Miguel Pallarés, presidente de la asociación de fiscales que acusa a García Ortiz: "Ser fiscal general y sentarse en el banquillo es incompatible"

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ultima su escrito de acusación contra Álvaro García Ortiz en la causa por la filtración de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su presidente, Miguel Pallarés, califica de «insostenible» para la institución la imagen del fiscal general en el banquillo y cree que está obligado a dimitir. Si hubiera renunciado al cargo cuando el Tribunal Supremo decidió investigarlo –asegura–, su asociación no se habría personado como acusación popular en el procedimiento.

Como miembro de la carrera fiscal, ¿qué siente al ver al fiscal general del Estado procesado por el Tribunal Supremo?

Para todos los fiscales es una situación muy delicada, que calificaría de penosa, porque ver a un fiscal general, que representa a todo el Ministerio Público, sometido a un procedimiento penal es muy desagradable.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no le obliga pero ¿está García Ortiz obligado a dimitir?

Resulta absurdo que el fiscal general, como máximo representante del Ministerio Público, no se vea compelido a aplicarse la misma disposición legal, el artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal, por el que tiene que suspender a una fiscal, en este caso a Pilar Rodríguez, en su misma situación procesal. Legalmente no parece que esté obligado, pero si acude a los principios generales del Derecho, debería renunciar. Si un fiscal, por la importancia que tiene su función, no puede continuar en el ejercicio de sus funciones en esa situación, no tiene ningún sentido que alguien que tiene todavía más responsabilidad siga en su cargo deteriorando así a la institución. En todo caso moralmente por supuesto que está obligado a dimitir.

¿No debería estar regulada expresamente esta situación en el estatuto orgánico?

Nosotros hemos propuesto, visto lo que ha ocurrido, que el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal incluya como causa de cese estar investigado por el Tribunal Supremo. El legislador no había previsto esta causa de cese porque ni siquiera se la había imaginado. Por eso no estaría de mas incluir como causa de cese que el fiscal general esté incurso en una causa penal. Por que una vez tenga la condición de investigado el procedimiento sigue en marcha y te encuentras ante la absoluta anormalidad de que esté declarando y que le esté preguntando un fiscal subordinado a él, como ha sucedido en este caso. Como eso nos parece aberrante, debería incluirse como causa de cese su imputación.

¿Cómo valora la actuación de la teniente fiscal del Supremo en este procedimiento?

Su actuación ya ha sido valorada por los medios de comunicación y por la ciudadanía. Como fiscal, prefiero no hacer valoración del trabajo de una compañera. Pero la situación no la comparto y pienso que no puede ejercer su labor con imparcialidad.

¿Qué supone para el conjunto de la Fiscalía que su máximo representante esté abocado a sentarse en el banquillo?

Es una situación insostenible. Es incompatible ser fiscal general y sentarse en el banquillo por la presunta comisión de un hecho delictivo. Eso no se puede permitir en Derecho.

APIF decidió personarse en el procedimiento para ejercer la acusación popular. ¿Por qué?

Le pedimos al fiscal general que dimitiera y no atendió esa petición, por lo que tuvimos que personarnos porque entendíamos que el Tribunal Supremo no iba a contar con un Ministerio Fiscal independiente, al estar el fiscal que interviniera subordinado a García Ortiz, porque se negaba a dimitir. Dejamos claro a la carrera que si hubiera dimitido no nos habríamos personado, pero no solo no lo hizo sino que tampoco renuncia ahora.

El delito de revelación de secretos lleva aparejada pena de prisión. Una asociación de fiscales pidiendo cárcel para el fiscal general es algo insólito.

Todavía no hemos presentado el escrito de acusación, estamos en fase de reflexión. Pero la petición de pena es consustancial a la calificación jurídica de un determinado hecho. No es que nosotros pidamos pena de prisión, es el propio Código penal el que prevé unas determinadas penas para unas conductas delictivas. Así es el principio de legalidad. Ojalá no tuviéramos que pedir pena de prisión, pero está en el Código Penal.

García Ortiz insiste en su inocencia y niega cualquier filtración, pero borró todos sus mensaje y cambió de móvil. ¿Qué valoración le merece?

Son pruebas indiciarias de la posible comisión de un hecho delictivo. Lo que está claro es que nadie borra lo que le beneficia. Es un indicio más que habrá que poner en relación con el resto. Evidentemente lo que había en esos mensajes no le beneficiaba, porque si no, no lo hubiera borrado.

¿Cree que hay pruebas suficientes para que sea condenado?

Eso no se lo puedo decir. Hemos mantenido un silencio absolutamente escrupuloso durante la fase de instrucción. Ahora es el momento de las acusaciones: valorar todos los indicios y postular nuestra acusación. Estamos en fase de estudio. Queremos ser escrupulosos con el Tribunal Supremo. Eso sí, el archivo no lo vamos a pedir.

En medio de esta situación insólita también hacen frente a una reforma del Gobierno que ni a APIF ni a la mayoría de asociaciones convence.

Se ha hecho de forma unilateral, es una operación de mero maquillaje de cara a Europa. Hay dos avances exclusivamente: el fiscal general se desliga del mandato del Gobierno y no cesa con el Ejecutivo, algo que es positivo. Pero por contra el Consejo Fiscal pierde competencias que asume el fiscal general, y no se refuerzan las juntas de fiscales, salvo la Junta de Fiscales de Sala, pues en cada una de ellas prevalece la opinión del fiscal jefe, que puede imponer su criterio aunque su posición quede en minoría. Además, no se blinda suficientemente la independencia de los fiscales, por ejemplo por la avocación al fiscal jefe de cualquier asunto o porque sigue dejando en sus manos la sustitución de un fiscal.

¿Con esos cambios, que dejan la instrucción en manos de los fiscales, la sociedad puede estar tranquila respecto a la independencia de la Fiscalía?

No se ha hecho una reforma para garantizar la independencia del Ministerio Público y, en esas circunstancias, no podemos garantizar a los ciudadanos que el Ministerio Fiscal pueda asumir las causas penales en España con garantía de imparcialidad e independencia.

APIF también se opone a la reforma del sistema de acceso a la carrera. ¿Por qué?

El sistema de acceso lo modifican sin que nadie se lo haya pedido. No hay ninguna reivindicación social ni de la carrera. A nuestro entender, rebaja el nivel de exigencia. Variar el sistema de ingreso sin consensuarlo con las asociaciones, y probablemente invadiendo competencias del CGPJ, pone en riesgo el Estado de Derecho. No es necesario. No hay ningún tipo de endogamia en la carrera, que se nutre más bien de clase media y trabajadora. No hay grandes fortunas y eso lo sabe el Gobierno. Yo no tengo ningún fiscal en mi familia.

¿Hay motivos para la huelga?

Entendemos que sí. La situación es tremendamente grave. El Gobierno, a pesar del respaldo mayoritario al paro, se empecina en continuar por ahí y no nos va a dejar otro camino que ir a la huelga.

¿Cómo vive como presidente de una asociación de fiscales los ataques a los jueces incluso desde el Gobierno?

Todas las resoluciones judiciales, como la posición del Ministerio Fiscal, son criticables, pero tiene que haber un respeto, sobre todo de personas que integran el Poder Ejecutivo. Sin embargo, asistimos a todo lo contrario: desde el Gobierno se entra en descalificaciones tachando a los jueces prácticamente de prevaricadores. Como presidente de una asociación que impugnó el nombramiento del fiscal general, al no considerarle una persona idónea para el cargo, nos encontramoes con una sentancia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que rechazó nuestro recurso. En un artículo expuse mis discrepancias con el fallo, pero desde el más absoluto respeto y con razones jurídicas.