Sánchez cierra la legislatura como el presidente más débil de la democracia: una Ley cada 13 días

Pedro Sánchez ha cumplido cinco años como presidente del Gobierno y ha celebrado el aniversario con una convocatoria adelantada de elecciones, síntoma de su debilidad, una constante a lo largo de su trayectoria política tanto como líder del PSOE como al frente de la Moncloa. Los datos tampoco engañan, a pesar de que trate de reivindicar y sacar músculo por su obra legislativa desde 2018: ahora mismo, es el presidente que menos leyes ha aprobado desde que regresó la democracia (junio 1977) a España.

Desde que llegó a la Moncloa el 2 de junio de 2018, Sánchez ha aprobado una media de una ley cada 13 días, muy lejos de las cifras de Felipe González (7,2 días), José María Aznar (7) o el propio José Luis Rodríguez Zapatero (9,1). Las dificultades para aprobar leyes del Gobierno han sido más que evidentes a lo largo de la legislatura ya que se ha entregado a los partidos independentistas, que han generado mucha inestabilidad por sus permanentes giros y por sus exigentes demandas.

En total, Sánchez lleva aprobadas 140 leyes en 1825 días en el cargo (41 de esas leyes son orgánicas, que requieren una mayoría absoluta), superando tan solo los registros de Leopoldo Calvo-Sotelo (124 leyes), que estuvo mucho menos tiempo en el poder (644 días). Y no solo es el balance cuantitativo lo que determina la debilidad de Sánchez, sino también el balance cualitativo, ya que ha dejado muchos errores a la hora de legislar y ha tenido que hacer numerosas cesiones adoptando medidas contraproducentes.

En este sentido, el principal traspié se produjo con la reforma del Código Penal que incluía la Ley de Libertad Sexual (conocida como Ley del «solo sí es sí»), que ha supuesto un goteo de excarcelaciones y rebajas de penas para agresores sexuales. Finalmente, ha quedado subsanado, aunque el PSOE lo ha conseguido gracias a la colaboración del PP porque Podemos se negó. Además, han aparecido otros errores jurídicos importantes, aunque han resonado menos, como el plazo de prescripción de los delitos «contra la libertad» de los menores (Ley Rhodes), ya que establecía dos fechas distintas en la misma norma (indicaba que el plazo empezaba a contar a partir de los 18 y a partir de los 35).

No solo los errores legislativos han marcado las leyes durante esta legislatura: también los contenidos. Seguramente, la reforma del Código Penal para derogar el delito de la sedición y rebajar la malversación ha sido la más icónica, porque, según han advertido muchos, deja indefenso al Estado ante nuevos desafíos del independentismo y porque Europa también ha enviado una alerta contra esa reforma por la posibilidad de que sea un agujero para la corrupción en pleno despliegue de los fondos europeos. Si bien, también han sido características de esta legislatura las leyes contra las compañías energéticas, bancos y grandes fortunas (con la creación de un impuesto extra) y contra los propietarios de vivienda al permitir el tope de los alquileres. Todas estas polémicas leyes han venido arrastradas por exigencias de los socios de investidura, a los que Sánchez no ha dudado en complacer pese a los efectos contraproducentes que pueden tener (ya están teniendo consecuencias, como la marcha de Ferrovial).

Ante los problemas para la producción de leyes por la debilidad en el Congreso, Sánchez ha recurrido a los decretos, un mecanismo mucho más sencillo para legislar. El Gobierno elabora el decreto a su medida y luego debe recibir el aval del Congreso en un plazo de 30 días, aunque los grupos parlamentarios no tienen más remedio que apoyarlos porque suelen contener medidas de mucho impacto social (sobre todo, durante la pandemia o con la guerra de Ucrania), lo que hace muy complicado que acaben tumbados. Con los decretos, el Gobierno se ahorra todos los trámites parlamentarios, que suelen acarrear muchas complicaciones y desgaste cuando se está en una posición tan débil.

De hecho, muchos de esos decretos, los socios los aprueban bajo la condición de que luego se tramiten como proyecto de ley para introducir correcciones, pero el Gobierno suele incumplir: de las 60 leyes impulsadas por Moncloa que se han quedado sin aprobar por el cierre de la legislatura, más de la mitad proceden de decretos, según datos del Congreso.

A través de decretos, el Gobierno también ha colado muchas de sus medidas «estrella», como la excepción ibérica para reducir los precios de la luz a los consumidores del mercado regulado; gran parte de las reformas de las pensiones; o, la reforma laboral. En este sentido, ahora mismo es el presidente del Gobierno que más ha recurrido a los decretos: ha aprobado uno cada 14,3 días. Es decir, dos al mes. Y, en términos absolutos, si convalida el decreto con medidas contra la sequía que está previsto votarse este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso, se convertirá en el segundo presidente que más iniciativas de este tipo ha usado.