Una misión de la UE viaja a España para comprobar por qué Sánchez incumple la ley electoral europea

l Gobierno de España es el único estado miembro que se ha negado a introducir todavía la reforma de la ley electoral europea que se aprobó en 2018 con el objetivo de que todos los países fijasen un umbral mínimo de entre el 2 y el 5 % de los votos emitidos para obtener representación. Un porcentaje aplicable a los países que envían más de 35 europarlamentarios, como es el caso de nuestro país.

La negativa del Ejecutivo a cumplir con esta transposición europea favorece claramente a los socios de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, puesto que si el país la hubiese aplicado, por ejemplo, en las últimas elecciones europeas, sus principales socios no habrían obtenido representación en el Parlamento Europeo. Y es que, de acuerdo con la norma, los Estados debían cumplir con el requisito para los comicios de junio de 2024.

El PP denuncia "el precio de los pactos de Sánchez"

Si España hubiese aplicado el umbral mínimo del 2 por ciento de los votos, la coalición del PNV y Coalición Canaria no habría entrado en el Parlamento Europeo. Si se hubiese optado por establecer el nivel más alto –el 5%- la coalición Ahora Reúblicas que obtuvo el 4,9% (ERC, Bildu, BNG y Ara Més), Se acabó la Fiesta (4,6%), Sumar (4,7%), Podemos (3,3) y Junts (2,5%) tampoco habrían entrado. Fuentes del PP aducen razones “de política interna” y critican que “el precio de los pactos de Sánchez con los separatistas lo está pagando toda la UE”.

Con el objetivo de conocer los motivos por los que España pone obstáculos a cumplir con la reforma, la misión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo llegará este lunes a Madrid. Nueve europarlamentarios quieren conocer porque España impide su entrada en vigor, así que examinarán los “obstáculos políticos y jurídicos” que suceden, así como las implicaciones “institucionales y democráticas” de que un único Estado miembro bloquee una reforma adoptada por unanimidad por el Consejo Europeo y por la mayoría del Parlamento Europeo. Además, la misión también tiene interés en analizar la viabilidad política de una nueva reforma del sistema electoral europeo.

Una misión que, sin embargo, se encontrará con la “espantada” del Gobierno de España. Según fuentes europarlamentarias, estaba previsto que fuera el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien recibiera a los europarlamentarios. Éste transfirió la cita al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, el ministro tampoco recibirá a la misión y será la directora de Política Interior Carmen López García quien conteste junto a otros cargos de su departamento, este lunes a las preguntas de la misión. En su equipo inciden en que la organización de procesos electorales entra dentro de sus competencias y aseguran que el ministro cuenta con compromisos este lunes. Marlaska lleva más de dos semanas evitando a la prensa. Sin agenda pública desde que el contrato de armamento a Israel provocara la última crisis en el Gobierno de coalición. Entonces, el presidente del Gobierno decidió desautorizar a su ministro y revocar el contrato que el ministro había ejecutado.

Acto seguido, los europarlamentarios se desplazarán a las Cortes Generales para tener un encuentro con el secretario general del Congreso, Fernando Galindo y un equipo de letrados de las Cortes. La investigación por Madrid les llevará al Tribunal Supremo para entrevistarse con el juez Manuel Delgado-Iribarren. Ya el martes, la misión se reunirá con los portavoces de la Comisión Constitucional y de la Comisión Mixta para la UE. También podrán entrevistarse con distintos catedráticos expertos en la materia.

En el Parlamento Europeo sorprende que España sea el único país que no ha cumplido con la reforma de la ley electoral europea, que si bien no existe una obligación jurídica de ratificarlo, si es un compromiso político asumido por todos los gobiernos del Consejo Europeo. De hecho, fue el propio Sánchez quien asumió ese mandato en 2018, ya como presidente del Gobierno. Eso sí, al no ser la trasposición europea de obligatorio cumplimiento, no podría iniciarse ningún procedimiento de infracción contra España. Sin embargo, al ser España el único país que ni siquiera ha iniciado el procedimiento de ratificación, el Parlamento Europeo, con su misión, busca ejercer presión pública sobre Moncloa paa que cumpla con lo acordado.

Denuncian en el PP, que este “bloqueo unilateral de España socava el principio de confianza mutua entre los Estados miembros y daña la credibilidad del Parlamento Europeo como colegislador.

Por ejemplo, en Croacia, Francia o Polonia el umbral mínimo se encuentra en el 5% para obtener representación, mientras que Italia o Austria en el 4%. En el caso de Alemania, el año pasado ratificó la ley para cumplir en las elecciones de 2029 con la directiva. Países como Bulgaria, Irlanda o Dinamarca y Portugal ya han iniciado los trámites para adaptar sus leyes nacionales al compromiso europeo.