Otegi, denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por seis secuestros y un asesinato de ETA

La Asociación Dignidad y Justicia ha denunciado Arnaldo Otegi ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusándole de participar en seis secuestros y un asesinato. El escrito se basa en las declaraciones de doce miembros de ETA, que señalaron al actual secretario de Bildu por haber participado bien como autor material o bien como responsable del Comando, señalando el objetivo y planificando dichos atentados.

La denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, adjunta las noticias publicadas en el periódico El Mundo los días 16 y 17 de octubre, en las que se indica que los doce terroristas inculparon a Otegi, alias "El Gordo", en nueve secuestros. Así mismo, lo identifican como quien dio la orden para asesinar a Juan de Dios Doval, político perteneciente a la UDC, además de haber participado en diversos atracos y un asalto a mano armada, unos hechos que se habrían consumado en un plazo de diez años, entre 1977 y 1987.

El escrito señala que no se sabe si estas acusaciones, realizadas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el momento de su detención, han sido confirmadas en las declaraciones judiciales posteriores. También recuerda que Otegi solo ha sido juzgado en tres de esos nueve secuestros: el de Luis Abaitua, por el que fue condenado a seis años de prisión, y por los de los políticos Gabriel Cisneros y Javier Rupérez, de los que resultó absuelto. De los seis secuestros restantes, dos fueron frustrados y otros dos los habría ordenado el propio Otegi, además de ordenar el asesinato de Doval el 31 de octubre de 1980, en San Sebastián.

En concreto, solicita la reapertura de todos los procedimientos para determinar la participación de Otegi en los secuestros de Antonio Zuldumbide y a su familia, el 22 de febrero de 1978; el de Pedro Luis Iturregi, el 11 de mayo de 1978; en el secuestro frustrado del director gerente de la empresa Alconza, de Berango, el 10 de junio de 1978; en el secuestro y extorsión de Javier Artiach, presidente del consejo de administración de Galletas Artiach y su hijo, el 25 de agosto de 1978; el asesinato de Juan de Dios Doval de Mateo, profesor de Derecho y político de UCD, el 31 de octubre de 1980; la tentativa de secuestro de José Casals Vidal, en San Sebastián, el 11 de enero de 1982; y el intento de secuestro de un industrial de San Sebastián, cuyo nombre no ha trascendido, el 7 de junio de 1983.

Según detalla el escrito de la Asociación Dignidad y Justicia, Otegi habría liderado dos comandos Elgoibar y Kalimotxo, y también habría dado estas órdenes en calidad de dirigente de ETA desde Francia. "En todos y cada uno de esos secuestros consumados o en grado de tentativa y en, al menos un asesinato, no ha sido investigada la participación de Arnaldo Otegi Mondragón y la determinación de su posible responsabilidad penal en los mismos", señala la denuncia.

Asimismo, indica que se desconoce si ha abonado la indemnización de 100 mil pesetas tras ser condenado por el asesinado de Luis Abaitua, ya que en su se declaró insolvente. "Es obvio que el mismo ha venido a mejor fortuna, siendo la acción para reclamar la responsabilidad civil derivada de delito imprescriptible", apunta el texto, que solicita el pago por parte del Estado como responsable civil subsidiario.

Los secuestros

En el primer secuestro atribuido en las declaraciones policiales al representante de Bildu fue el del directivo de Iberduero Antonio Zaldumbide y su familia, ocurrido a punta de pistola en su propia casa el 22 de febrero de 1978, que habría perpetrado junto a su compañera de comando, María Icíar Esnaola. El objetivo era acceder a las llaves de la central de la empresa en Éibar, donde querían colocar un explosivo, que finalmente no explosionó. El segundo ocurrió el 11 de mayo de 1978, cuando tras recibir la orden de José Ignacio Aramayo, secuestró a Pedro Luis Iturregi, director de la empresa Teyca, en Munguía, en Vizcaya. Se le retuvo a punta de pistola en la empresa y luego se lo llevaron a un lugar solitario donde le pegaron un tiro en la pierna. Además, se le exigió que pagara el denominado “impuesto revolucionario”. La participación de Otegi fue corroborada por hasta seis miembros de ETA, aunque se desconoce si también lo hicieron en las declaraciones judiciales.

Otro hecho fue el intento de secuestro el 10 de junio de 1978, contra el director gerente de Alconza, en la vizcaína localidad de Berango. El objetivo era llevarlo a un zulo, pero la protección policial que llevaba el directivo, que el mes anterior ya había sido ametrallado por otro comando de ETA militar, frustró la operación.

El 25 de agosto de ese año, según las declaraciones policiales, Otegi y su comando secuestraron a Javier Artiach, presidente de Galletas Artiach, y su hijo. Él mismo, junto con Ignacio Elorriaga, alias "El Canas", negociaron el rescate: otros dos miembros del comando escoltaron al empresario hasta un banco para que sacara el dinero, mientras que él y otros dos terroristas retuvieron a su hijo en el coche durante más de una hora. El empresario les entregó 9,5 millones de pesetas.

También le señalaron por ordenar el asesinato de Juan de Dios Doval de Mateo, profesor de Derecho de la Facultad de San Sebastián y político de UCD, el 31 de octubre de 1980 en Guipúzcoa. Tras salir de cada, dos terroristas le dispararon en su coche a cara descubierta. El autor material confeso fue José María Salegui, quien en su declaración policial señaló a Arnaldo Otegi como su responsable directo en la operación. Sin embargo, en 1982, Salegui fue absuelto al no ratificar judicialmente su declaración y no haber sido reconocido por la testigo presencial. Otegi no fue procesado por esta causa.

En el caso del armador retirado José Casals Vidal, el 11 de enero de 1982 dos terroristas llamaron a su domicilio en San Sebastián haciéndose pasar por testigos de Jehová, un secuestro frustrado tras un forcejeo que culminó con un disparo en el estómago del afectado. Esta operación también habría sido ordenada por Otegi, según los testimonios.

Por otra parte, se da cuenta de que en 1982, el ahora dirigente de Bildu habría ordenado a José Luis Artola Amenza, alias "Ortzi", que cometiera diferentes atentados en España. Un año después, en 1983, según él mismo declaró, hizo de enlace en el secuestro de un industrial sin identificar. En 1986, Artola reconoció su participación en estos hechos ante la Policía Nacional y reconoció a Otegi como su responsable y como la persona que ordenó realizar el secuestro, con los detalles de una nota de su puño y letra.

La denuncia da cuenta también de dos hechos por los que el político vasco ya ha sido juzgado. Por una parte, el secuestro de Luis Abaitua Palacios durante diez días en un zulo, el 19 de febrero de 1979, por el que Otegi fue condenado a seis años de prisión y una indemnización de 100 mil pesetas de manera conjunta con el otro condenado. En este caso, se reclama el abono de dicho importe al Estado, ya que el político se declaró insolvente en su momento.

También le atribuyen el secuestro frustrado el 3 de julio de 1979 en Madrid. En compañía de "El Bigotes" y otros tres integrantes del Comando Kalimotxo abordaron al diputado de UCD, Gabriel Cisneros, que logró zafarse. Entonces, le dispararon y huyeron, creyendo que lo habían matado. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió a Otegi por no haber quedado suficientemente acreditada su participación. Asimismo, fue absuelto del secuestro durante 31 días de Javier Ruipérez, entonces diputado de UCD y posteriormente del Partido Popular, ocurrido el 11 de noviembre de 1979.

Primero, investigar

Dignidad y Justicia pide la admisión a trámite a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, siguiendo las recomendaciones de las instituciones europeas a las autoridades judiciales españolas para la investigación de los crímenes cometidos por ETA en sus más de cincuenta años de historia, sin entrar a valorar con carácter previo si los hechos han prescritos o no.

Para ello, se basa en el informe de misión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo de 4 de marzo de 2022, que conmina a que los tribunales den primero respuesta a los afectados y sus familias para después, en la fase final, considerar si se aplica la prescripción.

Entre las diligencias, se piden actuaciones de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, a la Jefatura de Información de la Guardia Civil, al decanato de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, a la Dirección General de Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior y a la Oficina de Información y Asistencia de Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, a la Sección de Grafología y Documentoscopia del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Esto último, para determinar si la letra de la nota manuscrita con instrucciones para secuestrar corresponde a la del secretario general de EH Bildu.