La Junta le pide una cuenta a Guerrero para pagarle 75.000 euros de atrasos

SEVILLA- Las vueltas de tuerca ligadas al «caso ERE» parecen no tener fin. El imputado en el proceso judicial en el que la cúpula de la Junta ha puesto a menudo los focos, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ha recibido un escrito con un remitente: la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, dependiente de la Consejería de Hacienda. ¿Qué contenía el escrito? Una resolución del 15 de julio por la que se le asigna un puesto de trabajo en la Administración autonómica «en cumplimiento de sentencia», según consta en el texto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La historia se remonta al 12 de enero de 2012, fecha en la que el Gobierno andaluz aceptó, aunque no estaba obligado a ello, el reingreso al servicio activo que el ex alto cargo, funcionario en excedencia voluntaria del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) desde noviembre de 2009, había solicitado en 2011. El Ejecutivo regional le concedió el retorno por necesidades del servicio pero éste no se hizo efectivo dado que, de forma simultánea, Guerrero fue declarado por la misma resolución en suspensión provisional de funciones y no se le asignó puesto alguno. ¿La causa? Se encontraba «incurso en un procedimiento judicial en el que le imputaban delitos contra la Administración de la Junta de Andalucía», según se explica en la nueva resolución. Es decir, la titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, lo había ubicado ya en la trama de los ERE irregulares.

El ex director general recurrió esa decisión, dado que otros imputados en las mismas diligencias trabajan aún para la Junta, y el 24 de marzo la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló a su favor y ordenó al Gobierno autonómico que designara una vacante para él y la retribución económica que le correspondía «desde que debió incorporarse al puesto».

Ahora el cumplimiento de la sentencia se impone. La Junta sigue lo marcado por el TSJA y asigna al ex director general el «puesto de trabajo código 86110, denominado auxiliar administrativo, adscrito al Instituto Andaluz de Administraciones Públicas» y lo hace «con efectos económicos y administrativos de 23 de enero de 2012». Si bien, matiza que su situación administrativa continúa siendo: en suspensión provisional de funciones.

Piden además a Guerrero que, «para el abono de las retribuciones correspondientes», facilite al mencionado instituto sus datos bancarios, es decir, una cuenta. Según ha podido saber este periódico, el ex alto cargo ya ha comunicado esa información a la Administración.

Guerrero reclama 2.525,25 euros brutos mensuales, a multiplicar por los meses que le «deben» con carácter retroactivo, lo que supondrían ya más de 75.000, según los cálculos de su abogado, Fernando de Pablo. Con todo, la cifra podría reducirse si al final lo suspenden. Una parte de ese dinero sería legalmente inembargable por parte del juzgado de Alaya.