Miembros del TC asesoran al PSOE para la amnistía

Desde el equipo del Gobierno en funciones que negocia con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont están buscando consejo jurídico en muy variados ámbitos para la redacción de la futura ley de amnistía. Las consultas han llegado a tocar nombres de la máxima confianza de Pedro Sánchez en la mayoría progresista que conforma el Tribunal Constitucional (TC), en un mano a mano que busca mitigar la contestación jurídica al texto y, sobre todo, encontrar fórmulas lo suficientemente ambiguas como para que permitan a las dos partes salvar las caras ante sus respectivas parroquias con la mayor apariencia de constitucionalidad.

Las conversaciones tienen abiertos dos frentes, el político y el técnico, y puede decirse que la redacción del texto ha seguido avanzando a pesar de que aún no estén pulidos aspectos clave del acuerdo.

Moncloa y Puigdemont comparten la misma preocupación por dejarlo «todo atado» para limitar la capacidad de los jueces de reinterpretar la amnistía en un sentido distinto al del legislador, sobre todo por parte del Tribunal Supremo, la Sala que preside Marchena y al juez Llarena.

Llarena, que está pendiente de solicitar la extradición de Puigdemont a Bélgica, puede enviar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, pero también podría presentar una cuestión de constitucionalidad al TC, que este tribunal podría tardar años en resolver, según coinciden destacados constitucionalistas.

El Alto Tribunal se rige por un 7-4: siete vocales progresistas frene a cuatro conservadores y con el presidente, Cándido Conde-Pumpido, también en la órbita socialista. En esa mayoría progresista está el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, militante socialista, y Laura Díez, ex asesora de Sánchez en Moncloa. Cuando Sánchez moldeó la propuesta de renovación del TC que finalmente consiguió pactar con el PP se ocupó de colocar las piezas que ahora permiten a su equipo asegurar que afrontan «con tranquilidad» la revisión de la reforma que negocian con Puigdemont.

Estas consultas informales a afines del TC atienden también a la convicción de que la batalla en los tribunales va a ser de alto nivel. Desde el entorno del presidente en funciones aseguran que las presiones sobre el Constitucional, y en especial sobre el exministro Campo, ya han comenzado: bastaría con que dos de los miembros del sector progresista cambiaran de bando para que el futuro de la amnistía se torciese para Moncloa y Puigdemont. Cabe recordar que el ex ministro de Justicia ya dijo que la amnistía era inconstitucional en el momento en el que se tramitaron los indultos a los líderes del «procés» condenados por el Supremo.

Moncloa también busca asesoramiento jurídico para convencer a Puigdemont de que no pasará igual que sucedió con la reforma del delito de malversación, que el Gobierno pactó con ERC para rebajar las penas de algunos dirigentes soberanistas y que el Supremo acabó interpretando de manera que no concedió al independentismo la ventaja que ellos esperaban.

En el ámbito de la negociación también se escucha decir que Puigdemont tiene que andarse con cuidado para que no le acaben haciendo una envolvente con la proposición de ley que, supuestamente, ya ha aceptado que se tramite después de la investidura de Sánchez, según la versión socialista. Al parecer, el argumento con el que le han convencido –exigía que se aprobara de manera previa– es que si no se gana tiempo la inseguridad jurídica será mayor y también será mayor el riesgo de que la impunidad para los delitos del «procés» pueda acabar tumbada por los tribunales.

Por otra parte, en las últimas reuniones del partido el presidente en funciones está trasladando tranquilidad sobre la marcha de las negociaciones y también aprovecha para desmentir informaciones que circulan, como la de que, si forma gobierno, en dos años dará el salto a Europa. Es recurrente que se hable sobre su proyección personal internacional, pero estos días lo desmiente con la afirmación categórica de que los que no le quieren tendrán que aguantarle otros cuatro años más.

La versión socialista también anticipa que, contra lo que dice la derecha, esta legislatura, que ya dan por hecha, será más fácil de gestionar que la anterior porque no está Podemos, Sumar es más dócil y habrá menos agenda legislativa. Que, además, estará centrada en cuestiones sobre las que los socios no podrán salirse del guion de la mayoría de investidura. «Una vez que estás dentro, salirse luego es muy difícil». Esto se lo aplican también al PNV, que anda marcando distancias con el programa de Yolanda Díaz.