Una organización denuncia a Teresa Ribera ante Bruselas por el "ataque a la independencia judicial"

Las acusaciones de parcialidad que la semana pasada vertió la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, contra el juez Manuel García Castellon, que instruye la causa contra "Tsunami Democràtic" llegan a Bruselas. El presidente de la organización Impulso Ciudadano, José Domingo, ha denunciado "ataque a la independencia judicial" de la ministra de Transición ecológica a través de una carta dirigida al comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders.

"Hay algunas personas en el Poder Judicial con querencia a pronunciarse en una sola dirección" dijo la ministra sobre el juez García Castellón, que ve indicios para imputar un delito de terrorismo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a la dirigente de ERC Marta Rovira. La titular de Transición Ecológica señaló que el magistrado "nos tiene acostumbrados a que siempre se incline hacia esta misma dirección" y le atribuyó "una implicación política importante" que "suele salir a colación en momentos políticos sensibles". El Gobierno, posteriormente, reculó e intentó bajar la tensión sobre estas declaraciones. Pero en la Convención socialista celebrada el pasado fin de semana en La Coruña arropó a Teresa Ribera.

Frente a estos ataques, el el Poder Judicial en bloque salió en defensa del juez y de la independencia judicial, tanto las asociaciones de jueces como el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la misiva, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se hace referencia a la entrevista en RTVE de la vicepresidenta. La asociación señala que de su contenido "se desprende un claro señalamiento al juez instructor de la causa contra Carles Puigdemont" y destaca que este comportamiento es "completamente inadmisible en democracia" por parte de alguien que ocupa un alto cargo en el Ejecutivo español.

El texto pone en el punto de mira el contexto en el que se produjeron dichas declaraciones, "cuando se ha firmado un acuerdo entre el PSOE y Junts para investigar la actuación de los tribunales con relación a los implicados en los hechos de 2017 vinculados al intento de secesión de Cataluña", señala. Y concluye que con ello resulta evidente "que se pretende es una actuación punitiva contra los jueces", recordando las la portavoz de esa formación independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, afirmó que “toda esta gente pagará lo que ha hecho, y no solo los jueces”, citando declaraciones que recoge un periódico online Vilaweb el 29 de diciembre de 2023.

Para Impulso Ciudadano, estos no son hechos aislados, sino que forma parte de un "sistemático cuestionamiento de los tribunales que no es irrelevante". Por ello, también pone la atención sobre que en la reciente visita de una misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a Cataluña para conocer la exclusión del idioma español como lengua de aprendizaje y el incumplimiento de las decisiones judiciales en materia lingüística, algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña explicaron que estaban sometidos a "presiones" vulneraban la división de poderes, recuerda José Domingo en la carta.

"Nos encontramos ante una quiebra sistémica de principios esenciales del Estado de derecho", señala la misiva. En ella se indica que esta situación "requiere que actúen quienes tienen competencias para velar por el respeto a los principios democráticos en la Unión Europea", en clara alusión a que la Comisión Europea adopte decisiones para poner fin a estos hechos.

En el contenido de la carta, se señala que esta actuación se suma a los hechos puestos en conocimiento previamente de las autoridades europeas, como las críticas y cuestionamientos por parte de representantes del Gobierno central y del Ejecutivo catalán, algo que califican de "habitual". Para la asociación, este hecho es "incompatible" con las exigencias planteadas desde el Consejo de Europa sobre independencia judicial en 2010.

Este es el texto íntegro de la carta, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN:

"Apreciado Comisario Reynders,

De nuevo me dirijo a usted en mi calidad de presidente de “Impulso Ciudadano” para transmitirle información que entendemos relevante en relación a la situación del estado de derecho en España. Lamentablemente, esta información confirma los análisis que habíamos compartido con usted en anteriores comunicaciones, en nuestras contribuciones anuales al informe sobre el estado de derecho en España y en el informe, más extenso, que le hicimos llegar hace unos meses junto con “Foro de Profesores” y “Citizens pro Europe”.

En esta ocasión se trata, de nuevo, del ataque a la independencia judicial que protagonizan miembros del poder ejecutivo. Anteriormente, ya habíamos señalado que en España es habitual que miembros, tanto del gobierno de España como del gobierno autonómico catalán critiquen o cuestionen a los tribunales en una forma tal que es absolutamente incompatible con las exigencias de la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre independencia judicial del año 2010 a la que ya nos hemos referido en anteriores comunicaciones.

El pasado viernes, 19 de enero, tuvimos conocimiento de que la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Ribera, quien, en una entrevista televisiva (puede consultarse aquí: https://www.rtve.es/play/videos/la-hora-de-la-1/ribera-sobre-magistrado-garcia-castellon-tiene-querencia-pronunciarse-misma-direccion-momento-oportuno/15923246/), ante preguntas relativas a la decisión judicial de continuar investigando la implicación de Carles Puigdemont en delitos de terrorismo (a partir del minuto 7:15), indicó que estaban acostumbrados a que el juez que había dictado la decisión tenía “querencia” por pronunciarse siempre “en una misma dirección”, afirmando expresamente que tenía un “propósito político”. Ante la repregunta de la periodista sobre si la vicepresidenta daba a entender que al juez le guiaba un criterio político añadió que la hemeroteca mostraba que adoptaba las decisiones “en un momento particularmente oportuno”. Ante otra repregunta, sobre si acusaba al juez de ejercer lawfare no lo negó e indicó que los afectados podían tomar las decisiones que creyeran convenientes.

De la entrevista se desprende un claro señalamiento al juez instructor de la causa contra Carles Puigdemont, algo completamente inadmisible en democracia por parte de quien es vicepresidenta tercera del gobierno de España.

Hay que recordar, además, que estas declaraciones no se producen en el vacío, sino que se produce cuando se ha firmado un acuerdo entre el PSOE y Junts para investigar la actuación de los tribunales con relación a los implicados en los hechos de 2017 vinculados al intento de secesión de Cataluña. Que lo que se pretende es una actuación punitiva contra los jueces resulta evidente, tal como ha declarado la diputada en el Congreso de Junts, Míriam Nogueras, quien expresamente dijo que “Toda esta gente pagará lo que ha hecho, y no solo los jueces” (declaraciones publicadas en Vilaweb el 29 de diciembre de 2023, https://www.vilaweb.cat/noticies/miriam-nogueras-tota-aquesta-gent-pagara-el-que-ha-fet-i-no-nomes-els-jutges/).

No estamos hablando de hechos aislados, sino de un sistemático cuestionamiento de los tribunales que no es irrelevante. En este sentido, es necesario llamar la atención sobre que en la reciente visita de una misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a Cataluña en relación al tema de la exclusión del español como lengua de aprendizaje y el incumplimiento de las decisiones judiciales en materia lingüística, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña explicaron, tal y como se ha publicado en la prensa, que existían presiones sobre ellos desde el gobierno regional que dañaban la división de poderes.

Una actuación concurrente del gobierno regional catalán y del gobierno español sobre los jueces que se pronuncian en relación con temas sensibles para los nacionalistas no es una anécdota, sino que nos encontramos ante una quiebra sistémica de principios esenciales del estado de derecho que requiere que actúen quienes tienen competencias para velar por el respeto a los principios democráticos en la Unión Europea.

Confiando en que así sea, reciba un cordial saludo.

José Domingo Domingo

Presidente de Impulso Ciudadano"