Renuncian a la consulta a las bases tras el «hackeo» de la web y asumen la responsabilidad.

Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles en unidad de acción anunciaron ayer que aceptan la «propuesta de acuerdo» de equiparación salarial presentada por el Ministerio del Interior. El portal de acceso en el que las bases de los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles podían votar sobre la oferta de Interior fue objeto el lunes de un «ataque brutal, ajeno a cualquier problema técnico del servidor», que la empresa que da alojamiento al dominio consideró «organizado». Tras varios intentos por reiniciar el sistema, por la noche lograron restablecerlo, pero se volvió a bloquear por lo que, tras varias reuniones, decidieron ayer «asumir la responsabilidad» de aceptar la oferta de Interior después de que sea «imposible» que se pueda proceder a la votación online «porque no hay tiempo» –al tener que dar una respuesta en dos días– y al no poder garantizar que, de volver a intentar poner en marcha la web o vincularla las páginas de los sindicatos o asociaciones de guardias civiles, se corre el riesgo de un nuevo «hackeo», quedaran expuestos los datos de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los sindicatos y asociaciones daban por cerrado este proceso y anunciaron que hoy interpondrán una denuncia a la en la Unidad Central policial especializada correspondiente, «para que se investigue, hasta sus últimas consecuencias», el origen del ataque, las personas que han participado y sus conexiones.

Será mañana cuando ambos Cuerpos se vuelvan a reunir con el secretario de Estado de seguridad, José Antonio Nieto, para firmar la «propuesta de equiparación» que subrayan es «un inicio» de la equiparación real con los Mossos. Recuerdan que aún queda camino por recorrer ya que en dicha oferta está la propuesta de impulsar una ley que imposibilite que las desigualdades salariales puedan volver a darse y el compromiso de Interior de, mediante una consultoría externa, analizar pormenorizadamente y puesto a puesto las diferencias y, si concluye que el coste es mayor del previsto –807 millones– se destinarían nuevos fondos extra hasta culminar con la equiparación real.

Los sindicatos y asociaciones han sopesado además las reivindicaciones «de miles de ciudadanos que ya están en las calles presionando para acogerse a equiparaciones salariales similares» y cuya fuerza va a obligar al Gobierno «a tener que repartir y priorizar». Se refieren en concreto a «jubilados, militares, médicos, funcionarios de justicia y un largo etcétera, con todo el derecho del mundo». En este escenario, consideran que «1.207 millones de euros (807 de ellos, sólo para equiparación) es una cifra que no puede ser valorada en coordenadas de “todo o nada”. Porque la cuerda tiene un fin y ese final puede ser la ruptura».

El Ministerio del Interior se compromete a un esfuerzo presupuestario en tres años, de 2018 a 2020, que alcanza los 1.207 millones (500 de ellos, a aplicar este año y con efectos retroactivos, desde el 1 de enero) y que permitirá, de media, que un policía nacional gane 561 euros brutos más al mes y un guardia civil 720 más. Un incremento salarial que sería el mayor realizado por un Gobierno en toda la democracia, puesto que, en algunos casos, los más alejados de las retribuciones los cuerpos autonómicos –principalmente los de las escalas y categorías medias y bajas–, el aumento en las nóminas llegaría a ser incluso aún mayor.

La votación sobre la «propuesta de equiparación» ha dividido a policías y guardias civiles y ayer los chats de grupo tenían diversidad de opiniones. Algunos agentes indicaron a este periódico que a quien no le parezca bien el acuerdo, «cuando cobren en sus nóminas 200 euros más lo devuelvan para los jubilados, los funcionarios de prisiones, etc».