Miles de jueces y fiscales provenientes de toda España se han dado cita este sábado a las puertas del Tribunal Supremo para protestar contra las reformas legislativas del Gobierno. Tres de las cuatro asociaciones de jueces y dos asociaciones de fiscales convocaron este paro en la antesala a la huelga de tres días prevista para la semana que viene por dos leyes en las que trabaja Moncloa que modifican el acceso a la carrera y que dan la instrucción de la causa a los fiscales. Los convocantes, que hablan de una participación superior a las 5.000 personas, han leído un manifiesto en el que han pedido al Gobierno que "saque sus manos de la judicatura" para proteger el Estado de Derecho.

"La existencia de un Poder Judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía verdaderamente imparcial y libre de injerencias políticas, una Fiscalía del Estado, no del Gobierno", reza el manifiesto leído durante la concentración y que lleva por título "Sin Estado de Derecho no hay Democracia". Los jueces han defendido que las reformas que ahora quiere sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez, junto con otras aprobadas bajo su mandato, "van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula y más maleable a las presiones mediáticas y el poder político", denuncian.

La concentración ha contado con un apoyo masivo de miembros de la carrera judicial y fiscal que han viajado de todas partes de España para sumarse a la convocatoria. Durante el acto se han escuchado consignas en favor de la independencia judicial y del Estado de Derecho. Entre los asistentes se encontraban la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y juez decana de Madrid, María Jesús del Barco; el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva; y el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, además de la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus; y del presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés.

Cánticos en defensa de la independencia judicial

Las asociaciones convocaron este paro junto con la huelga los días 1,2 y 3 de julio bajo un único reclamo: que el Gobierno retire el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. En su convocatoria dejaron claro que la manifestación es "estrictamente institucional al margen de cualquier adscripción partidista" y está abierta "para todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía". De hecho, en un momento dado y ante la presencia de ciudadanos que han proferido insultos a Pedro Sánchez, Oliva ha tomado la palabra para advertir que el que insulta "se define" a sí mismo y que ninguno de los miembros de la carrera judicial presente en la protesta iban a actuar en ese sentido.

María Jesús del Barco, encargada de leer el manifiesto junto con Fernando Portillo, ha reivindicado que la "independencia judicial es clave para hablar de una democracia real". En relación con el proyecto para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, la también juez decana de Madrid ha especificado que "no responde a demanda social alguna" y que, además, se está tramitando por vía de urgencia "sin ninguna razón para ello". Esta modificación legal, sobre la que el CGPJ mostró sus dudas esta semana en un pronunciamiento unánime, elimina el modelo de oposiciones vigente hasta el momento y prevé el acceso a la carrera a través de convocatorias de plazas a través del llamado "cuarto turno".

"Va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación, a la vez que introduce pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración. Asimismo, pretende meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces. Por otro lado, y esto es bastante grave, pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, esto es, el poder ejecutivo interviniendo en la selección de los miembros del poder judicial, con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país", ha apuntado Del Barco. En ese sentido ha advertido que se crea una carrera de dos velocidades puesto que a la vía "ardua y de acceso" de las oposiciones, se sumará "otra más sencilla para que la transiten aquellos a quienes le interese en cada momento al poder político".

El mando de la UCO, a los fiscales

En relación con el segundo anteproyecto, Del Barco ha advertido que se busca dar la instrucción de los procedimientos a los fiscales sin garantizar previamente la independencia de fiscal instructor. "Se quiere aumentar el poder del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo.

"Se pretenden eliminar las garantías de autonomía de los fiscales, reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes. Fiscales a los que, en estas condiciones, se les quiere dar dos cosas: el mando de la policía judicial (UCO y UDYCO incluidas) y la investigación de los delitos, en sustitución de los jueces de instrucción. Ojo, nadie duda de la alta capacitación y de la profesionalidad de los fiscales españoles, lo que cuestionamos es el sistema en el que se pretende que ejerzan su trabajo, un sistema que, tal y como se quiere diseñar, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas que interesan a cualquier Gobierno, que son las causas de corrupción", ha advertido la presidenta de la asociación mayoritaria de jueces.

Al hilo, ha recordado que estas reformas tienen lugar en un ambiente de "continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito al a Fiscalía", que minan la confianza de los ciudadanos en la carrera y que ofrecen una imagen de la Fiscalía como un "apéndice del Gobierno". Por todo ello han dejado patente que, si no se cumplen sus reivindicaciones, mantendrán la huelga convocada para los próximos 1,2 y 3 de julio. Los convocantes informaron de la misma a su órgano de gobierno, el CGPJ, si bien éste respondió que no podía garantizar los servicios mínimos para esas tres jornadas porque este derecho no tiene sustento legal.