Casi dos meses después de que Carles Puigdemont apremiase al Tribunal Constitucional (TC) a dejar sin efecto con carácter urgente la orden de prisión que mantiene en vigor contra él el Tribunal Supremo (TS) –y que le impide regresar a España si no quiere ser detenido–, el Pleno de la institución que preside Cándido Conde-Pumpido abordará esta semana el recurso de amparo interpuesto por el líder independentista y su petición cautelarísima de dejar sin efecto esa orden del magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés».

Los magistrados estudiarán la ponencia elaborada al respecto por su compañera Laura Díez, que según confirman fuentes del tribunal se inclina por admitir a trámite el recurso de amparo y por abrir una pieza separada para estudiar esa solicitud de suspensión de las órdenes nacionales de detención y prisión que siguen vigentes tras la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación por el que está procesado el expresidente de la Generalitat.

En todo caso, la ponencia de Díez rechaza que la petición se tramite de forma cautelarísima –por la vía rápida y sin escuchar al resto de las partes del proceso, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, como pretendía el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye– y propone al Pleno que se abra una pieza separada para tramitar esa petición de suspensión, pero por la vía cautelar (es decir, tomando una decisión después de conocer las alegaciones de unos y otros).

Vuelta a España en el aire

Aunque no afectaría al fondo del asunto –discernir si al negarle la amnistía el Tribunal Supremo ha vulnerado derechos fundamentales del líder de Junts, como mantiene su defensa en el recurso de amparo–, una posible suspensión cautelar de la orden judicial de prisión (que fuentes del TC ven altamente improbable) supondría no solo un nuevo choque institucional con el alto tribunal, sino que permitiría a Puigdemont volver a España sin cortapisas. En un contexto en el que, a las puertas de la Diada, el presidente catalán, Salvador Illa, reclama ya abiertamente «una Cataluña con Puigdemont» para recuperar la «normalidad» política.

Fuentes de la corte de garantías señalan que la tramitación cautelarísima de la suspensión «no se va a conceder», porque de haberlo hecho el TC habría acordado la medida de forma inmediata tras recibir la petición del líder independentista, que formalizó su recurso de amparo ante el Constitucional el pasado 17 de julio.

Recusaciones a la vista

La consecuencia inmediata es que la resolución del TC se hará esperar. Y más teniendo en cuenta que, una vez admitido a trámite su recurso de amparo, Puigdemont tiene intención de recusar a varios magistrados cuya apariencia de imparcialidad pone en entredicho (no solo él, pues Vox ya ha recusado a Conde-Pumpido en otros recursos de amparo y hará lo mismo en este, y se da por seguro que la Abogacía del Estado recuse al magistrado José María Macías).

Este hecho obligará al Pleno a dirimir antes esas recusaciones para no contaminar sus decisiones, por lo que deberá abrir el correspondiente incidente de recusación (salvo que rechace de plano esas pretensiones) y pronunciarse al respecto. Una decisión que determinará qué magistrados analizan y deciden finalmente sobre la suspensión cautelar de su orden de prisión y, en definitiva, sobre su recurso de amparo.

En ese recurso, el abogado de Puigdemont se queja de que mantener en vigor la orden de detención impide a Puigdemont «la posibilidad de regresar a territorio español, exponiéndolo a una privación de libertad arbitraria y, así, impidiéndole ejercer sus derechos de representación política en plenitud». Para Boye, esa decisión pervierte «la voluntad popular expresada en las urnas» (el expresident fue elegido diputado del Parlament en los últimos comicios autonómicos), que resulta así «anulada de facto por una orden judicial», lo que –se queja– «supone una interferencia intolerable en el principio de representación parlamentaria».

Junqueras, también a la espera

La defensa de Puigdemont enmarca la orden de arresto «en un contexto en el que el legislador ha expresado su voluntad de extinguir la responsabilidad penal mediante una norma», la Ley de Amnistía, «cuya constitucionalidad ha sido ya confirmada» (en referencia precisamente al polémico aval del TC a la constitucionalidad de la norma). De ahí que califique la medida de «desproporcionada» y de «constitucionalmente inadmisible».

Su abogado cuestiona que «una interpretación extensiva, voluntarista y sin anclaje legal de una excepción a la amnistía» puede legitimar lo que considera «restricción de derechos fundamentales» como la libertad personal y de circulación por todo el territorio de la Unión Europea.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, también está pendiente de la decisión del TC sobre la negativa a amnistiar el delito de malversación por el que fue condenado (que le mantiene inhabilitado hasta 2031 para ser candidato en unas elecciones). Junqueras lleva ventaja a Puigdemont, porque su recurso de amparo se admitió a trámite el pasado febrero (junto a los de los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa), pero no será hasta ahora cuando su petición de suspensión de la medida llegue al Pleno. También, como en el caso del líder de Junts, condicionada por las recusaciones.