Melilla y Ceuta precisan de protocolos claros de actuación contra la inmigración

Dentro de los distintos destinos que pueden ocupar los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, si hay algunos en los que sus actuaciones son observadas con lupa son los concernientes a las vigilancias de los vallados que separan España de Marruecos en Ceuta y Melilla.

Con una escasez de medios endémica, que nunca se ha terminado de resolver; sin unos protocolos definidos de actuación y bajo la atenta vigilancia de ONGs y partidos políticos, dispuestos a denunciar a los cuatro puntos cardinales lo que aprecien como una irregularidad, la actuación de los agentes, singularmente los de la Guardia Civil, es la prueba más palpable de la voluntad de servicio de estos españoles de uniforme.

En el vallado de unen dos realidades distintas y que no deberían estar enfrentadas, si el asunto se canalizara por otras vías, como las ayudas en origen a los que emprenden la inmigración. Por un lado, la necesidad de éstos, dispuestos a todo, para encontrar una vida mejor que les permita salir de la miseria; y, por la otra, la legítima acción del Estado, primera frontera de Europa, para frenar el problema de la inmigración ilegal e incontrolada que, muchas veces, demasiadas, se utiliza como arma política contra terceros; y, siempre, en beneficio de las mafias que controlan este fenómeno.

Definido el problema, en el centro están situados los agentes encargados de frenar la inmigración ilegal. La creciente colaboración entre Marruecos y España ha logrado grandes avances al respecto. Y aquí también se produce una situación paradójica. Aquellos inmigrantes que en suelo magrebí han agredido a los agentes de las Fuerzas de Seguridad y tal circunstancia ha sido acreditada ante los tribunales, han sido condenados a duras penas de cárcel y, al final de su cumplimiento, serán expulsados del país. En España, no ocurre lo propio, salvo excepciones.

Todo esto nos conduce a lo ocurrido con el coronel Jesús Vicente Torresano, que estaba al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Melilla y fue cesado por Interior al negarse a abrir expediente a esos guardias civiles que habían actuado durante los sucesos del 24 de junio y pretender abrir diligencias por las agresiones cometidas por los inmigrantes a diversos agentes.

No es el único que se ha producido en la Ciudad Autónoma, si bien los anteriores no terminaron de forma tan abrupta. No es un destino «marcado», todo lo contrario, ya que responde al espíritu del cuerpo de solicitar los destinos de «mayor riesgo y fatiga».

Al ser el asunto de la inmigración ilegal tan polémico, el Gobierno de turno se mueve entre la defensa de los agentes y lo políticamente correcto. Casi siempre todo termina en el despacho del jefe de la comandancia, que como ha pasado en este caso y en anteriores (lo que a alguno le costó sentarse en el banquillo y fue absuelto junto con sus compañeros) opta por lo que cualquier jefe militar ha aprendido a su paso por las respectivas academias: defender a sus hombres cuando tiene acreditado que han actuado correctamente de acuerdo con las órdenes recibidas.

De aquellos terribles sucesos, en los que se produjeron al menos 24 muertos en suelo marroquí, se derivaron unas actuaciones de la Fiscalía, que archivó el asunto en lo que a la actuación de las Fuerzas de Seguridad ya que la consideró adecuada. Sin embargo, dio «traslado de los hechos relativos al lanzamiento de piedras protagonizado por algunos de los agentes de la Guardia Civil actuantes al Director Adjunto Operativo (…) por si fueran constitutivos de infracción disciplinaria».

Una orden de la Fiscalía no puede ser ignorada por la Guardia Civil y se procedió a la apertura de una información reservada. Aunque las fuentes consultadas discrepan en este punto sobre lo que realmente se le ordenó a Torresano y si el asunto no debería haber sido tramitado a través de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía, lo cierto es que el coronel cesado se dirigió en varias ocasiones a la Dirección General con una petición en la que reclamaba algo que todos los agentes que están o han pasado por Melilla, tengan el empleo que ocupen, han formulado: un protocolo claro de actuación; que se abrieran diligencias penales contra los inmigrantes (estaban en los vídeos) que agredieron a los guardias, a algunos de los cuales hirieron de gravedad y que se ampliaran los medios anti intrusión.Esta postura no fue aceptada por la Dirección General, que le conminó, a través de un general del cuerpo, a cumplir en 48 horas las instrucciones recibidas y procediera a abrir expediente a los agentes. Al no hacerlo, se propuso su cese.

Y como guinda, el Congreso reprobó el jueves a Grande-Marlaska, por, supuestamente, haber mentido sobre aquellos sucesos. El titular de Interior defendió siempre la actuación de los guardias, algo que ratificó la Fiscalía, salvo en los casos antes citados. Fue la investigación de estos hechos lo que derivó en el cese de Torresano y un capítulo más que demuestra que los agentes destinados en Ceuta y Melilla precisan de más medios, apoyo y protocolos de actuación adecuados. De lo contrario, si se vuelven a producir asaltos como el del 24 de junio, ¿cuál va a ser la moral y forma de actuar de los guardias civiles?