Juristas promueven un manifiesto contra la amnistía: "España, ¿hacia un Estado de no Derecho?"

Un grupo de juristas ha impulsado un manifiesto contra la ley de amnistía ante lo que consideran síntomas de una "democracia menguante". Según denuncian en el texto, la separación de poderes "podría pasar a mejor vida si se cumple todo lo pactado en Bruselas" entre el PSOE y Junts per Catalunya para asegurar la investidura de Pedro Sánchez.

Los firmantes del documento -que proceden del ámbito de la abogacía, la cátedra universitaria y de la judicatura- dejan claro en primer lugar que su pronunciamiento "en ningún momento debe ser interpretado como un posicionamiento político, sino como un acto de responsabilidad, movido por el conocimiento de las repercusiones para la convivencia social que provoca el incumplimiento de las leyes".

Tras expresar su "respeto profundo al principio democrático y al Poder Legislativo y a los límites que el Estado de Derecho y la Constitución nos marcan a todos", aseguran que con este paso al frente solo pretenden transmitir públicamente su opinión como juristas.

"Nuestro país era en 2022 una democracia menguante", afirman, una mengua que -añaden- "ha sido tan rápida que, apenas unos meses después, nos preguntamos si estamos en el camino de dejar de ser un Estado de Derecho".

"Si alguien cree que esta afirmación es excesiva, no tiene más que releer el texto del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que sigue por cierto en vigor, que nos dice que: "Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, carece de Constitución"".

"Ostensible arbitrariedad"

Según exponen, la futura ley de amnistía -que el Gobierno y sus socios tienen previsto registrar mañana en el Congreso- "no saldrá de la libre decisión de un Parlamento ya constituido, sino de uno al que se impone esa amnistía como "condición sine qua non" para constituirse, investir al presidente y darle estabilidad durante toda la legislatura".

Es -recuerdan- el "trato" al que se refirió el pasado 26 de octubre el expresidente del Tribunal Supremo Javier Delgado y exmagistrado del Tribunal Constitucional cuando afirmó que "la amnistía acordada en cumplimiento del "trato" resulta manifiestamente inconstitucional por razón de su ostensible arbitrariedad".

Para este grupo de juristas, ese "trato" "no permite ya seguir mirando para otro lado". Por un lado, argumentan, porque "promete la amnistía de quienes pretendieron subvertir el orden constitucional proclamando unilateralmente la independencia de Cataluña, y que siguen reservándose expresamente su ilegítima hoja de ruta".

Por otro, porque entienden que el acuerdo "amenaza con perseguir a los jueces que se limitaron a aplicar la Ley y somete al escrutinio de unas comisiones parlamentarias de investigación las decisiones que se vean obligados a adoptar en el futuro en aplicación de la ley de amnistía que está en la base del acuerdo de investidura".

"Quiebra evidente de la separación de poderes"

Algo que supondrían, alertan, "una intromisión en la independencia de los jueces, pilar básico del Estado de derecho y una quiebra evidente de la división de poderes", tal y como han manifestado todas las asociaciones judiciales. Los juzgados y tribunales, recalcan, "se limitan a cumplir con el mandato constitucional del artículo 117, actuando con independencia y sometidos únicamente al imperio de la ley aprobada por el Parlamento".

Estos juristas mantienen que esa iniciativa supondría asimismo "una clara violación" del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, "que establece que la Unión se fundamenta, entre otros valores, en el respeto al Estado de derecho".

En definitiva, concluyen, "se trata de un pacto lesivo de principios constitucionales en lo que dice (división de poderes, independencia judicial y seguridad jurídica) e inquietante en lo que calla".

De ahí que pongan de manifiesto su "más honda preocupación ante semejante "trato" arbitrario que, de llevarse a efecto, supondría la desaparición del Estado de Derecho que con tanto esfuerzo de muchos hemos logrado construir a lo largo de estas décadas".

El manifiesto lo firman Tomás Ramón Fernández, catedrático emérito de Derecho Administrativo y abogado; Juan Ramón Fernández Torres, catedrático de Derecho Administrativo y abogado; Diego Gómez Fernández, abogado; José Ramón Chaves García, doctor en Derecho; José Luis Piñar Mañas, catedrático de Derecho Administrativo y abogado; Silverio Fernández Polanco, abogado; Luis Medina Alcoz, profesor titular de Derecho Administrativo; Concha Jiménez Shaw, doctora en Derecho y abogada; Raúl C. Cancio, letrado del Tribunal Supremo; Rafael Rossi Izquierdo, abogado; Esteban Umerez Argaia, abogado; Roberto O. Bustillo Bolado, catedrático de Derecho Administrativo; Lucas Blanque Rey, letrado del Consejo de Estado y abogado; Ana Sánchez Lamelas, profesora titular de Derecho Administrativo; José Luis Villar Ezcurra, profesor titular de Derecho Administrativo y Abogado; y Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de Sola, magistrado.