Política

Barcelona

El Govern se personará para defender a los votantes del 1-O que la Fiscalía quiere investigar

El ministerio público cree que hay indicios de su participación en los delitos de resistencia y desobediencia grave

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad en los alrededores del colegio Ramón Llull de Barcelona el 1-O
Agentes antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad en los alrededores del colegio Ramón Llull de Barcelona el 1-Olarazon

El ministerio público cree que hay indicios de su participación en los delitos de resistencia y desobediencia grave

El presidente del Govern, Quim Torra, ha asegurado este lunes que se personarán para defender a la decena de votantes del 1-O que la Fiscalía quiere investigar.

En la presentación del libro '1 judici (polític) i 100 preguntes', ha atribuido esta investigación a una campaña del miedo: "Esto no lo podemos tolerar de ninguna de las maneras". "Con estos ciudadanos, la Generalitat estará siempre a su lado", ha añadido el presidente.

La Fiscalía quiere imputar a una decena de votantes del 1-O en las escuelas Pau Claris y Mediterrània de Barcelona, al entender que ejercieron una oposición "obstinada, persistente y reiterada"a los policías que iban a impedir el referéndum, con una "voluntad rebelde".

Así consta en un escrito, a que ha tenido acceso Efe, en el que el ministerio público se adhiere a la petición de los representantes del Sindicato Profesional de la Policía para que la Audiencia ordene imputar a votantes que protagonizaron "sentadas"en colegios que acogían urnas, en la causa que investiga a una treintena de policías nacionales por las cargas del 1-O en Barcelona.

También la Abogacía del Estado se ha adherido al recurso presentado por el sindicato policial y ha pedido que se impute a una cuarentena de votantes que denunciaron haber sufrido lesiones en las cargas de la Policía Nacional para impedir el referéndum.

Concretamente, la Fiscalía cree que hay indicios de su participación en los delitos de resistencia y desobediencia grave en el caso de nueve de los concentrados en la escuela Pau Claris y a otro del centro Mediterrània de la capital catalana.

En el caso de esos votantes, el ministerio público considera que eran "plenamente conscientes"de que los agentes policiales debían cumplir el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impedir el 1-O y, pese a ello, "hicieron todo lo posible para no colaborar con ellos".

Para la Fiscalía, la intervención policial en el colegio Pau Claris "era suficientemente elocuente de lo que los ciudadanos congregados en el colegio debían hacer a la llegada de los agentes: desalojar el acceso y permitir el paso a la fuerza policial para cumplir el auto".

No obstante, según se desprende de los vídeos aportados en la causa, los concentrados mantuvieron "una oposición obstinada, persistente y reiterada"al cumplimiento de la orden judicial, "expresiva de una voluntad rebelde de desatender sus decisiones y menoscabar el normal ejercicio de la función pública".

Los concentrados, añade el fiscal, utilizaron una "resistencia activa"en una sentada de un centenar de personas, "lo que, unido al generalizado clima de hostilidad hacia los agentes, motivó el uso por su parte de la fuerza mínima indispensable para abrirse paso y cumplir el mandato policial".