Cinco son los meses de retraso que acumulan los funcionarios en el cobro de ese 0,5% de subida salarial correspondiente a 2024 y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a pagarles con carácter retroactivo en enero de este mismo año. O lo que es lo mismo, los agentes acumulan 17 meses de pago pendiente. Un pago que venía a "compensar" la pérdida adquisitiva provocada por la inflación y que no se hará efectivo hasta que se apruebe en el Consejo de Ministros, a través de un real decreto, y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Hay que recordar que esta subida está recogida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI para el periodo 2022-2024 y que está vinculada a la evolución del IPC armonizado. Sin embargo, pese a que debía haberse aplicado de forma retroactiva, aún sigue sin materializarse por la "inacción" del Ejecutivo. Porque la fórmula es bien sencilla y el Gobierno podría aplicar una subida sin más por decreto, como hizo apenas unas semanas con el personal militar.

En el caso de los policías nacionales y los guardias civiles, ese aumento salarial supondría entre 10 y 120 euros anuales, dependiendo del rango, la antigüedad y los complementos que cobren en ese momento. También habría que contar con otros conceptos como dietas y pagas extraordinarias. Sin embargo, este incremento está supeditado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y como ya anunció el presidente del Ejecutivo, el panorama no es muy optimista: si no hay presupuestos, se prorrogarán de nuevo. Por ello, la subida del 0,5% podría llegar a eternizarse por mucho que el ministro de Función Pública, Óscar López, se afane en reunirse con los sindicatos.

La actitud del Gobierno es "inaceptable"

Los distintos sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil consideran "inaceptable" que el Ejecutivo supedite las mejoras retributivas a la aprobación de los PGE, ya que deja a los agentes en una situación de "incertidumbre y vulnerabilidad". Una opinión compartida por la asociación de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), que ha ido un paso más allá para reclamar el cumplimiento de ese Acuerdo Marco y ha presentado un recurso ante el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños.

"Nos pondrán trabas e intentarán vetarnos en las negociaciones, pero no podrán impedirnos reclamar lo que corresponde a los trabajadores", aseguran desde este colectivo de funcionarios. Por este motivo, interponen un recurso ante el Gobierno para que cumpla la disposición de carácter general con rango de ley, que le obliga a subir ese 0,5% estipulado a los funcionarios. "No necesita otro acto de aplicación más que el acuerdo del Consejo de Ministros y su publicación en el BOE para ejecutar la prestación", señalan.

Y mandan un último mensaje al Ejecutivo de Sánchez: "Ese mandato al Gobierno no puede decaer porque no esté aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025, ya que regularía las retribuciones públicas para 2025, pero no las devengadas en el ejercicio anterior".

Marlaska ya se la jugó a 70.000 policías

Sin embargo, esta forma de actuar del Ejecutivo no es nueva. En febrero de 2024, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se la jugaba a miles de policías nacionales. Más de 70.000 agentes tenían que esperar al mes de abril para cobrar otro aumento del 0,5% en sus nóminas, pese a que el resto de funcionarios de este ministerio ya lo habían cobrado, incluidos los guardias civiles. ¿El motivo? Un "error de despacho".

Aunque el Boletín Oficial del Estado publicaba el 8 de febrero del año pasado la Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en la que se fijaban las instrucciones para el pago a los funcionarios del incremento retributivo del 0,5% vinculado a la evolución del PIB, este pago no se realizó en fecha y forma.

En concreto, la resolución no sólo establecía las cuantías adicionales correspondientes a los efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, si no que dejaba claro que, "salvo motivos técnicos", ese pago debía realizarse en febrero. Sobra decir que ni febrero ni marzo... la justificación esgrimida desde Interior fue que "en esa fecha ya estaban remitidos los expedientes de las nóminas a Hacienda para su fiscalización y que había que esperar". Sin embargo, el resto de funcionarios de Interior sí lo habían cobrado.