaiga una de las propuestas en las que el expresidente de la Generalitat, todavía hoy en situación de prófugo de la Justicia española, basó su decisión de dar un giro copernicano a su posición para copiar la estrategia del pragmatismo de Junqueras, o eso es lo que dan a entender fuentes socialistas.

Justo un día antes de que el Congreso reciba la amnistía, desde Bruselas llegó la información de que se enfriaba la posibilidad de que el catalán, el gallego y el euskera se conviertan en lenguas oficiales de la UE. España ha renunciado a incluir el asunto en el orden del día del último Consejo de Asuntos Generales de su presidencia rotatoria, que se celebra hoy en Bruselas. De esta forma, el tema lo heredará la presidencia belga a partir del 1 de enero, y dejará de ser un asunto prioritario , como sí lo ha sido para España desde que se conoció el resultado de las elecciones generales.

El presidente del Gobierno no estará hoy en el debate parlamentario, pero ayer sí bromeó sobre el mediador en la presentación de su último libro «Tierra firme». También llegó a decir que la amnistía es un paso trascendente para la democracia, aunque en campaña electoral negara su constitucionalidad y no fuera en su programa.

De la misma manera que el PSOE confía en que las artes de Sánchez para «jugar con varias barajas» les salve de la caída por culpa de la amnistía, el independentismo, y, en concreto, Puigdemont, miden su crédito en su capacidad de no dejarse enredar por Moncloa. Para poner sordina a la polémica, desde el entorno de Sánchez aseguran que Puigdemont se conforma con la amnistía, y que todo lo demás que acompaña a la investidura forma parte del teatro soberanista. Esto explica, según sostienen, que la ministra de Hacienda dijera a los consejeros autonómicos del ramo que no deben preocuparse porque no hay ninguna negociación abierta con Puigdemont que afecte a la financiación autonómica. Sánchez también sacó ayer pecho con el argumento de que la amnistía cuenta con la mayoría absoluta del Congreso y no está entre las principales preocupaciones de los españoles.

Desde el PP, su portavoz, Borja Sémper, confirmó que su partido no descarta ninguna iniciativa parlamentaria contra esta ley «inconstitucional» que constituye un «atropello» de Sánchez en beneficio propio.

En el Parlamento tampoco habrá unidad de acción entre PP y Vox. Los populares seguirán su propia estrategia, definida con el apoyo de juristas y también de europarlamentarios.

Como nada es casual en política, justo ayer, horas antes de que se produzca el primer debate parlamentario sobre la amnistía, y cinco días después de haberlo anunciado en los medios, el gabinete del presidente del Gobierno contactó con el del líder del PP para poner fecha a una próxima reunión.