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La testigo clave: Chaves y Griñán «conocían la gestión»

Denunció ante el juez que los expedientes que han llegado a la causa «no son con los que yo trabajé».

  • Los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el juicio de los ERE
    Los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el juicio de los ERE
Sevilla.

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30 de mayo de 2018. 03:26h

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N. Acedo.  Sevilla. 30/5/2018

La arquitectura en la que se montaron las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos no era desconocida. La ex asesora de la Dirección General de Trabajo, María José Rofa, una testigo contraria al cocido de silencios y de no recuerdos en el que se convirtieron otras declaraciones, lo dejó claro ayer en su segunda jornada en el estrado del juicio de la rama política de la «macrocausa». Tras el interrogatorio de la Fiscalía tomó la palabra el abogado del PP-A, Luis García Navarro, quien le preguntó si podía deducir de las explicaciones que había dado en la Sala que tanto el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán como su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ambos investigados en esta pieza, tuvieron conocimiento de «la gestión de la Dirección General de Trabajo con cargo al programa de ayudas de la 31L», el llamado mediáticamente «fondo de reptiles» que nutrió las subvenciones bajo sospecha. Rofa respondió que «entendía que sí» y argumentó su creencia. Relató que en la época en la que ella estuvo como asesora en Trabajo, el «gabinete» pedía «suficiente información» sobre «los conflictos, los pagos, las protestas...». «Puntualmente, cada vez que surgía una queja o un conflicto», matizó tras evocar aquel tiempo. El letrado de los populares, personados como acusación popular, quiso ahondar también en palabras que la ex asesora «amenazada», según ella, había pronunciado el día anterior a borbotones: que «las ayudas podían venir decididas la mayoría de las veces desde más arriba» a la dirección general a la que ella estuvo hilvanada. García Navarro le solicitó que precisara de dónde venían esas órdenes, a lo que Rofa contestó que de «alguien superior a un director general, llámese consejero, llámase viceconsejero».

La testigo confirmó además en su tono replegado que la «tensión» se extendió «como la pólvora» en su ex departamento tras saltar el escándalo de Mercasevilla, en cierta forma el germen de los ERE, y que «todos estaban «en cuestión». Lamentó que, a su juicio, el Gobierno autonómico reaccionara tarde, sólo cuando se detectó a los llamados intrusos –personas que nunca habían trabajado en las entidades beneficiarias–, y constató que los expedientes que han llegado a la causa «no son» los que manejaba en la Dirección General de Trabajo. «No son con los que yo trabajé», proclamó. Según su versión, «se complementaron» y se mandaron al juzgado «expedientes mucho más desordenados» y parciales.

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