Los magistrados del TC tendrán el lunes el borrador de la amnistía

Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) podrán examinar el borrador de la sentencia sobre la Ley de Amnistía –que todo apunta que avalará el encaje de la polémica norma en la Carta Magna– desde el próximo lunes, por lo que dispondrán de tres semanas hasta que la ponencia sea debatida en el Pleno que se celebrará a partir del 24 de junio.

Así lo confirman fuentes de la corte de garantías, que señalan que será en el Pleno anterior, que comenzará el 10 de junio, en el que se deliberará sobre las peticiones del PP y del Senado, que al igual que han hecho tres magistrados conservadores –César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo– reclaman al TC que paralice el debate sobre la amnistía hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que han cuatro tribunales españoles (encabezados por el Supremo) han trasladado sus dudas sobre la adecuación al Derecho comunitario de la Ley de Amnistía. En esa sesión se valorará también, apuntan esas mismas fuentes, la posibilidad de plantear, o no, una cuestión prejudicial (lo que igualmente acarrearía la paralización de la tramitación del recurso del PP contra la ley, el primero que resolverá el Constitucional).

Todas las cuestiones planteadas al TJUE por la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal de Cuentas y un juzgado de lo Penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se centran en sus objeciones a la aplicación de la ley a casos concretos (por su supuesto choque frontal con el Derecho de la Unión), y no a reparos de inconstitucionalidad.

Rechazo de plano a ir al TJUE

Fuentes del bloque mayoritario (los progresistas mantienen una mayoría holgada de seis magistrados frente a los cuatro conservadores una vez apartados del debate sobre la amnistía el exministro Juan Carlos Campo, este de motu proprio, y el exvocal del Consejo General del Poder Judicial José María Macías) señalan que dado que esas cuestiones «están íntimamente vinculadas a la resolución de los motivos de inconstitucionalidad» formulados por el PP en su recurso contra la ley, «todas deben ser incluidas en una deliberación conjunta».

Pero, no obstante, dejan claro que no está previsto abrir «nuevos debates procesales» que consideran «ajenos a los planteados en la demanda de inconstitucionalidad y en las alegaciones que el Senado formuló en el momento procesal oportuno». De ahí que, añaden, será la ponente de la resolución, la vicepresidenta del TC Inmaculada Montalbán, quien llevará al próximo Pleno una resolución sobre esas peticiones, que los magistrados resolverán antes de que la propia Montalbán defienda su propuesta de resolución, que previsiblemente avala la constitucionalidad de la amnistía.

Pero fuentes del sector minoritario rechazan que se puedan rechazar por «extemporáneas» las peticiones de PP y Senado para acudir al TJUE o esperar a su resolución sobre la amnistía. «Es obvio que no existe momento preclusivo alguno para pedir y plantear una cuestión prejudicial mientras no se haya dictado sentencia», apuntan, al mismo tiempo que achacan esa previsible desestimación a la intención de «dejar dentro de la causa el menor rastro posible» de esa petición de paralizar la decisión sobre la ley hasta que la Justicia europea se pronuncie. Y es que, según su criterio, tras las peticiones del PP y del Senado se debería dar traslado de las mismas al resto de las partes para que efectuaran alegaciones antes de que el Pleno del TC abordase la cuestión.

Seis meses de trabajo

Desde el TC se pide «tranquilidad» para poder deliberar con sosiego la ponencia sobre la Ley de Amnistía, que llegará al Pleno tras un trabajo de seis meses de los seis letrados del Tribunal Constitucional encargados de elaborar el borrador de sentencia. Los días 24, 25 y 26 de junio serán determinantes para alumbrar la esperada sentencia sobre la controvertida norma (hasta el punto de que desde el tribunal se apunta la posibilidad de que se habiliten las tardes para proseguir con los debates).

La sentencia de la amnistía marcará un antes y un después en la historia del Tribunal Constitucional. Por su trascendencia social y política, el pronunciamiento de la corte de garantía sobre la norma –una de las exigencias del independentismo para respaldar la investidura de Pedro Sánchez– generará un considerable revuelo cuyo eco se escuchará durante años. Como sucedió, por ejemplo, con la sentencia de Rumasa –la expropiación acordada por el Gobierno de Felipe González fue avalada gracias al voto de calidad del entonces presidente del TC Manuel García Pelayo– o con la sentencia del Estatut (en la que el independentismo se escudó para impulsar el «procés»), la decisión del TC sobre la amnistía tendrá indudables repercusiones políticas.