Navarra borra el mérito y prioriza el euskera para la función pública

María Chivite ha cruzado una línea más en su entrega al nacionalismo vasco, usando el poder institucional para consolidar un proceso de euskaldunización que arrasa con los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Bajo la coartada de reducir la temporalidad, su Gobierno ha impulsado una ley que elimina del baremo de selección criterios esenciales como la formación académica, la docencia o la investigación, mientras mantiene como requisito clave el conocimiento del euskera, incluso en plazas donde no existe una necesidad objetiva.

Lo que se presenta como una reforma técnica para adaptarse a una directiva estatal se ha convertido, en clave navarra, en una transformación ideológica de la Administración foral. En lugar de buscar objetivos con criterios profesionales, el Ejecutivo ha alterado la naturaleza misma del acceso a la función pública. El resultado es una norma que debilita los filtros técnicos en favor de una afinidad cultural impuesta desde los postulados más abertzales. El euskera se convierte en el filtro principal, relegando la preparación, el esfuerzo formativo y el mérito.

Navarra, una vez más, se convierte en laboratorio del soberanismo vasco y Chivite actúa como socia útil de EH Bildu y Geroa Bai, alineándose con sus marcos ideológicos y permitiendo que su hoja de ruta –anexión incluida– avance dentro de las instituciones. No se trata de gestos simbólicos o concesiones puntuales, sino de una transformación estructural de la Administración, en la que el idioma se usa como herramienta de discriminación positiva hacia un modelo identitario.

La norma fue presentada inicialmente como decreto y convalidada la semana pasada en el Parlamento foral con los votos de PSN, EH Bildu y Geroa Bai, mientras UPN, PP y Vox votaron en contra. Contigo-Zurekin optó por una abstención crítica. La ley aún no está cerrada: hoy se debatirán las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, tras lograr desde la oposición reconducir su tramitación como proyecto de ley. De no haber sido así, el Gobierno habría impuesto su modelo vía decreto, sin margen para corrección parlamentaria.

Desde el Partido Popular, la diputada Irene Royo denuncia una maniobra que tilda de «atropello institucional»: «Eliminar los méritos formativos en el acceso no solo desprecia el esfuerzo individual, es un ataque directo a la profesionalidad y una amenaza para los servicios que reciben los ciudadanos», asegura a LA RAZÓN. Royo advierte de que el Ejecutivo ha aprovechado la reducción de la temporalidad para crear un sistema de selección que favorece solo a quienes encajan en su modelo ideológico. Por ello tilda la medida de «fraude, trampa o timo», pues con la excusa de reducir la temporalidad buscan borrar mérito y capacidad, introduciendo métodos de admisión que, subraya, recuerdan más a procesos a dedo que a oposiciones abiertas en igualdad de condiciones.

Los socialistas defienden que Navarra sí ha reducido su temporalidad, pasando del 43% al 16% en tan solo tres años, pero reconocen que no se ha conseguido llegar a ese 8% e instarán, vía enmienda, a que también se aplique en las entidades locales.

Consecuencias

Suprimir la valoración de criterios como «formación, docencia o investigación» –siempre reconocidos como méritos– supone una nueva cesión de los socialistas a sus socios y una merma directa en la calidad del personal público. El euskera, por su parte, se convierte en un instrumento excluyente que no responde a necesidades reales, sino a una agenda política. Por ello, el Partido Popular de Navarra exige que, si el euskera se mantiene como requisito también se mantenga el mérito y la capacidad en los concursos públicos de la comunidad foral.

Detrás de esta maniobra hay un claro objetivo: abrir la función pública a perfiles alineados con una visión ideológica concreta, cerrando la puerta a profesionales con sólida preparación pero sin el nivel lingüístico exigido. Y es que el fondo no es técnico, sino político. La desaparición de criterios formativos responde a la subordinación de la Administración a un marco identitario, debilitando los mecanismos objetivos de acceso y sustituyéndolos por filtros lingüísticos que actúan como cribas ideológicas. Está en juego la neutralidad institucional y el derecho de todos los navarros, sin importar su lengua, a acceder en igualdad a empleos públicos.

Desde los círculos abertzales siempre se ha afirmado que «la anexión llegará con el tiempo» y, con reformas como esta, el reloj avanza. De hecho, no han tenido nunca problema de admitir que tenían que ir preparando con medidas «quirúrgicas» a la ciudadanía para que, en el momento menos pensado se dieran cuenta de que están inversos en un proceso del que ya no habrá retorno.

Y es que, lo que está en juego no es solo una lengua, sino el derecho de los ciudadanos a ser atendidos por funcionarios elegidos por su preparación y no por su adscripción cultural.