La Fiscalía de la Audiencia Nacional respaldará la petición de Covite, el colectivo de víctimas del País Vasco, de que se cite a declarar como testigos a los seis integrantes de la Comisión Internacional de Verificación que ayer anunciaron el supuesto desarme de los terroristas.

Horas después de que los «verificadores» escenificaran en Bilbao esa iniciativa de la banda criminal, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, remitió un escrito al juez de guardia de la Audiencia, Ismael Moreno, en el que solicita la citación de Ram Manikkalingam, ex asesor presidencial en el proceso de paz de Sri Lanka; Ronnie Kasrils, ex ministro sudafricano; Chris Maccabe, ex director político de la Oficina de Irlanda del Norte; Satish Nambiar, ex vicejefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de India; Fleur Ravensbergen, ex integrante del Partido Laborista holandés, y Aracelly Santana, ex representante de la ONU en Nepal y Libia.

Según confirmaron fuentes fiscales, la Fiscalía considera pertinente que los seis «verificadores» comparezcan en el tribunal para –como sostiene Covite en su escrito– «concretar la identificación y paradero de los terroristas con los que se han reunido así como la situación geográfica de parte del armamento en posesión de los mismos».

El colectivo que preside la hermana de Gregorio Ordóñez –el concejal del PP asesinado por ETA en 1995– defiende que se les tome declaración «por tener conocimiento detallado sobre hechos relativos a la organización terrorista ETA» y con la esperanza de que sus palabras contribuyan a la «persecución de delitos de terrorismo perpetrados por dicha organización».

Contacto con dirigentes

«Si han estado en contacto con dirigentes de ETA y conocen la ubicación de los zulos parece muy razonable que testifiquen y declaren lo que sepan al respecto», aseguran fuentes fiscales. Si finalmente la Audiencia acuerda las citaciones, es más que previsible que los «verificadores» hayan abandonado ya España por lo que, añaden esas mismas fuentes, «entonces habría que citarlos mediante comisiones rogatorias». Si, una vez fuera de nuestro país, no atendieran esa petición, habría que esperar a que regresen para trasladarles esa hipotética citación judicial, que estarían obligados a atender.

En su escrito, la presidenta de Covite enumera las cuestiones sobre las que debería interrogarse a los seis «verificadores»: la identidad de los terroristas con los que se han reunido, especificando «lugares y fechas»; el emplazamiento donde se encuentra «el arsenal de la banda» al que han hecho referencia (incluso con imágenes grabadas) y «cuantas cuestiones se estimen necesarias en relación» a estos hechos y a la cita mantenida con la cúpula terrorista.

Los miembros de la comisión, recuerda Consuelo Ordóñez, «no han dicho ni dónde se produjo la operación, ni quiénes estaban en la misma, pudiendo incurrir con ello en un delito de obstrucción a la Justicia».

La citación judicial de los «verificadores» internacionales se produciría, en todo caso, como testigos, y no como imputados, puestos que «no se les puede achacar que hayan colaborado con la banda terrorista», aseguran fuentes jurídicas.