Okupas y subvencionados

Hay un proverbio español que dice que rectificar es de sabios y, apelando a él seguramente, Manuel Fraga aseguró una vez que Felipe González solo acertaba cuando rectificaba. Sin embargo, lo característico de la nueva izquierda española, y especialmente de la ultraizquierda, es que se equivoca aún más cuando rectifica, porque en realidad todas sus correcciones son siempre para insistir y profundizar en el error y no para revertirlo.

Acabamos de tener una nueva muestra en la proposición no de ley presentada por Sumar, que ante el evidente fracaso de su Ley de Vivienda, constatado en el desprecio por parte de todas las comunidades autónomas y en el empeoramiento de todos los datos sobre acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, no se le ha ocurrido mejor cosa que proponer que los ayuntamientos puedan aplicar la Ley de Vivienda al margen de las comunidades autónomas.

En esta iniciativa se resumen todos los males habituales del dogmatismo ideológico de izquierdas. Por un lado, lo que el pensador inglés Oakeshott caracterizó como el Síndrome de Proscuto, ese posadero que en la mitología griega acogía a viajeros solitarios, a los que les cortaba la cabeza o las extremidades inferiores si no cabían en su cama. Para la utopía comunista, el problema nunca ha estado en sus ideas, sino en la realidad, así que cuando el viajero no cabe en la cama, lo que hacen sus ideólogos es pensar que los hechos se equivocan y que lo que hay que hacer es cortar las piernas o la cabeza de la gente, dicho sea en sentido figurado, naturalmente.

En vez de asumir que sus recetas en vivienda no funcionan y tienen el efecto contrario al pretendido, lo que Sumar plantea, con su fallida proposición de ley, es que el problema está en el huésped, demasiado alto o demasiado bajo, y no en su cama, en la que nadie se puede tender sin sentir incomodidad.

El segundo instinto que queda al descubierto con esta iniciativa del populismo de izquierdas es su tendencia al despotismo y su concepción en el fondo monista de la política. Sumar acusa a las comunidades autónomas gobernadas por el PP del fracaso de su ley. Es completamente falso porque la ley no se aplica en ningún lado, salvo en Cataluña, y ni sus socios de Gobierno la quieren para las comunidades en las que tienen el mando.

Pero si fuera verdad lo que dicen, que ya digo que no lo es, ¿cuál sería el problema y cuál es la solución que proponen? El problema, para ellos, está claro que es la divergencia de pareceres provocada por el pluralismo político. Y la solución que proponen es abolirlo: un decreto para sortearlo, despreciando e invadiendo el marco de competencias constitucionalmente establecido.

Con ello llegamos a la tercera lacra hereditaria de la izquierda, que es su querencia por la concentración del poder y por derribar todos los contrapesos que se le oponen. Lo estamos viendo en estas últimas semanas con los constantes ataques a la libertad de prensa y a la independencia del poder judicial y volvemos a verlo en esta nueva iniciativa que, a otra escala y en otro ámbito, apunta sin embargo en la misma dirección, que es la de sortear los contrafuegos, en este caso territoriales, que en una democracia liberal se resisten al absolutismo de Estado ejercido por un Gobierno despótico y omnipotente.

La reacción del Gobierno de España a cualquier tipo de oposición o crítica, dentro y fuera del arco parlamentario, es la de ver la forma de anularla y hacer por imposición lo que es incapaz de lograr por consenso.

Ni Castilla-La Mancha, ni Navarra, ni Asturias, comunidades donde no gobierna el PP, aplican la Ley de Vivienda que supuestamente ha despertado la cruzada de la derecha. En realidad, la razón por la que no la aplican, por la que solo la sigue una de las diecisiete comunidades españolas, es muy sencilla: es desastrosa.

Tan desastrosa que, aun sin ponerse en marcha, ya es mala, y ha contribuido a generar una inseguridad jurídica que está estrangulando el mercado de la vivienda. El año pasado hubo 17.000 delitos en España relacionados con la ocupación, pero Sumar insiste en que el problema no es de su cama, sino los huéspedes que tienen que dormir en ella.

España tiene un problema de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, pero su solución pasa por las medidas contrarias a las que propone este Gobierno: seguridad jurídica para todos y, en primer lugar, para los pequeños propietarios; disponibilidad de suelo, agilización burocrática, fiscalidad favorable para promotores e inversores, y avales y algunas ayudas públicas para los jóvenes como las que se están probando con éxito en Andalucía. En definitiva, libertad con correcciones, que es la fórmula del Estado social y democrático de derecho.

La fórmula del Estado del bienestar que la ultraizquierda quiere subvertir para hacer posible su poco edificante ideal de ocupación de las instituciones y el mercado, así como su vieja distopía de igualación de todos por el rasero de la desposesión y la miseria.

En el fondo todo se resume en eso. Sumar no quiere que España sea un país de jóvenes que progresan después de comprarse su propia vivienda y que con el paso del tiempo, y con el fruto de su trabajo, acaban convirtiéndose en pequeños propietarios de dos o tres viviendas que alquilan para ahorrar y vivir más tranquilamente de mayores. No, ese no es el modelo social de Sumar. Su modelo nos prefiere okupas y subvencionados.

Rafael Belmonte Gómez es diputado del PP por Sevilla en las Cortes Generales y vocal de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso