La crónica
Puigdemont cuestiona a Sánchez, pero negocia con él
Siguen las conversaciones por el techo de gasto, la conversión del gravamen a la banca y a las energéticas en impuestos y el tanteo de los Presupuestos
Moncloa negocia ya a tres manos con sus socios de investidura para sacar adelante el techo de gasto antes de que termine el mes de octubre. Pero también tiene ya conversaciones abiertas sobre los Presupuestos, en las que están participando todos los partidos que facilitaron la formación del nuevo Gobierno de coalición. Y ahí está el PNV, y también Junts, aunque este último siga instalado en un discurso de confrontación absoluta con Pedro Sánchez. Entre máquinas, los socios son receptivos con la posibilidad de que acabe aprobándose un nuevo techo de gasto más expansivo, acorde con la exigencia de Junts en esta materia.
Esta cesión permitirá a los de Carles Puigdemont presentarse en Cataluña con la medalla en el pecho de ser los responsables del dinero extra que llega a la Generalitat, aunque es un triunfo de escaso recorrido: el punto débil para Junts es que saquen ya lo que saquen de Madrid, será el socialista Salvador Illa el que se ocupe de gestionarlo. Y Moncloa lo sabe, y no le importa seguirle el baile al ex presidente catalán. La ampliación del techo de gasto es un instrumento político que también usará Moncloa para intentar poner en problemas a los presidentes autonómicos del PP por la vía de tentarles hacia la división, frente a la posición común que fija Génova, y echándoles encima el peso de la acusación de que rechazan dinero que podría redundar en beneficio de los servicios públicos de sus ciudadanos. Hacienda última el ajuste de números al alza para atender una de las últimas exigencias de Puigdemont y, conforme a su esquema de trabajo, «descolocar a los presidentes del PP». Al ex presidente de la Generalitat ya le han trasladado que el nuevo proyecto de techo de gasto tendrá un tope de déficit mucho más favorable para las comunidades y los ayuntamientos.
En tanto que Puigdemont sigue por culpa de la Amnistía en manos del Gobierno, del Tribunal Constitucional, para ser más exactos, los socios trabajan tomando como referencia la idea de que habrá legislatura «hasta que Sánchez quiera», por lo que cada uno está echando cuentas de qué puede llegar a sacar de Madrid en estos próximos años. Debajo de la inflamación nacionalista e independentista lo que se mueve son inversiones, infraestructuras y competencias, en un proceso de vaciamiento del Estado, en contenido y financiación, que redunda en una mayor diferencia de estatus entre las comunidades con partidos independentistas y el resto de autonomías. Además, las amenazas continuas del ex presidente de la Generalitat han dejado de hacer efecto en Moncloa y en los otros socios de investidura. El viaje de ida y vuelta del verano tocó duramente a su credibilidad dentro del grupo de investidura, y hoy en día todos están convencidos de que continuará haciendo mucho ruido, pero no golpeará donde realmente le podría doler al presidente del Gobierno porque «tiene miedo del Constitucional», máximo garante de la Carta Magna y del que depende el destino final de la Ley de Amnistía y de Puigdemont.
De momento, Junts sigue sentado en la mesa, a pesar de que sabe que no conseguirá ni que en Europa se hable catalán ni que se acelere la aplicación de la Ley de la Amnistía. Como tampoco un cambio en el modelo de financiación de Cataluña, por su complejidad técnica y la falta de apoyos parlamentarios. Y, a pesar de todo ello, parecen dispuestos a negociar el techo de gasto y también unos Presupuestos, sin prejuzgar cómo acabará esa negociación.
En la negociación con los socios también está ya sobre la mesa la conversión en impuestos de los gravámenes a la banca y a las energéticas, con los sectores afectados metiendo presión para que se atienda alguna de sus exigencias en la tramitación parlamentaria. La vía para afrontar este reforma impositiva es la transposición de la directiva sobre fiscalidad. Según fuentes del Gobierno, también hay avances en la cesión de competencias a la Generalitat, otra de las exigencias de Junts. El congreso de Junts no será un paso hacia la moderación, como sigue defendiendo el Gobierno sino otra vuelta de tuerca a las existencias independentistas. Es la oportunidad que ven dentro de Junts para librarse de Laura Borras, pero los dos peones fundamentales de la estrategia de Puigdemont, Jordi Turull y Josep Rull, seguirán al mando. Este cónclave es el proceso por el que quieren constituirse en partido y a Puigdemont le reservan un sitio. Pero el Gobierno puede ir olvidándose de que éste sea el salto hacia una moderación que les lleve a ser una copia de la antigua Convergencia. Aquello fue una etapa del pasado que chirría incluso entre los que hoy se dicen más moderados.
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