Moncloa intenta «enredar» a Puigdemont con la amnistía

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán en febrero de 2026, salvo que Alfonso Fernández Mañueco decida un adelanto. Hasta entonces, no hay ninguna otra convocatoria de urnas, y a partir de ahí se abrirá un nuevo ciclo electoral. Tanto socialistas como oposición cuentan con que el presidente Pedro Sánchez intentará aguantar hasta esa fecha, aunque no tenga más actividad que su política internacional. Sánchez tiene bloqueado el Parlamento; está atado a un compromiso con ERC sobre el que, a espaldas de los republicanos, dice a través de sus portavoces que no va a cumplir; no ha conseguido romper el frente de los barones populares, que hacen de nave nodriza de Alberto Núñez Feijóo; y tiene el problema añadido de que desde dentro de los suyos han empezado a filtrarse informaciones sobre supuestas «cloacas» de Moncloa –y ahí el nombre que más recelos despierta es el del exministro José Luis Ábalos–.

Moncloa ha conseguido con sus campañas de «regeneración» del clima de opinión que se acepte con casi normalidad que el presidente tiene bula para seguir gobernando hasta cuando quiera, aunque se vea obligado a mantener cerrada su agenda legislativa. Y en el entorno del jefe del Ejecutivo se desviven para convencer a propios y a extraños de que no solo no flojean por las embestidas de cada semana de Junts en el Parlamento, sino que los independentistas están «de capa caída» y «nunca se van a atrever a activar la única bomba nuclear» que podría echarles del Gobierno, la moción de censura. Aun así, Santos Cerdán se desplazó este viernes a Suiza para intentar frenar la escalada de desestabilización de Puigdemont. En lo que están en Moncloa es en intentar enredar al ex presidente de la Generalitat para que crea que todavía está en sus manos hacer que la amnistía se cumpla y que le llegue a él. A pesar de que, en realidad, de quien ya depende es de los poderes del Estado español y básicamente de la Justicia.

Mientras retoman esa negociación, desde Moncloa también implementan una perfecta puesta en escena sobre su presunta seguridad respecto a que siguen teniendo «atado» a Puigdemont en tanto este no se beneficie de la amnistía («y eso va para largo», según cuentan fuera del marco de la negociación con Junts). La consecuencia de este doble juego es que la promesa con la que se justificó la ley de impunidad, aquello de que era la puerta para poder tener una mayoría para aprobar una agenda progresista, ha sido ahora sustituida por la sentencia de que mientras no haya una moción de censura no hay nada que pueda mover al presidente de Moncloa, si él no quiere.

Los gurús del presidente van contando por Madrid, en sus encuentros privados con la élite capitalista a la que luego Sánchez demoniza cada vez que da un mitin, que con la amnistía ya terminaron con la ejecución de los pactos con ERC y que con Junts «no hay nada que hacer» porque Puigdemont «no tiene la estabilidad necesaria para estar a la altura del liderazgo» que cree que representa. «Para qué vamos a asumir más desgaste con nuevas concesiones si luego no tenemos mayoría en el Congreso para sacar nada adelante». Pero por un lado venden este discurso y, por otro, retoman los contactos fuera de España con Puigdemont. Un síntoma de que por más que proclamen que no pasa nada porque no tengan una mayoría en el Congreso, hasta para Sánchez es duro aguantar semana tras semana un Parlamento que le da la espalda o que incluso apoya propuestas contrarias a las que su Gobierno presenta.

Cuadra mal que, por un lado, se esté contando que ya no importa lo que hagan los independentistas y que, al mismo tiempo, se acuda a Suiza a negociar con Puigdemont qué necesita para dejar de boicotear cada uno de los movimientos parlamentarios de los socialistas. Esta pasada semana Puigdemont anunció que votaría de nuevo en contra de la senda de gasto, lo que es lo mismo que pregonar con tiempo de adelanto su «no» a los Presupuestos, en el caso de que se confirme la intención anunciada por Hacienda de que los enviarán al Congreso aunque no tengan los votos para sacarlos adelante.

Puigdemont cree que Sánchez le ha traicionado con la amnistía y con la Presidencia de la Generalitat. Es consciente de que tiene un partido en el que hay división sobre la estrategia, aunque nadie se atreva a discutir su liderazgo, de momento. También sabe que tiene muy difícil rentabilizar nuevas cesiones que en la práctica dependerán en su aplicación del Gobierno de Salvador Illa, por ejemplo la lucha por asumir todas las competencias en materia de inmigración. Esta metido en un callejón de difícil salida, y tiene que decidir si sigue jugando al «mus» con el PSOE o ejecuta la única venganza que puede descabezar al Gobierno. En todo caso, salirse del juego en marcha le anula como ese interlocutor influyente en la Cámara Baja con el que han estado flirteando miembros de la élite económica y empresarial por si con sus siete votos podían colar en la agenda parlamentaria alguno de sus objetivos particulares.

En toda la partida con Puigdemont, en Moncloa se han creído siempre más listos que él, y hoy esta sigue siendo la posición con la que se enfrentan de nuevo a alguien que actúa como lo haría un león herido.